Tras más de 30 años estudiando la Amazonia, la científica quiere disputar un escaño a quienes convierten bosques, territorios indígenas y vidas humanas en una cuenta de resultados.

LA CIENCIA SALE DEL LABORATORIO

Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.

Ahora ha decidido presentarse al Congreso.

Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.

La situación ya no admite el tranquilizador cuento de que la Amazonia compensa la contaminación generada por el capitalismo industrial. Durante 2024, la parte brasileña de la selva absorbió unos 476 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, pero emitió 755 millones. El saldo fue de 279 millones de toneladas más liberadas que capturadas. Es decir, el gran sumidero está convirtiéndose en una fuente de emisiones. Un estudio encabezado por Gatti y publicado en Nature en 2021 ya relacionó esa transformación con la deforestación, el aumento del estrés del ecosistema y los incendios, especialmente en las zonas orientales y surorientales.

No estamos hablando de una hipótesis lejana, sino de personas que ya están muriendo. En 2018, los desastres asociados a lluvias provocaron 59 muertes en Brasil. En 2019, primer año del Gobierno de Jair Bolsonaro, fueron 297. Durante todo su mandato, entre 2019 y 2022, la cifra anual nunca bajó de 200 y alcanzó las 478 muertes en 2022. En 2023, ya con Lula de nuevo en la Presidencia, murieron 601 personas. La derecha negacionista llamó progreso a abrir la selva para el ganado, la soja y la minería. Las consecuencias llegaron en forma de incendios, sequías, inundaciones y barrios populares arrasados.

Gatti no entra en política porque le apetezca cambiar el laboratorio por una campaña electoral. Lo hace porque está harta. Durante el Gobierno de Bolsonaro fue vigilada, acosada y presionada para que dejara de hablar. Según relató a Sumaúma, personas vinculadas al Gobierno telefonearon a responsables del INPE para ordenarles que la hicieran callar. Sus superiores llegaron a temer por su vida. Después, cuando criticó el uso del fuego en los cultivos de caña de azúcar de São Paulo, el secretario de Agricultura del gobernador bolsonarista Tarcísio de Freitas calificó su actitud de “criminal”. Para esta gente, quemar cultivos y bosques es economía; denunciarlo es delincuencia.

EL NEGOCIO DE QUEMAR EL FUTURO

El problema no termina con Bolsonaro. Resulta cómodo presentar la destrucción ambiental como una extravagancia exclusiva de la extrema derecha, pero el Congreso brasileño está dominado por representantes y aliados de la ganadería industrial, la soja, la minería, los pesticidas y las grandes infraestructuras. El llamado bloque ruralista no necesita ocupar la Presidencia para imponer sus intereses. Le basta con convertir el Parlamento en una oficina de gestión del agronegocio.

El 27 de noviembre de 2025, el Congreso recuperó 56 de los 63 artículos que Lula había vetado de la nueva legislación sobre licencias ambientales. Las organizaciones ecologistas la bautizaron como “ley de la devastación” porque permite acelerar proyectos mineros, energéticos, agrícolas y de infraestructuras, reduce controles y debilita la consulta a comunidades indígenas y afrodescendientes sin títulos de propiedad formalizados. La norma facilita incluso que determinados proyectos puedan tramitar licencias mediante declaraciones de las propias empresas interesadas. El zorro no solo entra en el gallinero: el Parlamento le permite firmar su propio permiso de entrada.

En mayo de 2026, la Cámara de Diputados aprobó también una propuesta para acelerar la explotación de minerales considerados “críticos y estratégicos”, con financiación pública y salvaguardas ambientales imprecisas. El texto abre la puerta a operaciones en territorios indígenas y de comunidades tradicionales. Otra vez la misma estafa: se llama transición energética a sustituir una industria extractiva por otra, manteniendo intactos el saqueo, la concentración de riqueza y el desprecio por quienes habitan los territorios.

El Gobierno de Lula ha conseguido avances que no deben ocultarse. Entre agosto de 2025 y mayo de 2026, la deforestación amazónica cayó un 37,5 % respecto al mismo periodo anterior. En mayo, el descenso interanual alcanzó el 61,4 %, el mejor dato registrado para ese mes. Pero incluso entonces fueron destruidos 370 kilómetros cuadrados de selva. Y la degradación causada por incendios, sequías y tala afecta ya a cerca del 40 % de la Amazonia. Reducir la velocidad mientras el coche sigue avanzando hacia el precipicio no equivale a cambiar de rumbo.

Gatti también señala las contradicciones del progresismo brasileño. Lula frenó parte de la ofensiva de Bolsonaro, pero mantiene un modelo económico basado en exportar carne, soja, petróleo y minerales. El Gobierno financia monocultivos y ganadería mediante los planes agrícolas, abre mercados internacionales para las grandes empresas cárnicas y conserva ministerios comprometidos con los combustibles fósiles. No se puede prometer justicia climática mientras se alimenta con dinero público la maquinaria que destruye la selva.

La alternativa planteada por Gatti pasa por detener la deforestación, restaurar los territorios destruidos y apostar por la agroforestería, capaz de producir alimentos sin convertir la naturaleza en una fábrica de mercancías. No será fácil. Su partido dispone de menos recursos que las candidaturas protegidas por los grandes grupos económicos, mientras los ruralistas cuentan con dinero, medios de comunicación y una red política construida durante décadas.

Cuando un Parlamento obliga a una científica a abandonar el laboratorio para impedir que muera más gente, el problema no es la ciencia: el problema es el Parlamento.

La 10 ahoraHa pensado durante 41s

Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen

Grupos armados, narcotraficantes y redes mineras arrasan parques nacionales mientras las y los guardaparques patrullan sin protección, sin competencias y con miedo a ser asesinados.

