45 organizaciones claman al Congreso que frene el castigo colectivo de Trump a Cuba 

El endurecimiento del embargo y la amenaza de un bloqueo petrolero empujan a la isla hacia un “colapso humanitario” mientras Washington juega a la geopolítica con la vida de millones de civiles

Más de 45 organizaciones religiosas y de derechos humanos han enviado una carta a los 435 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos para exigirles que presionen a Donald Trump y reviertan su política hacia Cuba. No hablan de ideología. Hablan de supervivencia. Denuncian que el endurecimiento del embargo y la amenaza de sanciones contra los países que suministren petróleo a la isla están agravando una crisis que ya era grave antes de la nueva ofensiva.

El 26 de febrero, la carta fue remitida al Congreso en plena escalada diplomática. El detonante: un decreto firmado semanas antes por Trump en el que declaraba a Cuba “amenaza inusual y extraordinaria” y utilizaba la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) para amenazar con aranceles a terceros países que exportaran crudo a La Habana. El Tribunal Supremo estadounidense ha invalidado ese atajo legal, pero la declaración de emergencia sigue vigente y la presión política no ha cesado.

México, que se había convertido en el principal proveedor tras la reducción de envíos desde Venezuela, ha detenido los suministros bajo presión. Y Cuba depende del petróleo para más del 80% de su generación eléctrica. No es un detalle técnico: es la diferencia entre tener luz o cocinar con leña en barrios urbanos.

EL EMBARGO COMO ARMA POLÍTICA CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL

Las organizaciones firmantes sostienen que “agravar la crisis humanitaria con la esperanza de forzar un cambio político no ayuda al pueblo cubano”. La advertencia no es retórica. El secretario general de la ONU, António Guterres, ya ha alertado del riesgo de un “colapso humanitario”.

Francesca Emanuele, del Center for Economic and Policy Research, explica que la administración estadounidense no solo ha amenazado con aranceles, sino que también ha intensificado restricciones sobre entidades estatales encargadas de la infraestructura energética. Además, hay informes que apuntan a interceptaciones de buques que transportan combustible hacia Cuba, sin un marco legal claramente articulado.

El resultado es tangible. Sara Kozameh, historiadora de la Universidad de California en San Diego, tras regresar de la isla, describió una realidad cruda: electricidad limitada a unas seis horas diarias en algunas zonas, escasez de medicamentos esenciales, problemas de saneamiento y desnutrición visible en niños y personas mayores. No se trata de consignas políticas. Se trata de cuerpos que adelgazan.

En paralelo, la isla vive la mayor ola migratoria de su historia reciente, principalmente hacia Estados Unidos y mayoritariamente por razones económicas. Paradójicamente, la política que pretende debilitar al Gobierno cubano está alimentando los flujos migratorios que Washington dice querer contener.

El politólogo cubano Rafael Hernández lo resume con una idea incómoda: “apretar las tuercas del embargo nunca ha funcionado”. Décadas de sanciones no han provocado la caída del sistema político cubano. Sí han deteriorado las condiciones de vida de la población.

William M. LeoGrande, profesor en Washington, sostiene que las actuales sanciones son las más duras impuestas hasta ahora y que el corte del petróleo venezolano, que representaba entre el 20% y el 30% del consumo cubano, ha sido un golpe severo. Rusia ha prometido apoyo, pero difícilmente podrá compensar el déficit. La ecuación es simple: menos combustible, más apagones, más precariedad.

TENSIÓN MILITAR Y RETÓRICA DE INVASIÓN

La escalada no es solo económica. Esta semana, una embarcación de 7,3 metros (24 pies) fue interceptada por la guardia costera cubana tras un enfrentamiento armado que dejó cuatro personas fallecidas y seis heridas. Según las autoridades cubanas, los ocupantes abrieron fuego primero. La lancha había sido denunciada como robada en Florida. Entre las víctimas había al menos una persona con ciudadanía estadounidense.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha solicitado acceso a los heridos mientras se investiga el incidente. En paralelo, se ha hablado incluso de la posibilidad de incursiones armadas desde territorio estadounidense, evocando fantasmas históricos como Playa Girón. La retórica de “mini invasión” no ha sido desautorizada con claridad.

En este clima, hablar de derechos humanos parece casi un acto subversivo. Las organizaciones firmantes recuerdan que las sanciones económicas, según múltiples estudios académicos sobre regímenes de sanciones internacionales, tienden a impactar con mayor dureza en la población civil vulnerable. No en las élites políticas.

Andrea Fernández, del Latin American Working Group, lo plantea sin rodeos: el embargo ha sido durante décadas un instrumento para estrangular la economía cubana con la expectativa de una rendición política. No ha logrado sus objetivos declarados. Sí ha generado penurias.

La propia evaluación de inteligencia estadounidense publicada en enero de 2026, según Reuters, reconocía que el colapso económico no garantiza una transición política estable. Es decir, incluso desde el prisma estratégico de Washington, la lógica del castigo masivo no ofrece garantías de éxito.

La cuestión de fondo es ética y política. ¿Puede una democracia defender la libertad castigando colectivamente a una población entera? ¿Puede un Congreso mirar hacia otro lado cuando las sanciones se traducen en hospitales sin medicinas y ciudades que vuelven a la leña?

Mientras en Washington se habla de amenazas y geopolítica, en La Habana la electricidad se apaga. Y cuando se apaga la luz durante horas cada día, no es una metáfora: es la evidencia de que la política exterior también se mide en estómagos vacíos y en noches a oscuras.