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Los bosques que se queman hoy son la factura de un Estado que desertó del campo y del clima.
ABANDONO RURAL Y NEGLIGENCIA POLÍTICA
Los incendios de este verano no han sido un accidente. Son la expresión más violenta de un proceso que comenzó hace más de seis décadas, cuando el Estado decidió vaciar el campo. El fuego no surge de la nada: se alimenta de la despoblación, del monocultivo, del abandono institucional y de una planificación que jamás llegó.
En lo que va de 2025, se han quemado 344.417 hectáreas en 224 incendios, según Copernicus (EFFIS). No fue azar, ni mala suerte, ni “pirómanos”. Fue la factura de un país que dejó los montes como un polvorín.
Desde los años sesenta, el éxodo rural expulsó a miles de familias hacia las ciudades. El pastoreo desapareció, los montes dejaron de estar cuidados y el equilibrio tradicional del territorio se rompió. Los gobiernos de turno prefirieron anunciar planes de extinción cada verano en lugar de trabajar en la prevención. Según datos del Ministerio de Transición Ecológica, en 2023 el 80% del gasto contra incendios se destinó a apagar llamas y apenas el 20% a evitarlas.
Los políticos aparecen ahora con chalecos reflectantes, posando en los retenes, como si fueran héroes de emergencia. La realidad es que la ceniza de este verano ya estaba escrita en sus presupuestos. La realidad es que el fuego se alimenta de políticas que nunca priorizaron la vida en el campo y que, además, niegan el cambio climático o se niegan a afrontarlo con medidas contundentes.
EL NEGOCIO DEL FUEGO Y LA DESTRUCCIÓN PLANIFICADA
Cuando se quema un bosque, no solo se destruye naturaleza. Se abre también un negocio. Las empresas de extinción cobran más cuanto más grande es el desastre, las aseguradoras mueven cifras millonarias y los fondos de inversión esperan el momento para especular con la tierra. El capitalismo convierte la tragedia en oportunidad.
La expansión del eucalipto es la prueba. Millones de hectáreas fueron colonizadas por esta especie que arde como gasolina. Los gobiernos autonómicos premiaron esa plantación con subvenciones, obedeciendo a los intereses de la industria papelera. Hoy, los pueblos conviven con auténticas bombas verdes que hacen imposible detener el fuego.
La narrativa oficial siempre apunta a la mala suerte, a los “pirómanos” o a la fatalidad climática. Pero los estudios lo desmienten. El CSIC ha demostrado que la despoblación triplica la probabilidad de grandes incendios. Allí donde no queda nadie que limpie, que pastoree o que mantenga los montes, el fuego manda. Y la inacción climática multiplica el riesgo: olas de calor más intensas, sequías más largas, tormentas secas.
Cada incendio borra siglos de cultura campesina. Casas, animales, cosechas y memoria desaparecen en cuestión de horas. Lo que queda es ceniza, humo y una política forestal subordinada a la PAC europea, que prima monocultivos y rentabilidad rápida frente a diversidad y resiliencia.
El fuego es política. Y la ceniza también.
Los responsables hablarán de reconstrucción, prometerán ayudas que tardarán años en llegar y volverán a recortar en prevención. Nada cambia porque la lógica que manda es la del beneficio inmediato, aunque el precio sea un territorio convertido en esqueleto.
Después del fuego, lo que queda no es solo bosque quemado: es la evidencia de que un país que desprecia su campo está condenado a arder.
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