La FAPE señala a Vito Quiles y Bertrand Ndongo: “Nada tienen que ver con el periodismo” 

La principal federación de periodistas del Estado respalda la suspensión de sus acreditaciones en el Congreso y denuncia una estrategia de agitación ultra basada en el acoso y el sabotaje mediático

Durante años se ha intentado vender como “periodismo incómodo” lo que muchas y muchos profesionales llevaban tiempo denunciando como otra cosa muy distinta. Hostigamiento. Provocación calculada. Militancia ultra disfrazada de reportero antisistema. El problema ya no era solo político o parlamentario. Era también profesional. Y este fin de semana la Federación de Asociaciones de Periodistas de España decidió dejarlo negro sobre blanco.

La FAPE aprobó en su Asamblea General celebrada en Santiago de Compostela un respaldo explícito a la suspensión cautelar de las acreditaciones de prensa de Vito Quiles y Bertrand Ndongo en el Congreso de los Diputados. Y lo hizo utilizando términos demoledores. La federación los define como “agitadores sociales” cuyas actuaciones “nada tienen que ver con el periodismo y perturban la convivencia democrática”.

No es una frase menor. Tampoco un calentón puntual. La FAPE representa a asociaciones profesionales de periodistas de todo el Estado y rara vez emplea un lenguaje tan contundente. Que haya decidido hacerlo ahora refleja hasta qué punto se había deteriorado la situación dentro del Congreso. Y también el hartazgo creciente de muchas y muchos periodistas parlamentarios ante dinámicas que llevaban demasiado tiempo normalizándose.

Porque el problema nunca fue hacer preguntas difíciles. El problema era convertir las ruedas de prensa en emboscadas permanentes pensadas para TikTok, YouTube y el ecosistema ultra digital.

EL NEGOCIO DEL RUIDO DISFRAZADO DE PERIODISMO

La Mesa del Congreso suspendió cautelarmente las acreditaciones el pasado miércoles con los votos de PSOE y Sumar, a propuesta de Francina Armengol y con el aval de los servicios jurídicos de la Cámara. La decisión llega mientras se resuelven las denuncias presentadas por la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), PSOE, Sumar y Podemos.

Los números ayudan a entender la gravedad del asunto. Vito Quiles acumula ocho expedientes abiertos y Bertrand Ndongo tres. Ocho y tres. No hablamos de un incidente aislado ni de una discusión concreta. Hablamos de una conducta reiterada durante meses dentro de una institución pública.

La propia FAPE describe una situación difícil de maquillar: personas que “torpedean las ruedas de prensa”, “boicotean comparecencias” y faltan “al respeto a compañeros y ciudadanos”. También denuncia que ambos “ocupan nuestro espacio” amparándose en “una mal entendida libertad de expresión”.

Y ahí está una de las claves de todo este debate. La ultraderecha mediática ha aprendido a utilizar el lenguaje de las libertades democráticas para blindar prácticas profundamente antidemocráticas. Se apropian de conceptos como censura o libertad de prensa mientras convierten el trabajo parlamentario en una campaña permanente de provocación y señalamiento.

La lógica es simple. Cuanto mayor sea el conflicto, mayor será la viralidad. Cuanto más agresiva la escena, más rentable el clip. El Congreso deja de ser una institución democrática y pasa a funcionar como decorado para alimentar algoritmos basados en indignación, insultos y polarización constante.

Y funciona. Funciona porque hay una industria política y mediática detrás de esa estrategia.

La FAPE también lanzó un mensaje político bastante evidente, aunque sin citar nombres concretos. La federación lamentó que la suspensión no fuera respaldada por todos los grupos parlamentarios y criticó que algunos hayan llegado incluso a convertir a uno de los sancionados en “protagonista destacado del cierre de una campaña electoral”.

Difícil no entender la referencia.

CUANDO EL PERIODISMO SE CONVIERTE EN UNA COARTADA POLÍTICA

La cuestión de fondo es mucho más seria de lo que algunos intentan presentar. Lo que está en discusión no es si una o un periodista puede hacer preguntas incómodas. La propia FAPE defendió expresamente esa función y recordó que el periodismo debe “indagar y fiscalizar a los responsables de la vida pública”.

Claro que debe hacerlo. Ese es precisamente su trabajo.

Pero fiscalizar no es acosar. Preguntar no es sabotear. Informar no es actuar como brazo mediático de una estrategia partidista basada en el espectáculo permanente. Y esa frontera, que durante años parecía evidente, se ha ido erosionando bajo el ruido constante de plataformas digitales que premian el conflicto por encima de la información.

La APP había solicitado amparo a la FAPE tras sentirse atacada por los sancionados y por sus superiores. La federación subrayó además que no se trataba de una denuncia individual sino colectiva, impulsada por periodistas de sensibilidades ideológicas distintas. Ese detalle también importa. Mucho.

Porque desmonta el relato victimista con el que determinados sectores intentarán responder a esta decisión. No es una conspiración contra periodistas incómodos. Es una reacción profesional frente a comportamientos que llevaban tiempo degradando el trabajo informativo dentro del Congreso.

La FAPE cerró su comunicado alertando sobre los efectos de la “polarización política y la creciente crispación” en el espacio mediático. Un fenómeno que erosiona la confianza ciudadana en la información y destruye la credibilidad del oficio.

Y quizá ahí esté el verdadero daño provocado durante estos años. No solo el espectáculo. No solo el ruido. También la destrucción deliberada de la idea misma de periodismo para sustituirla por propaganda agresiva envuelta en una acreditación oficial y un micrófono.