La conspiración que nunca existió: la persecución a Ayuso es desmontada por la Justicia 

Las pruebas judiciales y los testimonios fiscales desmoronan las acusaciones de persecución política esgrimidas por la presidenta de Madrid.

LOS FISCALES Y LAS PRUEBAS: UNA HISTORIA SIN CONSPIRACIÓN

Isabel Díaz Ayuso construyó una narrativa de victimización política desde el mismo momento en que eldiario.es destapó que la Fiscalía había denunciado a su pareja, Alberto González Amador, por un fraude fiscal millonario. Ayuso y su entorno intentaron señalar una “trama del Estado” contra su figura, pero las declaraciones de los fiscales y las pruebas documentales desmienten su discurso.

Los fiscales Julián Salto y Almudena Lastra, implicados directamente en la causa, testificaron en el Tribunal Supremo que no sabían quién era González Amador hasta después de que el caso estuviera en manos judiciales. Salto explicó que las diligencias comenzaron en enero de 2024 y que presentó la denuncia en marzo, sin conocer que el empresario estaba vinculado sentimentalmente a la presidenta madrileña. Fue días después de la denuncia cuando se informó de esta relación.

Por otro lado, los correos y mensajes intervenidos por la Guardia Civil refuerzan esta versión. La Unidad Central Operativa (UCO) reveló que la causa no llegó a la cúpula de la Fiscalía hasta dos meses después de la apertura de diligencias, invalidando cualquier teoría de conspiración política previa.

LOS INTERESES OCULTOS Y LAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS

La estrategia de Ayuso y su jefe de gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, no solo se centró en sembrar dudas sobre la investigación, sino también en manipular los hechos para defender lo indefendible. Cuando se supo que la Fiscalía acusaba a González Amador de usar facturas falsas para evadir 350.000 euros, el relato oficial intentó desviar la atención, asegurando que era Hacienda quien debía dinero al empresario.

Sin embargo, la documentación judicial habla claro. La Agencia Tributaria detectó irregularidades flagrantes en las declaraciones del empresario durante 2020 y 2021, años marcados por contratos millonarios derivados de la pandemia. Mientras González Amador ingresaba cifras desorbitadas gracias a encargos del gigante sanitario Quirón, reducía artificialmente sus beneficios y, por ende, sus obligaciones fiscales.

La defensa legal de González Amador tampoco ayudó a sostener el relato de inocencia. Durante el proceso, su abogado admitió en varias ocasiones los delitos en busca de pactos para reducir las consecuencias penales. Estos intentos incluyeron propuestas de pago y aceptación de penas de cárcel menores a cambio de evitar un juicio mediático, contradiciendo abiertamente las declaraciones públicas de Ayuso sobre la inexistencia de fraude.

FILTRACIONES, MENTIRAS Y UNA FISCALÍA BAJO LA LUPA

Otro frente abierto ha sido la acusación de Ayuso de que la filtración de un correo clave sobre su pareja provino de la Fiscalía, con el objetivo de perjudicarla políticamente. La fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, reconoció en su testimonio que había sospechas internas sobre la autoría de la filtración, pero ninguna prueba concluyente ha señalado una estrategia coordinada desde la Fiscalía General del Estado o el Gobierno central.

El correo en cuestión, que contenía una confesión del abogado de González Amador sobre el fraude fiscal, fue distribuido a varios medios por Miguel Ángel Rodríguez, según revelaron las investigaciones judiciales. Rodríguez, intentando suavizar su implicación, aseguró ante el juez que se trataba de una “opinión política” y no de una estrategia premeditada, una declaración que contradice las pruebas presentadas.

LA REALIDAD DE LOS HECHOS: CORRUPCIÓN Y FRAUDE SISTEMÁTICO

Mientras Ayuso continúa insistiendo en un relato de persecución política, los hechos confirman que su pareja no fue una víctima del sistema, sino un empresario que aprovechó la pandemia para enriquecerse a través de prácticas corruptas. Desde el uso de facturas falsas por más de 1,7 millones de euros hasta el intento de comprar una sociedad vacía para blanquear beneficios, las irregularidades de González Amador están documentadas y respaldadas por pruebas objetivas.

En febrero, González Amador deberá comparecer ante el juzgado, no solo por fraude fiscal y falsedad documental, sino también por corrupción en los negocios, un cargo derivado de sus tratos con altos directivos del sector sanitario. Este nuevo capítulo pone en evidencia que las acusaciones de Ayuso no eran más que un intento desesperado de salvar su imagen política a costa de cuestionar a instituciones clave del Estado.

El caso no es una conspiración. Es un espejo que refleja la corrupción de quienes manejaron la pandemia como una oportunidad de negocio.