El juez Peinado y la persecución a Begoña Gómez: una causa sin fin 

La justicia madrileña le da alas a una instrucción cuestionada, con el respaldo de sectores de ultraderecha.

El juez Juan Carlos Peinado, con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia, ha logrado blindarse frente a las acusaciones de prevaricación mientras sigue con su investigación contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. En lugar de una justicia imparcial, parece haber una maquinaria judicial cuyo objetivo es socavar a quienes son considerados adversarios del statu quo conservador. En esta instrucción, la independencia judicial parece haberse esfumado, permitiendo que se utilice la ley como herramienta de persecución personal y política.

Lejos de detenerse, la causa ahora incluye una nueva acusación, tan insostenible como las anteriores, por el supuesto uso indebido de un software gratuito desarrollado en la Universidad Complutense de Madrid. Este software, lejos de ser propiedad de Gómez, ni siquiera está registrado bajo su nombre o el de su empresa. Sin embargo, la instrucción de Peinado no cesa y continúa rastreando sin descanso las actividades de Gómez, prolongando un caso que desde sus inicios exhibe tintes de acoso judicial.

Apoyada por sectores ultracatólicos como HazteOír, esta macrocausa cuenta también con la participación de acusadores populares vinculados a la extrema derecha, como Vox y Manos Limpias, una señal alarmante de la politización de un caso que parece menos sobre justicia y más sobre influencia y poder. Mientras los tribunales rechazan cualquier querella contra Peinado, la defensa de Gómez se enfrenta a una cadena de obstáculos que no solo la alejan de una posible exoneración, sino que también desafían cualquier expectativa de justicia rápida e imparcial.

UNA CAUSA POLÍTICA A LARGO PLAZO Y APOYADA POR SECTORES CONSERVADORES

Este proceso se asemeja a una cacería política cuidadosamente diseñada para desgastar a figuras asociadas al gobierno progresista, en un contexto donde el poder judicial parece inclinarse peligrosamente hacia intereses conservadores. La Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han despejado cualquier duda sobre la imparcialidad del juez, dándole carta blanca para seguir explorando conexiones, supuestos tratos de favor y teorías conspirativas sin el más mínimo fundamento probatorio. No se trata de una investigación común, sino de un caso construido en base a presunciones y vinculaciones especulativas.

En los últimos meses, la causa ha englobado todo tipo de acusaciones, desde cartas de recomendación que, según la denuncia inicial, beneficiaron al empresario Juan Carlos Barrabés, hasta supuestos fraudes en el rescate de Air Europa. Peinado ha revisado desde el trabajo de Gómez en la Complutense hasta su implicación en proyectos sociales, transformando lo que en principio era una acusación puntual en una macrocausa de tinte inquisitorial. En este contexto, la Fiscalía ha tratado de limitar la instrucción, advirtiendo de que los procedimientos bordean la persecución judicial sin pruebas concretas. Sin embargo, ni la Fiscalía ni la defensa han logrado frenar una maquinaria judicial que se sostiene con el impulso de las acusaciones populares de ultraderecha.

Incluso, cuando se le solicitó al juez que delimitara su investigación en aspectos con claros indicios de relevancia penal, Peinado ignoró las advertencias y se mantuvo firme en su persecución. La Audiencia Provincial, por su parte, ha respaldado su posición, permitiendo que esta causa continúe y crezca. A pesar de los reproches iniciales de este mismo tribunal, que calificaron la instrucción de caótica y desorganizada, el aval a su proceder continúa.

¿JUSTICIA O INQUISICIÓN POLÍTICA?

Con cada revés a las querellas contra Peinado, el sistema judicial madrileño se distancia cada vez más de los valores de imparcialidad y justicia que debería representar. Cuando la Abogacía del Estado presentó una querella por prevaricación en nombre de Pedro Sánchez, el Tribunal Superior no solo la rechazó, sino que llegó a considerar que el propio presidente debería exponerse a una multa por presentar una acusación “temeraria”. Este tipo de respuesta no hace sino reforzar la percepción de que el caso contra Begoña Gómez ha superado las barreras de la legalidad, entrando en un terreno de persecución ideológica.

Los intereses detrás de esta causa están lejos de la defensa de la ley o de los valores éticos que el poder judicial debería representar. Los nombres involucrados en el caso —Vox, Manos Limpias, HazteOír— reflejan una clara alianza de sectores ultraconservadores que ven en esta causa una oportunidad para desgastar y desacreditar a figuras vinculadas al actual gobierno. El simple hecho de que el juez Peinado haya citado al presidente como testigo y haya intentado tomar declaración en el propio Palacio de la Moncloa demuestra el afán de estos sectores por transformar un procedimiento legal en un espectáculo mediático, reforzando la percepción de que existe una vendetta política en marcha.

Con la causa ahora ampliada a la Universidad Complutense y a un software sin registro de valor real, la justicia madrileña permite que este proceso de desgaste continúe bajo el auspicio de un juez cuya imparcialidad está, cuanto menos, en entredicho. Los tribunales no solo han permitido que Peinado continúe con esta causa, sino que han dado carta blanca a una de las investigaciones judiciales más claramente politizadas en la historia reciente de España.