Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
Desde la segunda mitad del siglo XX, los estudios sobre responsabilidad social empresarial han puesto de relieve la importancia de los problemas ambientales, sociales y de buen gobierno. En consecuencia, estos criterios (en inglés, environmental, social and governance, ESG) empezaron a ser incluidos de forma progresiva en los análisis financieros de las empresas.
Las estrategias de inversión ESG implican desde la eliminación de sectores éticamente cuestionables hasta la búsqueda de resultados sociales y medioambientales positivos. Los inversores pueden excluir empresas que hayan infringido gravemente la legislación laboral. También pueden reconocer la presencia de las compañías en los rankings de sostenibilidad que valoran, por ejemplo, las bajas emisiones en carbono. Pero también pueden hacerlo en función de las circunstancias del mercado. Es decir, de una forma no suficientemente sistemática.
Declaraciones de buenas intenciones
Conscientes de las fracturas que ha generado históricamente el sistema económico, y bajo el impulso de un complejo y multilateral organigrama institucional, se han elaborado diversas declaraciones de buenas intenciones.
Desde 1978, la Business Roundtable –asociación de líderes empresariales estadounidenses– ha defendido siempre la primacía del accionista. Pero en 2019, dicha asociación elaboró una nueva declaración sobre el propósito de las empresas: “a new Statement on the Purpose of a Corporation”. En ella se estableció un nuevo compromiso para dirigir las empresas en beneficio de todos.
En este comunicado, 181 directores generales defendieron el compromiso para transformar las relaciones con todos los grupos de interés: clientes, empleados, proveedores, comunidades y accionistas.
Es cierto que los directores generales trabajan para generar beneficios y devolver valor a los accionistas. Pero las compañías que ponen al cliente en primer lugar e invierten en sus empleados y comunidades parecen estar mejor gestionadas. Y eso garantiza el valor a largo plazo. Ahora el gobierno corporativo declara nuevos principios. Son, entre otros, el fomento de la diversidad, la inclusión, el trato justo y ético con los proveedores y el respeto a las comunidades.
¿Compromiso ambiental o greenwashing?
En una línea parecida, BlackRock –la mayor gestora de activos del mundo– ha defendido que los criterios ESG forman parte integral de sus operaciones. Las dimensiones ambiental, social y de gobernanza pueden contribuir al análisis financiero y a la inversión racional. El interés de una empresa por gestionar adecuadamente los riesgos ESG es una señal de compromiso con el largo plazo. Es decir, de sostenibilidad.
Para BlackRock, las empresas que gestionan bien los riesgos ESG se adaptan rápidamente a los cambios en los requerimientos sociales y ambientales. Son capaces de enfrentarse mejor a los nuevos reglamentos, minimizando el posible daño a su reputación.
Pero el CEO de BlackRock, Larry Fink, ha sido acusado de greenwashing o lavado verde. El lavado verde es una estrategia de legitimación que se produce cuando las empresas emiten voluntariamente informes de sostenibilidad para promover la impresión de tener valores sociales y medioambientales legítimos.
Bluebell Capital Partners –una firma de inversión activista británica– ha pedido la dimisión de Fink por hipocresía en los criterios ESG. ¿Por qué? BlackRock sigue siendo uno de los principales accionistas de empresas como Glencore y las mineras intensivas en carbón Exxaro, Peabody y Whitehaven.
Para Giuseppe Bivona, codirector de inversiones de BlueBell, “cuando el precio del carbón era de alrededor de 76 dólares por tonelada, BlackRock estaba hablando esencialmente de desinvertir. Ahora que el precio del carbón es de 380 dólares por tonelada, está hablando de propiedad responsable. Creo que hay una alta correlación entre la estrategia de BlackRock sobre el carbón y el precio del carbón”.
La nueva directiva europea de sostenibilidad
El 10 de noviembre de 2022, el Parlamento Europeo aprobó la propuesta de Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad. Esta norma pretende mejorar la rendición de cuentas de las empresas al obligarlas a informar regularmente sobre el efecto de su actividad en las personas y el medio ambiente.
La nueva directiva europea de sostenibilidad, aprobada por el Consejo el 28 de noviembre, está generando una gran expectativa. Implica que las compañías deben adaptarse a los cambios legislativos.
Muchas empresas han elaborado de forma voluntaria políticas de sostenibilidad, adelantándose a los reglamentos. Pero esta nueva directiva puede ser más ambiciosa. Recoge obligaciones más detalladas, que llevarán a las compañías a elaborar un exhaustivo mapa de riesgos, tanto en derechos humanos como en materia de emisiones. De no hacerlo, los afectados por las infracciones podrían exigir responsabilidades en forma de indemnizaciones o multas.
La diligencia debida de las empresas
El 23 de febrero de 2022 se publicó la nueva propuesta de Directiva sobre diligencia debida de la Comisión Europea. La diligencia debida es el esfuerzo razonable que se espera de una compañía para prevenir e identificar posibles riesgos en materias ambientales, sociales y de buen gobierno. Esta Directiva busca dar un paso adelante para homogeneizar los requerimientos de diligencia debida entre las compañías de los Estados miembros.
La diligencia debida tiene un impacto importante en las cadenas de suministro de las compañías. El incumplimiento de los criterios ESG puede implicar la rescisión de los contratos con aquellos proveedores que no cumplan con la política de sostenibilidad o la pongan en riesgo. La responsabilidad social de las empresas deja de estar en manos de las buenas intenciones y pasa a someterse a los requerimientos legislativos. Es decir, la sustitución de la buena voluntad por las exigencias legales.
