El pasado lunes se detuvo al ‘nazi de El Cabanyal’ y al vigilante de seguridad de España 2000 después de propinar una brutal paliza a un joven.
La noche del Primero de Mayo Vicente Casinos Garcés, conocido como el nazi de El Cabanyal, y Jorge Plaza Vallés, miembro del servicio de seguridad de España 2000, propinaron una brutal paliza, junto a su grupo neonazi, a un joven en las proximidades del Campus Universitari de Tarongers, motivo por el cual fueron detenidos el pasado lunes.
El joven de 20 años presentó una denuncia ante la Fiscalía de Delitos de Odio de València, donde, según informa Público, «tras relatar los hechos, pudo identificar a varios de sus agresores. Además del testimonio de la víctima y de testigos, fueron aportados vídeos de la agresión grabados por los vecinos desde sus balcones».
Tras la detención a ambos, Vicente Casinos y Jorge Plaza, se le imputan «delitos de amenazas, lesiones y contra los derechos fundamentales y libertades públicas».
Destaca Público que los hechos acontecieron tras la finalización de la marcha fascista «autorizada por la Delegación del Gobierno en el País Valencià, que convocó España 2000 a las seis de la tarde del 1 de Mayo, y recorrió el casco antiguo de València para terminar ante la plaza dels Furs, a espaldas de Torres de Serranos».
La escena fue presenciada por decenas de personas desde sus balcones, gritando «¡parad que lo vais a matar!», mientras varios grababan la escena y otros llamaban al 091.
Mientras, prosigue Joan Cartarero en Público «el chico estaba tendido en el suelo uno de los nazis que le rodeaban se le acercó y le puso ante la cara una navaja de grandes dimensiones diciéndole: «¿Quieres que te la clave?»».
Una vida neonazi
El portador de la navaja, Vicente Casinos, de 62 años, conocido como «el nazi del Cabanyal», tiene a sus espaldas un amplio historial de violencia relacionada con el nazismo en València desde la pasada década de los 80.
En diciembre de 2019 ya fuera detenido, dentro de una operación contra el terrorismo, por Inspectores de la Brigada de Información de la Policía Judicial de Valencia al descubrir en su vivienda un importante arsenal de armas y munición.
Al detenido, contaban por aquel entonces las fuentes policiales, se le vigilaba desde hacía varios meses «tras detectarse en los rastreos de redes sociales que hacía ostentación y exhibición de diversas armas, junto a simbología ultraderechista en general y nazi en particular. Pero también porque entre sus proclamas realizaba amenazas a periodistas que investigan y publican informaciones habitualmente sobre la ultraderecha en España en medios nacionales, y contra personas diversas y colectivos vulnerables».
A principio de 2020, sin embargo, los vecinos de El Cabanyal aseguraban que Casinos estaba involucrado en pintadas de simbología nazi que aparecieron en el barrio. En los mensajes se leían los lemas «Valencia 88» -en referencia a los 88 mandamientos de David Lane y la proclamación del grito ‘Heil Hitler’ en clave numérica- y «ziklon B grupo de limpieza racial».
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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