Opinión | Sánchez y la oportunidad perdida 

El discurso oficial parece olvidar que el acceso a la vivienda es un derecho, no una mercancía sujeta a las leyes del mercado.

Por Javier F. Ferrero

Las 12 medidas anunciadas por Pedro Sánchez el pasado 13 de enero en el foro “Vivienda, quinto pilar del Estado de bienestar” confirman lo que las organizaciones sociales venían denunciando: las promesas grandilocuentes no se traducen en políticas capaces de garantizar el derecho a la vivienda. El acto, cuidadosamente orquestado en el Museo del Ferrocarril, tuvo un aire de autocomplacencia que no encajaba con la desesperación de miles de familias que enfrentan alquileres inasumibles, desahucios encubiertos y un parque de vivienda pública raquítico.

Los números hablan por sí solos: España apenas alcanza un 2,5% de vivienda pública frente al 14% de Francia y el 34% de Países Bajos. Frente a esta cruda realidad, el Gobierno celebró la transferencia de 3.300 viviendas de la Sareb a la nueva Empresa Pública de Vivienda estatal como un logro histórico. Sin embargo, desde la plataforma Plan Sareb, que agrupa a más de 300 familias afectadas, desmontan el anuncio con datos precisos: los activos transferidos son, en su mayoría, viviendas deshabitadas en pésimo estado y que las comunidades autónomas ya habían rechazado adquirir. Lo simbólico no paga alquiler, y la transferencia de inmuebles deteriorados no resuelve la crisis estructural.

La especulación sigue intacta: los fondos buitre y los bancos no pierden

El punto más controvertido de la propuesta de Sánchez es la ausencia de medidas que frenen la voracidad de los fondos de inversión y la especulación financiera. La Sareb, lejos de ser el “banco malo” que rescata viviendas para las familias, ha seguido vendiendo inmuebles de alto valor al mejor postor mientras entrega a la nueva entidad pública los restos del naufragio. Esta situación perpetúa un modelo en el que el Estado juega a cambiar cromos en lugar de intervenir de forma contundente en el mercado de la vivienda.

El 49% de la Sareb sigue en manos de los bancos privados. ¿Por qué el Gobierno no ha tomado medidas para recuperar el control absoluto de una entidad que fue rescatada con dinero público? La nueva entidad estatal nace ya hipotecada, sin capacidad real de competir con los gigantes del sector ni de evitar que las viviendas cedidas terminen nuevamente en manos de fondos buitre. La promesa de que los inmuebles “seguirán siendo de las y los españoles” se diluye cuando la gestión sigue dependiendo de los mismos actores que han contribuido a la burbuja inmobiliaria.

El discurso de Sánchez sobre la prioridad en la compra de suelos y viviendas recuerda a las políticas de tanteo y retracto aplicadas en Barcelona y Valencia. Sin embargo, sin un presupuesto robusto y un control efectivo, estas herramientas legales quedan reducidas a declaraciones de intenciones. En paralelo, se mantiene la apuesta por la colaboración público-privada, un mecanismo que ya ha demostrado ser ineficaz para reducir los precios y que solo ha beneficiado a promotoras e inversores con enormes incentivos fiscales.

El espejismo de la “vivienda asequible” y la inacción frente a los alquileres desbocados

Uno de los puntos más criticados por los sindicatos de inquilinos es la referencia constante a la promoción de “vivienda asequible”. Este concepto es tan vago como manipulable. ¿Qué significa exactamente un alquiler asequible? En la práctica, muchas de estas propuestas terminan legitimando precios de burbuja al ofrecer ayudas y exenciones fiscales que apenas benefician a una minoría de propietarios y perpetúan las dinámicas especulativas.

Los créditos y avales del ICO para la construcción de 25.000 viviendas nuevas tampoco suponen un cambio de rumbo, sino la continuidad de políticas que priorizan la oferta sin intervenir en la regulación de precios. Mientras tanto, el precio del alquiler sigue desbocado en las grandes ciudades, y las familias continúan siendo expulsadas de sus barrios.

La medida estrella sobre la limitación de la compra de viviendas por parte de extranjeros extracomunitarios es, según las propias organizaciones sociales, irrelevante. Las estadísticas muestran que los mayores compradores internacionales en Catalunya son ciudadanos de la Unión Europea, principalmente franceses y alemanes, no estadounidenses ni rusos. Además, la medida no toca a los grandes fondos de inversión que operan desde paraísos fiscales y que son, en realidad, los mayores responsables de la expulsión masiva de inquilinos.

La crisis de la vivienda como síntoma de un modelo fallido

El discurso oficial parece olvidar que el acceso a la vivienda es un derecho, no una mercancía sujeta a las leyes del mercado. Los sindicatos de inquilinos han sido claros en sus demandas: reducción drástica de los precios, contratos indefinidos y la prohibición de las compras especulativas. Sin embargo, ninguna de estas reivindicaciones aparece en las medidas anunciadas.

Mientras tanto, los inmuebles vacíos se multiplican y las socimis, creadas para favorecer el alquiler asequible, siguen tributando como si fueran empresas de fomento social, cuando en realidad funcionan como gigantes del negocio inmobiliario. La promesa de gravar más los pisos turísticos es insuficiente si no se regula su número y se prohíben directamente en los barrios con más presión residencial.

El Gobierno ha perdido una oportunidad histórica para romper con un modelo que privilegia la acumulación de riqueza a costa de expulsar a la población trabajadora de sus hogares. Lejos de afrontar la crisis como un problema de justicia social, Sánchez ha optado por un discurso efectista que, bajo la apariencia de avance, perpetúa el desastre.