Dos empresarios del sector agrícola de los frutos rojos de la localidad de Palos de la Frontera (Huelva) han sido detenidos por la Policía Nacional.
La Policía Nacional ha detenido a dos empresarios a los que se les imputa los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, estafa y coacciones, por emplear, tal y como recogen las agencias periodísticas, «reiteradamente extranjeros irregulares y formalizarles contratos a cambio de elevadas contraprestaciones económicas».
Las víctimas, según el informe policial y como expone Eldiario.es, «trabajaban para los empresarios y una vez alcanzaban el tiempo necesario para regularizar sus situaciones administrativas, presentaban las solicitudes con contratos por los que abonaban a los empresarios 5.000 euros».
Los dos empresarios detenidos son hermanos y entre ambos administran dos mercantiles, donde, supuestamente, ·empleaban y acogían en sus fincas a ciudadanos extranjeros irregulares durante varios años sin tan siquiera darles de alta ni abonar sus seguros sociales».
«Los detenidos alojaban a estas personas en las instalaciones de sus fincas toda vez que los empleaban para la recolección de frutos rojos de manera indebida, aprovechándose de su estado de necesidad al carecer de sustento económico alguno ni manera de conseguirlo habida cuenta de su situación irregular, más que el que les reporta la realización de dichas jornadas, viéndose abocados a trabajar en las condiciones que los empresarios les imponían», explica el rotativo.
«Cumplidos los plazos requeridos de permanencia en territorio nacional y una vez reunidos el resto de requisitos, los extranjeros podían solicitar regularizar sus situaciones precisando para ello presentar, entre otros, de manera inexcusable precontrato laboral momento en el que los empresarios, a sabiendas de la imperativa necesidad de estos emiten, los tan ansiados contratos a cambio de 5.000 euros», añaden.
A través de redes sociales se difundía la noticia y los usuarios se preguntaban cual sería la respuesta de ASAJA, asociación que recientemente rechazaba las investigaciones laborales en el ámbito agrario y que incluso llegaron a amenazar a la ministra Yolanda Díaz.
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