El rechazo a Milei crece en las calles a pesar de la represión: los jubilados lideran la resistencia 

Una protesta masiva en Buenos Aires desafía la violencia policial y denuncia el ajuste neoliberal

Miles de jubilados y jubiladas salieron este miércoles a las calles de Buenos Aires para exigir el aumento de las pensiones, el mantenimiento de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional. La manifestación, que comenzó en las inmediaciones del Parlamento argentino a las 17.30 horas (20.30 GMT), reunió también a docentes universitarios, sindicatos y organizaciones sociales, que desplegaron banderas y carteles en apoyo a las demandas de las personas mayores.

La protesta fue una respuesta directa a la política de ajuste brutal impulsada por el presidente Javier Milei, que desde su llegada al poder en 2023 ha aplicado recortes drásticos en las pensiones y en el sistema de seguridad social. Los y las jubiladas denuncian que, mientras los precios de los alimentos y los medicamentos se disparan, las pensiones se mantienen congeladas o apenas suben por debajo de la inflación.

«Cuando trabajaba me alcanzaba para vivir, ahora que estoy jubilada no», denunció Mónica, una de las manifestantes. «Tengo un trabajo extra para mantenerme. Pero no vengo por mí, vengo por todos los jubilados que no pueden venir». Su testimonio refleja la situación de precariedad que atraviesan millones de jubilados en Argentina, que ven cómo sus ingresos se diluyen en un contexto de inflación descontrolada y políticas de austeridad.

El ambiente de la manifestación fue tenso desde el inicio. El gobierno de Milei desplegó un operativo de 2.000 policías, rodeó el Congreso con vallas y bloqueó las calles adyacentes. Las estaciones de metro cercanas fueron cerradas y los autobuses desviados para dificultar la llegada de los manifestantes. Además, en las estaciones de tren se difundían advertencias inquietantes: «Protesta no es violencia. La policía va a reprimir todo atentado contra la República».

La estrategia de Milei es clara: criminalizar la protesta y sembrar el miedo para desactivar cualquier resistencia a su política de ajuste. Pero la respuesta en las calles ha sido contundente. Las y los jubilados, acompañados por sectores sindicales y sociales, han demostrado que no están dispuestos a aceptar el desmantelamiento del sistema de protección social sin plantar cara.

UNA REPRESIÓN ORQUESTADA Y UNA JUSTICIA AL SERVICIO DEL GOBIERNO

La manifestación de este miércoles tuvo lugar solo una semana después de la brutal represión policial desatada contra otra protesta de jubilados en Buenos Aires, que terminó con 124 personas detenidas y 46 heridos, entre ellos el fotógrafo Pablo Grillo, que sigue en estado grave. Aquella jornada fue el mayor acto de violencia policial desde que Milei asumió el poder.

«La gota que rebalsó el vaso fue la represión del miércoles pasado», afirmó Mónica, recordando las imágenes de agentes golpeando a jubilados y lanzando gases lacrimógenos en las inmediaciones del Congreso. «Pegarle a un jubilado no era necesario».

El gobierno de Milei, lejos de retroceder, ha redoblado la apuesta. El martes, el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich pidió la detención de 29 personas que participaron en la protesta de la semana pasada, les prohibió el acceso a los estadios de fútbol y ofreció una recompensa de diez millones de pesos para quienes aporten datos que permitan identificar a quienes considera responsables de los «disturbios».

Este clima de persecución se complementa con un blindaje mediático y judicial. Mientras la policía golpeaba a los jubilados en la calle, en el Congreso se debatía un decreto firmado por Milei para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implicará nuevos recortes en el gasto social y un aumento en el pago de la deuda externa.

La represión, sin embargo, no ha desmovilizado a los sectores populares. La exigencia es clara: la renuncia de Patricia Bullrich, el aumento de las pensiones para que no sigan perdiendo poder adquisitivo, la restitución de la cobertura de medicamentos y la continuidad de la moratoria previsional que permite a personas sin los aportes necesarios recibir una pensión. La moratoria vence a finales de marzo, y Milei ya ha dejado claro que no la renovará.

El gobierno argentino ha convertido la represión en una herramienta política para imponer su programa de ajuste. Pero en las calles de Buenos Aires, las y los jubilados han demostrado que no tienen intención de rendirse.