“El poder de los fuertes se mantiene en gran medida mediante la ignorancia y la pasividad de los demás.», Noam Chomsky
Por Javier F. Ferrero
En las últimas semanas, la política española ha experimentado un retroceso alarmante, tanto en sus acuerdos como en su ideología. La causa: el pacto político entre el PP y Vox, que parece estar sacando a relucir el rostro más oscuro y retrógrado de la política española.
El pacto entre ambos partidos ha resultado en la presidencia de Vox en tres parlamentos autonómicos. Los nuevos líderes, afines a la ideología trumpista, representan un peligro real para los avances que hemos logrado como nación en términos de modernidad, igualdad y progreso. No sólo están en contra del aborto y niegan el cambio climático, sino que también han demostrado ser intolerantes hacia el colectivo LGTBI y las reivindicaciones feministas.
La alianza entre el PP y Vox ha puesto en evidencia la creciente asimilación por parte del PP de la ideología de la ultraderecha. En Extremadura, por ejemplo, la candidata del PP, que antes se negaba a aliarse con aquellos que negaban la violencia de género, ha cambiado de opinión. Un giro de 180 grados para hacerse con el poder, aún a costa de permitir la entrada en el gobierno de la ultraderecha.
Mientras tanto, Feijóo y los suyos buscan convencer a los españoles de que el objetivo principal es «acabar con el Sanchismo», cuando en realidad su meta es derogar las políticas que ha implementado el presidente Pedro Sánchez, las cuales han beneficiado a la mayoría de los ciudadanos.
No se trata de eslóganes o demagogia, sino de proteger y fortalecer el futuro de España y sus ciudadanos
Si permitimos que Feijóo llegue a la presidencia, podríamos esperar un severo golpe a los avances que hemos logrado en derechos laborales, salariales, educativos y de vivienda. Por mencionar solo algunos ejemplos, la digna subida del 8,5% para nuestros pensionistas podría verse reducida al 0,25%. El derecho de nuestros jóvenes a acceder a una vivienda digna podría verse anulado. La subida histórica del Salario Mínimo hasta los 1.080 euros podría ser revertida. La nueva reforma laboral que ha favorecido la estabilidad y creación de empleo podría ser reemplazada por una versión más draconiana. Y un millón de niños y jóvenes podrían perder su oportunidad de obtener una beca digna para su educación.
Estos son tiempos peligrosos para España. La consolidación de alianzas entre la derecha y la ultraderecha amenaza con llevarnos de vuelta a un pasado del que luchamos mucho para salir. La lucha por la igualdad, la justicia y la dignidad está siendo puesta en peligro.
No podemos permitirnos este retroceso. No debemos quedarnos en casa y dejar que los derechos y libertades por los que tanto hemos luchado sean erosionados. El 23 de julio tenemos la oportunidad de tomar una postura, de votar y decidir el futuro de nuestro país y nuestras familias. No se trata de eslóganes o demagogia, sino de proteger y fortalecer el futuro de España y sus ciudadanos.
Debemos alzar nuestras voces, ejercer nuestro derecho a votar y enviar un mensaje claro de que no permitiremos que el progreso de las últimas décadas sea desmantelado por una ideología retrógrada y excluyente. La política debe ser un instrumento para el avance y la inclusión, no un vehículo para alimentar el odio, la discriminación y el retroceso social.
Es fundamental que todos los sectores de la sociedad española, desde los jóvenes hasta los pensionistas, se unan en la defensa de los valores que nos han llevado a construir un país más igualitario y próspero. Es hora de recordar que el poder del pueblo es más fuerte que los intereses de unos pocos. No podemos permitir que las decisiones tomadas en salas cerradas y acuerdos opacos definan el futuro de millones de españoles.
No podemos ser espectadores pasivos mientras España retrocede
Además, es esencial mantener la presión sobre nuestros representantes políticos, exigir transparencia y responsabilidad. La sociedad debe ser vigilante y crítica, para garantizar que aquellos que ocupan cargos públicos realmente actúen en el mejor interés de todos los ciudadanos y no en función de agendas personales o ideológicas extremas.
España tiene una rica historia de lucha y resiliencia. No podemos permitir que el reloj retroceda y nos arrastre a un pasado que ya hemos superado. El 23 de julio puede ser un día de reivindicación y fortaleza, donde la ciudadanía española se alce unida para proteger su futuro. No dejemos que la apatía y la resignación nos venzan.
Recordemos que los derechos y libertades que disfrutamos hoy son el resultado de generaciones de esfuerzo y sacrificio. Honremos ese legado y continuemos trabajando hacia una España en la que la igualdad, la justicia y la prosperidad sean la norma para todos, no solo para unos pocos privilegiados.
No podemos ser espectadores pasivos mientras España retrocede. Debemos ser participantes activos, informados y comprometidos en la construcción de un futuro en el que podamos estar orgullosos de legar a las próximas generaciones.
El retroceso no es una opción. España merece avanzar.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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