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Así que resulta que la justicia española va a velocidad de crucero cuando el que declara es el exlíder del PSOE, pero para analizar pruebas clave, como los teléfonos y discos duros incautados en el caso Plus Ultra, la UDEF se toma cuatro meses sin tocarlos. Y no es casualidad, ¿eh? Porque dos días antes de cerrar unos informes que ya sentencian a Zapatero en la opinión pública, resulta que piden permiso para volcar unos dispositivos que llevaban criando polvo desde diciembre. Pero el juez Calama, rapidito, les responde que ya tenían autorización desde el principio. Es lo que tiene la 'justicia exprés': cuando el que declara es el exlíder del PSOE, los plazos se aceleran. El abogado de Zapatero pidió suspender su declaración sobre las joyas para poder justificar su origen, pero el juez lo rechazó de inmediato.
Mientras, Begoña Gómez tiene que soportar que la acusación pida retirarle el pasaporte como si hubiera riesgo de fuga, cuando está rodeada de escoltas. La defensa denuncia que se ha instrumentalizado esta causa para atacar al gobierno y recuerda: "quien quiera hacer política que vaya a la calle y no a un tribunal." Y mientras tanto, vemos cómo el juez Pedraz expulsa formalmente a Miguel Urbán de la causa sobre las cloacas de Interior, privándole de su condición de perjudicado tras el carpetazo al montaje de la cocaína que la Fiscalía ya archivó en 2016 por absoluta falta de indicios. El juez da credibilidad al confidente policial que denunció falsamente a Urbán y que alegó "amnesia" para no recordar nada, mientras la defensa de Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Seguridad del PP, logra paralizar una de las ramificaciones más polémicas contra Podemos. Dejando claro que la vara de medir no es la ley, sino el color político. Como dice Marina: "es una [mierda] que no podamos confiar en la justicia" porque cuando eso pasa, "estamos en tierra de nadie" y se da rienda suelta a las conspiraciones. Y concluye: "así se empiezan los tiempos feos de muchos países."
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