EL CRIMEN ORGANIZADO YA MANDA EN LOS PARQUES NACIONALES

La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.

No es una metáfora. En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.

El Ministerio de Defensa reconoce focos de minería ilegal en al menos nueve de las 71 áreas protegidas de Ecuador. Siete se encuentran en la Amazonia, aunque las organizaciones ambientales sospechan que la cifra real es mayor. Detrás del negocio aparecen Los Lobos, Los Choneros, Los Galarza y Los Sao Box, una escisión de Los Lobos. Bandas vinculadas al narcotráfico que han descubierto algo que el capitalismo lleva siglos enseñando: cuando un territorio contiene recursos valiosos y el Estado es débil, todo puede comprarse, saquearse o someterse mediante la violencia.

La extracción ilegal de oro ya no es una actividad marginal desarrollada por unas pocas personas desesperadas. Es una economía criminal con financiación, maquinaria pesada, redes de blanqueo y hombres armados. También mueve créditos informales, introduce a las bandas en las comunidades y financia a organizaciones que participan en tráfico de drogas, armas, explosivos y personas. El oro sale de los ríos y el miedo se queda en los pueblos.

En el Parque Nacional Podocarpus, donde existen más de 4.000 especies de plantas y 600 de aves, la superficie afectada por la minería ilegal pasó de 22 hectáreas en julio de 2023 a 50 en septiembre de 2024. Un crecimiento del 125 % en apenas catorce meses, según un monitoreo de EcoCiencia y el proyecto MAAP. Las Fuerzas Armadas llegaron a destruir 67 campamentos clandestinos, pero los operativos aislados no sirven de mucho cuando las redes criminales conservan el dinero, las rutas y la capacidad para regresar.

La cuenca del río Punino ofrece otra imagen del desastre. La deforestación minera alcanzó 1.422 hectáreas entre 2019 y junio de 2024, una superficie equivalente a más de 2.000 campos de fútbol. El 90 % de esa destrucción se produjo fuera de las zonas autorizadas, por lo que sería minería ilegal. La actividad abrió además 91 kilómetros de carreteras y afectó a unas 300 hectáreas de territorios indígenas kichwa. No son pequeñas explotaciones escondidas entre los árboles. Es una ocupación industrial a plena vista.

UN ESTADO QUE PROTEGE EL NEGOCIO MEJOR QUE A SUS TRABAJADORES

Las y los guardaparques pueden actuar ante el tráfico de especies, pero no tienen competencias para enfrentarse a grupos armados ni para decomisar retroexcavadoras, dragas o motores. Se les exige custodiar algunos de los territorios más valiosos del planeta, pero se les envía a patrullar como si enfrente hubiera excursionistas despistados y no estructuras vinculadas al narcotráfico.

En mayo de 2025, una emboscada en Alto Punino, cerca de Sumaco Napo-Galeras, mató a 11 militares. El ataque fue atribuido a los Comandos de la Frontera, una disidencia de las antiguas FARC relacionada con la minería ilegal. Ni siquiera aquella matanza provocó una respuesta capaz de garantizar la seguridad permanente en la zona. Durante 2025 y 2026, las y los trabajadores del parque han seguido denunciando un crecimiento acelerado de la minería en las áreas de amortiguamiento.

El Parque Nacional Yasuní tampoco se libra. Las primeras alertas aparecieron en 2023. En 2024, varios guardaparques fueron amenazados de muerte después de descubrir minería aluvial en Curaray, cerca de la frontera con Perú. En 2025 encontraron retroexcavadoras y depósitos de combustible dentro del parque. Los responsables sabían quiénes eran, les retiraron los teléfonos y les advirtieron que cuidaran sus vidas.

Cuando EL PAÍS preguntó al Ministerio de Ambiente y Energía qué medidas estaba adoptando para proteger al personal, no obtuvo respuesta. Ese silencio retrata bastante bien la política ambiental del Gobierno de Daniel Noboa: grandes discursos sobre seguridad, despliegues militares para las cámaras y trabajadoras y trabajadores públicos obligados a decidir en cada patrulla si denunciar una excavadora puede costarles la vida.

Algunos guardaparques han solicitado traslados. Otros han renunciado. Quienes continúan evitan determinadas zonas o dejan de informar sobre la presencia de maquinaria para no convertirse en objetivos. El crimen organizado ha conseguido que quienes protegen los parques sean tratados como soplones dentro de sus propios lugares de trabajo.

Mientras tanto, el Gobierno promueve una política minera que añade más presión sobre la Amazonia. En 2025, la Asamblea Nacional aprobó por 80 votos frente a 23 una ley que permite la participación de entidades privadas, incluidas empresas extranjeras, en la gestión de áreas protegidas. El Ejecutivo asegura que servirá para mejorar su conservación y combatir la minería ilegal. Organizaciones indígenas y ambientales denuncian que puede facilitar el desplazamiento de comunidades, debilitar derechos reconocidos por la Constitución de 2008 y abrir nuevas puertas a los intereses empresariales.

El mercurio utilizado para separar el oro contamina los ríos, se acumula en los peces y termina en los cuerpos de las comunidades indígenas y ribereñas. Las carreteras mineras facilitan después la entrada de madereros, traficantes de tierras y nuevas redes criminales. Primero roban el oro, después envenenan el agua y finalmente llaman desarrollo al territorio destruido.

En Morona Santiago, la superficie afectada por la minería pasó de unas 420 hectáreas en 2020 a 856 en 2024. Se duplicó en solo cuatro años. Más de la mitad, el 55 %, del territorio de la nación Shuar Arutam está cubierto por concesiones para extraer oro, plata y cobre.

Un país que deja a sus guardaparques frente a los fusiles y entrega la Amazonia a las excavadoras no está perdiendo el control: está eligiendo quién puede saquearla.