El blindaje de los aforados: cuando la ley protege al poder y desarma a la justicia 

Un sistema diseñado para garantizar derechos acaba convertido en escudo político frente a la rendición de cuentas

Hay algo profundamente corrosivo en el modo en que funciona el sistema de aforamientos en España. Nació con una finalidad concreta: proteger a quienes ejercen responsabilidades públicas frente a denuncias espurias o persecuciones políticas. Pero en la práctica, lo que vemos una y otra vez es otra cosa. Una arquitectura legal que permite a determinados cargos esquivar responsabilidades mientras la ciudadanía queda expuesta a un sistema mucho más severo.

El caso del expresidente valenciano Carlos Mazón vuelve a poner el foco sobre esa anomalía democrática. Tras el desastre de la DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó al menos 230 posibles homicidios imprudentes bajo investigación judicial, su nombre ha orbitado constantemente en torno a la causa sin llegar a quedar formalmente imputado. No es casualidad. Es el efecto directo de un sistema que establece categorías de ciudadanía en función del cargo.

Después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana rechazara investigarle, Mazón ha dado un paso más en esa estrategia de blindaje. Amparándose en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformado en 2021, ha solicitado personarse en la causa en calidad de lo que se conoce como “testigo interesado”. No es un tecnicismo menor. **Es una maniobra que le permitiría participar activamente en la investigación sin asumir los riesgos de una imputación formal**.

Mientras tanto, las contradicciones en su relato siguen acumulándose. La reconstrucción de los hechos, como muestra la información sobre la sobremesa que desmonta su versión de la DANA, evidencia lagunas difíciles de sostener políticamente, aunque jurídicamente continúe protegido por un sistema que le otorga ventajas procesales frente a cualquier persona corriente.

UNA JUSTICIA A DOS VELOCIDADES: PRIVILEGIOS LEGALES FRENTE A RESPONSABILIDAD POLÍTICA

El problema no es solo jurídico, es profundamente político. El aforamiento convierte la igualdad ante la ley en una ficción cuando se aplica de forma masiva y opaca. España es uno de los países europeos con mayor número de personas aforadas. No hablamos de una excepción puntual, sino de un mecanismo estructural que afecta a miles de cargos públicos.

En el caso de Mazón, la secuencia es reveladora. Primero, el aforamiento impide que una jueza ordinaria pueda investigarle directamente. Después, una instancia superior descarta su imputación. Y finalmente, el propio político intenta intervenir en la causa desde una posición privilegiada, con acceso a información, capacidad de proponer pruebas y margen para impugnar preguntas. Todo ello sin asumir las obligaciones que tendría cualquier investigado, como decir la verdad bajo juramento.

Esta lógica perversa tiene consecuencias claras. La ciudadanía observa cómo quienes gestionan crisis con consecuencias trágicas pueden moverse en una zona gris de responsabilidad. No es solo una cuestión de procedimientos. Es una cuestión de confianza democrática. Porque cuando el sistema permite que alguien con poder influya en la investigación sobre su propia actuación, lo que se erosiona es la credibilidad de todo el aparato judicial.

La estrategia no termina ahí. Si la jueza decide rechazar su personación, Mazón podría alegar falta de imparcialidad. Es decir, convertir el propio intento de intervención en una herramienta para cuestionar a quien investiga. Una jugada que tensiona los límites del proceso judicial y que revela hasta qué punto los privilegios legales pueden convertirse en armas políticas.

Mientras tanto, el debate público sigue atrapado en una paradoja. Se habla de regeneración democrática, de transparencia, de responsabilidad institucional. Pero las herramientas para hacerlo efectivo siguen intactas. Quienes tienen capacidad para reformar el sistema de aforamientos son los mismos que se benefician de él. Y por eso no lo cambian.

El resultado es un círculo vicioso. Una élite política que legisla para protegerse, una justicia condicionada por estructuras heredadas y una ciudadanía que asiste, una vez más, a la impunidad como norma. En ese contexto, no sorprende que la indignación crezca cuando se plantea incluso la posibilidad de responsabilidades penales, como refleja el debate abierto en torno a si debería haber consecuencias más severas ante la gestión de la DANA y sus efectos.

Lo que está en juego no es solo un caso concreto. Es el modelo de democracia que se construye cuando la ley deja de ser un instrumento de igualdad para convertirse en un escudo de poder. Porque cuando las normas permiten esquivar la rendición de cuentas, dejan de ser garantías y pasan a ser privilegios.

Y en ese momento, la justicia deja de ser un derecho para convertirse en un terreno reservado a quienes pueden permitirse moldearla.