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Cuando protestar contra la extrema derecha se convierte en delito y la violencia política se normaliza desde arriba
En octubre de 2019, Bilbo fue escenario de una protesta antifascista contra un mitin de Vox en el Palacio Euskalduna. Seis años después, en 2026, el mensaje institucional queda fijado por sentencia firme: protestar contra la extrema derecha puede costar hasta dos años de prisión. El Tribunal Supremo ha confirmado las condenas a 12 personas por desórdenes públicos, cerrando cualquier resquicio de discusión jurídica y consolidando un precedente político de enorme calado.
No estamos ante una anécdota judicial ni ante una mera aplicación técnica del Código Penal. Estamos ante una operación de normalización represiva que castiga el antifascismo mientras blanquea el espacio público para quienes cuestionan derechos fundamentales desde la tribuna institucional.
EL ANTIFASCISMO EN EL BANQUILLO
El 20 de octubre de 2019, unas 300 personas, convocadas por Sare Antifaxista, se concentraron en las inmediaciones del mitin de Vox. La respuesta policial fue inmediata: unos 50 agentes de la Ertzaintza desplegados para garantizar el acto de una formación política cuyo programa cuestiona derechos de las mujeres, de las personas migrantes, del colectivo LGTBI y del propio pluralismo democrático.
La sentencia asume sin fisuras el relato policial. Habla de intentos de romper el cordón, de daños materiales y de disturbios posteriores. No contextualiza, no pondera, no analiza el marco político. La protesta se reduce a un problema de orden público. El antifascismo se convierte en sinónimo de violencia. La extrema derecha, en cambio, aparece como sujeto pasivo al que el Estado debe proteger.
De las 18 personas detenidas, 6 eran menores y quedaron en libertad el mismo día. Las otras 12 han terminado condenadas. Dos a dos años de prisión por daños y desórdenes públicos. Diez a un año y cuatro meses por desórdenes. Las penas fueron impuestas inicialmente por la Audiencia de Bizkaia, confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ahora ratificadas por el Supremo.
Seis años después, la justicia no duda. El castigo es ejemplarizante.
ORDEN PÚBLICO COMO COARTADA
La clave de la sentencia está en una frase: “perturbar gravemente la tranquilidad y la convivencia ciudadana”. Una fórmula lo suficientemente vaga como para encajar cualquier protesta incómoda. El tribunal insiste en que los disturbios impidieron el uso de espacios públicos hasta cerca de las 20.00 horas, como si esa alteración puntual fuera más grave que la normalización del discurso de odio.
El Supremo subraya además que se trataba de una concentración no autorizada y que se emplearon medios violentos, por lo que la tipicidad del delito estaría “correctamente definida”. Ningún error cabe, dice la sentencia. Y precisamente ahí reside el problema: cuando la ley se aplica sin política, la política se cuela por detrás.
Porque mientras se endurece el castigo a quienes protestan, la extrema derecha sigue utilizando el espacio público como plataforma de legitimación, escoltada, protegida y blindada. El mensaje es diáfano: el conflicto no es el fascismo, sino quienes lo confrontan.
No es un caso aislado. Es coherente con una deriva más amplia en el Estado español y en Europa: ampliación del delito de desórdenes públicos, uso expansivo del derecho penal y una lectura cada vez más restrictiva del derecho de protesta. La democracia se defiende castigando a quienes la ejercen, mientras se tolera a quienes la erosionan desde dentro.
El antifascismo no se juzga por lo que es, sino por lo que molesta. Molesta porque señala. Porque recuerda que el fascismo no es una opinión, sino una amenaza histórica. Porque interrumpe la escenografía amable de la normalidad institucional.
La sentencia del Supremo no habla de antifascismo, pero lo condena. No menciona ideología, pero la castiga. No juzga ideas, pero persigue prácticas políticas incómodas. Y al hacerlo, envía un aviso claro a futuras movilizaciones: protestar puede salir caro si el objeto de la protesta es el poder adecuado.
No es una defensa de la convivencia. Es una advertencia.
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