Dichas exigencias conllevan la aplicación de importantes herramientas de evaluación, supervisión, mitigación de riesgos y corrección de potenciales efectos negativos sobre las personas y el medioambiente. Sin embargo, parece que tales exigencias han quedado debilitadas o descafeinadas por deficiencias “que corren el riesgo de impedir que la directiva logre el impacto positivo que las personas, el planeta y el clima necesitan urgentemente”.
Más de 100 organizaciones de la sociedad civil temen la ausencia de las exigencias ciudadanas. Estas obligarían a las empresas a cartografiar con mayor precisión su cadena de valor, ahora cadena de actividades. De no hacerlo, quedarían sin supervisión aquellos puntos de la cadena donde se producen los daños más graves.
En la actualidad, el Parlamento está desarrollando su postura, que debería adoptarse en la primavera de 2023. A continuación, el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión entablarán negociaciones finales para adoptar la ley.
Las instituciones europeas ofrecen una esperanza regulatoria para ir más allá de decálogos de buenas intenciones y atractivos comunicados. Sin embargo, es razonable temer que la búsqueda de la competitividad en un escenario convulso vulnere la rendición de cuentas y el compromiso con los derechos humanos y el medio ambiente.
Joaquín Fernández Mateo no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Related posts
SÍGUENOS
Más de medio millón de personas ya han visto nuestro vídeo sobre cómo los centros de datos de la IA nos están dejando sin agua
Más de medio millón de personas han visto ya nuestro vídeo sobre el verdadero coste de los centros de datos de la inteligencia artificial. Más de medio millón. Y no lo han visto porque el asunto sea una curiosidad tecnológica ni porque les interese saber cómo funciona un servidor. Lo han visto porque cada vez más gente entiende que esa cosa aparentemente abstracta llamada IA tiene una existencia muy física: edificios gigantescos, subestaciones eléctricas, tuberías, kilómetros de cableado y millones de litros de agua desapareciendo dentro de sistemas de refrigeración.
La respuesta al vídeo confirma algo que las grandes tecnológicas preferirían seguir escondiendo detrás de anuncios llenos de palabras como innovación, progreso y futuro. La preocupación es real. La gente sabe que no estamos hablando de una nube mágica flotando sobre nuestras cabezas, sino de una industria pesada que quiere apropiarse de recursos públicos para alimentar negocios privados. Y quiere hacerlo deprisa, antes de que las comunidades entiendan qué les están plantando al lado de casa.
Nuestro vídeo reúne las advertencias de Erin Brockovich, la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, un exboxeador estadounidense, Alexandria Ocasio-Cortez y Naciones Unidas. Personas con trayectorias, ideologías y responsabilidades muy distintas. Todas están mirando hacia el mismo lugar. Todas están viendo cómo la expansión descontrolada de los centros de datos amenaza el agua, dispara el consumo eléctrico y concentra todavía más poder en manos de un puñado de corporaciones.
Xbox despide a 3.200 personas: el riesgo era de los jefes, la factura es de la plantilla
Xbox acaba de confirmar la mayor reestructuración de su historia. El 6 de julio, Asha Sharma comunicó a la plantilla que la división reducirá aproximadamente 3.200 puestos durante el año fiscal 2027, con 1.600 despidos inmediatos y cuatro estudios saliendo de Xbox hacia nueva gestión. Microsoft, en paralelo, recorta unos 4.800 empleos en total, alrededor del 2% de su plantilla global. No es una anécdota. Es una purga empresarial envuelta en lenguaje de consultora.
La frase oficial es casi una confesión: “nuestro negocio hoy no es saludable”. La dirección reconoce márgenes entre 3 y 10 veces inferiores a los de negocios comparables, una base instalada menor, costes más altos y una apuesta por Game Pass, el modelo multiplataforma y una cartera más amplia de contenidos que “no creció al ritmo esperado”. Dicho sin barniz corporativo: los jefes imaginaron una máquina de crecimiento infinito, compraron estudios, multiplicaron equipos, alargaron inversiones y ahora explican que se equivocaron. Pero quienes salen por la puerta no son quienes vendieron la fantasía. Son trabajadoras y trabajadores que hicieron exactamente lo que les dijeron.
Sony quiere matar el disco: juegos digitales para ricos y propiedad de mentira
Sony ya ha puesto fecha al entierro del formato físico. En su propia web de PlayStation avisa de que, desde enero de 2028, los nuevos juegos lanzados para PlayStation se podrán comprar en PlayStation Store y en tiendas, pero solo en formato digital. Los discos de juegos publicados antes de esa fecha seguirán funcionando, sí. Ese matiz importa. Pero el camino está marcado: el futuro que Sony quiere vender no cabe en una estantería, cabe en una cuenta, en una contraseña, en un servidor y en unas condiciones de uso que casi nadie lee porque están escritas precisamente para que casi nadie las lea.
La compañía lo presenta como adaptación al consumo. Reuters informó el 1 de julio de que Sony dejará de producir discos físicos para los nuevos lanzamientos de PlayStation desde enero de 2028, en un giro que llega después de que cerca del 80% de sus ventas completas de juegos en el año fiscal 2025 fueran digitales. La cifra parece aplastante. Lo digital ya domina. Pero una cosa es que millones de personas compren digital porque es cómodo, porque hay rebajas puntuales o porque las empresas empujan el mercado hacia ahí; otra muy distinta es convertir esa tendencia en una jaula.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir