Fotograma de la película colombiana ‘El abrazo de la serpiente’, de Ciro Guerra. Film Affinity
En 2003 en Colombia se estrenaron solo cinco largometrajes de producción nacional. En 2010 ya eran diez. En 2019, 48.
Tres leyes creadas entre 1997 y 2013 en Colombia estructuraron la industria audiovisual y crearon un sistema de fondos económicos que potenció el crecimiento de su industria cinematográfica. Esto significó el nacimiento de una política cinematográfica articulada a través de varios fondos de promoción que ha provocado que el sector no haga más que crecer.
Una ley para todo el cine
La ley 397 de 1997 fue la primera ley holística de fomento de la industria audiovisual. Proponía que el Estado debía estimular no sólo la producción, sino todos los eslabones de la cadena de valor –desarrollo, producción, distribución y exhibición–.
La ley implicó dos cambios fundamentales. Por un lado, el Estado colombiano reconocía el cine como una industria que conformaba la memoria colectiva y como un medio de expresión de la identidad nacional, por lo que se comprometía a fomentar la conservación, preservación y divulgación, así como el desarrollo artístico e industrial.
Por otro lado, se crearon el Ministerio de Cultura y dos entidades dependientes de él: Dirección de Cinematografía y el Fondo Mixto de Promoción Cinematográfica (Proimágenes Colombia), en el que están representados actores estatales y agentes privados.
El reconocimiento para la concesión de ayudas lo realiza la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura. Entre 2002 y 2017 se reconocieron 997 obras cinematográficas como producto nacional, 625 cortometrajes y 372 largometrajes.
Dentro de la ley 397 se incluyó el Plan Nacional de Estímulos (PNE) para articular los programas de becas y premios para artistas, creadores, investigadores y gestores culturales colombianos.
Una imagen de la película colombiana La estrategia del caracol, de 1993.
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Además del PNE, la Ley General de Cultura autorizaba a las distintas organizaciones administrativas de ámbito regional la creación de un impuesto territorial. Los recursos recaudados a través de dicho impuesto son administrados territorialmente y destinados a proyectos acordes con los planes nacionales y locales de cultura.
La nueva ley de 2003
La Ley de Cine de 2003, cuyo objetivo es estimular la inversión a través de beneficios tributarios y facilitar la producción de películas en Colombia, crea a su vez el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico (FDC).
El FDC propone el cobro de impuestos a productores de largometrajes, distribuidores y exhibidores de cine en salas nacionales. Gracias a esto, entre 2004 y 2021 recaudó 43 127 496,54 € que se distribuyeron en un 70 % a creación, producción, coproducción y realización de largometrajes, cortos y documentales, y un 30 % a líneas de acción complementarias (preservación, formación y promoción).
A través de los estímulos del FDC se han apoyado 3 161 proyectos entre 2004 y 2017, en diferentes categorías –escritura de guión, formación, realización de cortometrajes y largometrajes, desarrollo, producción y posproducción, etc.–.
El marco de gobernanza del audiovisual brinda un abanico amplio de oportunidades a las que puede acceder cualquier ciudadano colombiano. Es común encontrar en una misma convocatoria proyectos apoyados por canales de televisión universitarios, públicos o privados, realizados por directores y productores reconocidos, pero también candidatos con una escasa trayectoria profesional. Esta facilidad de acceso a los fondos públicos permite incrementar el número de producciones nacionales y su popularidad.
Fotograma de la película Matar a Jesús, de 2017.
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En 2008 nació la Comisión Fílmica Colombiana (CFC), en colaboración con el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, con el objetivo de promocionar al país como un territorio para la producción cinematográfica y audiovisual, a través de servicios de asesoría e información.
Finalmente, en 2012 se creó el Fondo Fílmico Colombia (FFC), que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Tienen como destino reembolsar a los productores un porcentaje del valor que gasten en Colombia por concepto de los servicios necesarios para realizar la producción cinematográfica y audiovisual rodada, total o parcialmente, en el país.
El efecto multiplicador de la política cinematográfica
Hay que tener en cuenta que, al aumentar las ayudas, aumenta el número de películas producidas, lo cual anima a la creación de más salas de cine o pantallas. Cuanto mayor es la cantidad de películas en las salas, más personas van al cine. Esta es una razón para seguir invirtiendo en esta producción. Actualmente, en Colombia el índice de asistencia a salas es pequeño. En 2021, de cada dos colombianos uno había asistido al menos una vez al cine. Antes de la pandemia, el índice era mejor, ya que en 2019 cada habitante iba al cine al menos 1,5 veces. En 2022 se observa una recuperación, porque tres de cada cuatro habitantes han ido al cine.
Además, queda pendiente mejorar la tasa que ocupa el cine colombiano en relación a otras cinematografías, especialmente la norteamericana. El máximo de asistencia se dio en 2012: un 8,3 % de los espectadores eligió una producción nacional. En 2010 había sido el 4,5 % y en 2019, el 3,4 %. En 2020, sólo el 7 % de los espectadores veían películas colombianas; cifra que ha descendido al 1,7 % en 2021, y que se ha recuperado levemente (3,3 % en 2022).
La actriz Catalina Sandino Moreno, nominada al Óscar, en un fotograma de María, llena eres de gracia.
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Otra de las cuestiones pendientes es mejorar las relaciones entre el cine y la televisión, para que esta se implique más en la producción de películas.
También hay que trabajar en descentralizar una industria audiovisual muy focalizada en lugares de producción clásicos como Bogotá.
Mirada puesta en el futuro
Promocionar (y proteger) el audiovisual nacional necesita la creación de un sistema de ayudas para fortalecer todos los eslabones de su cadena de valor. En el caso de Colombia, el hecho de fomentar la existencia de un contenido patrimonial audiovisual ya justifica su existencia.
Colombia constituye un ejemplo de la creación de una estructura de fomento del audiovisual, tanto en el plano industrial como patrimonial. La política audiovisual constituye un instrumento fundamental, sobre todo en la era de las plataformas en la que se multiplica el consumo de productos audiovisuales.
El cine colombiano conquista poco a poco el resto de los países. En 2004, Catalina Sandino fue candidata al Óscar como Mejor Actriz por María, llena eres de gracia. En 2007, La corona fue candidato a mejor cortometraje documental y, en 2016, El abrazo de la serpiente fue preseleccionada como mejor película de habla no inglesa. ¿Qué será lo siguiente?
Los autores de este artículo quieren agradecer la colaboración de Ángela Revelo Castro, docente y co-investigadora en la Universidad del Cauca, Colombia.
Las personas firmantes no son asalariadas, ni consultoras, ni poseen acciones, ni reciben financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y han declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado anteriormente.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
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