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El poder nunca devuelve todo lo que roba: la Gürtel se apaga, pero el sistema que la sostuvo sigue intacto.
LA CORRUPCIÓN NO MURIÓ, SOLO APRENDIÓ A FACTURAR
Más de veinte años después de que estallara la trama Gürtel, los titulares celebran su “cierre judicial”. Se reparten condenas menores, acuerdos con la Fiscalía y conformidades que rebajan décadas de prisión a quienes ya están prácticamente en libertad. Francisco Correa y Pablo Crespo se declaran culpables, pero el país que les alimentó sigue impune.
Mientras ellos se sentaban ante el tribunal a repetir un guion de arrepentimiento fiscal, nadie pedía cuentas a los dirigentes del Partido Popular que se beneficiaron de aquella maquinaria de saqueo político y financiero. Entre ellos, Álvaro Lapuerta, fallecido sin condena; o Ángel Acebes, exministro de Aznar, absuelto en la pieza sobre la reforma de la sede de Génova. Mariano Rajoy, que cobró sobresueldos según la contabilidad paralela, nunca fue siquiera investigado.
La Gürtel no fue una anomalía, fue un sistema. Un modelo de negocio donde empresarios como Jesús Sepúlveda —exalcalde de Pozuelo y exmarido de Ana Mato— o Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda, actuaban como intermediarios entre lo público y lo privado. Mato, que llegó a ministra de Sanidad, dimitió por “responsabilidad política” pero jamás fue condenada. La red se desmanteló, pero su cultura política quedó institucionalizada.
El fraude fiscal era solo una pata. Detrás había adjudicaciones amañadas desde comunidades gobernadas por el PP —Madrid, Valencia, Castilla y León— y sobornos disfrazados de regalos, viajes y coches de lujo. Cuando un entramado sobrevive veinte años, ya no hablamos de corrupción, sino de forma de Estado.
LOS FANTASMAS DE GÉNOVA 13 SIGUEN COBRANDO NÓMINA
Las cifras son brutales: 199 millones de euros defraudados, más de 30 millones ocultos en paraísos fiscales y un fraude fiscal de 24,8 millones solo entre 2000 y 2007. Sin embargo, los que firmaban contratos, aprobaban facturas falsas o mediaban desde ministerios y ayuntamientos no pisan la cárcel. Francisco Álvarez-Cascos, Jaume Matas, Jesús Merino o Ricardo Costa fueron señalados en distintos tramos del caso y acabaron con condenas mínimas o absueltos.
El PP, mientras tanto, ha convertido el silencio en estrategia. Nadie dimite, nadie devuelve, nadie recuerda. Alberto Núñez Feijóo evita el tema como si perteneciera a otra era. Pero los hechos son recientes: el propio Tribunal Supremo ratificó en 2021 que el partido se lucró directamente de la red. Sin embargo, el PP sigue existiendo, compitiendo y gobernando con normalidad. El delito quedó probado, la responsabilidad política evaporada.
El juez José de la Mata dejó claro que la red no habría funcionado sin la protección de altos cargos del partido, pero solo cayeron los subordinados. Luis de Miguel, Ramón Blanco o Isabel Jordán, asesores fiscales y contables de Correa, fueron condenados por cooperar en el blanqueo. Los empresarios Vicente Luis Agramunt y Jesús Calvo, que ayudaron a mover fondos, también pactaron penas leves. Todos han seguido en el sector financiero o mercantil tras pagar multas o cumplir condenas simbólicas.
El delito, convertido en know-how. La corrupción, en servicio premium.
Y mientras Correa y Crespo ya disfrutan del tercer grado penitenciario, los verdaderos beneficiarios de su estructura siguen en los despachos, en los consejos de administración o en las tertulias de televisión hablando de regeneración democrática. El PP de hoy se financia con el silencio del PP de ayer.
España no aprendió de la Gürtel. La profesionalizó.
Los que robaron al Estado se jubilan con pensión. Los que denunciaron, emigraron o se arruinaron.
El barro se secó, pero sigue oliendo.
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