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La maquinaria del Estado se pone en marcha para revisar una condena incómoda mientras la derecha convierte el caso en munición política y el sistema judicial exhibe sus contradicciones.
La primera petición de indulto para Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, no es un gesto aislado ni una anécdota administrativa. Es un movimiento político en un tablero donde la justicia, el poder y la utilidad pública se disputan el relato. Dos ciudadanos particulares han solicitado el indulto total tras la condena impuesta por el Tribunal Supremo en noviembre de 2025: dos años de inhabilitación y 17.200 euros de multa e indemnización por la revelación de secretos vinculados a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
El Ministerio de Justicia ha hecho lo que la ley obliga. Ha activado el procedimiento. Ha pedido informe al Supremo. Ha puesto en marcha una maquinaria que, cada vez que se activa, provoca un ruido ensordecedor en los mismos sectores que llevan años exigiendo mano dura selectiva. El indulto no es una excepción legal, es una herramienta prevista en el ordenamiento, aunque solo resulte escandalosa cuando beneficia a alguien que no pertenece al bloque conservador.
EL INDULTO COMO CAMPO DE BATALLA POLÍTICA
La Ley del Indulto establece que cualquier petición debe ser tramitada. No hay margen para el capricho. El tribunal sentenciador debe informar sobre la situación personal del condenado, su conducta posterior, la existencia o no de arrepentimiento y el posible perjuicio a terceros. También deben pronunciarse la Fiscalía y la parte considerada víctima. Todo ello sin carácter vinculante. La decisión final es política, no judicial, y recae en el Consejo de Ministros.
En este caso, el Supremo deberá volver a pronunciarse sobre una condena que ya fue controvertida en su origen. La Fiscalía, que defendió la inocencia de García Ortiz durante todo el proceso, tendrá que reiterar o matizar su posición. González Amador podrá oponerse. Y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, elevará una propuesta que el Gobierno podrá aceptar, modular o rechazar.
La media de resolución de estos expedientes ronda los seis meses, aunque no existen plazos legales. El tiempo, como casi siempre, juega a favor del desgaste mediático y de la confusión interesada. Mientras tanto, la derecha política y mediática ya ha dictado sentencia. No sobre el indulto, sino sobre el propio sistema cuando deja de servirles sin pudor.
Conviene recordarlo: el indulto no borra el delito, no reescribe la sentencia y no anula la responsabilidad penal. Es una medida de gracia excepcional que responde a criterios de justicia, equidad o utilidad pública. Exactamente los mismos conceptos que se invocan cuando interesa pacificar territorios, cerrar crisis institucionales o corregir decisiones judiciales que generan más daño que reparación.
EL PRECEDENTE DEL PROCÉS Y EL DOBLE RASERO
El precedente más citado es el de los indultos concedidos el 22 de junio de 2021 a los líderes del procés catalán. El Gobierno de Pedro Sánchez indultó las penas de prisión de Oriol Junqueras y otros nueve condenados, manteniendo las inhabilitaciones hasta 2031. Lo hizo con informes en contra del Supremo y de la Fiscalía, alegando razones de utilidad pública y la necesidad de abrir una nueva etapa política en Catalunya.
Entonces, el argumento fue claro: la convivencia democrática no se restablece solo con castigos. Hoy, quienes aplaudieron la dureza judicial contra el independentismo claman contra un indulto que ni siquiera ha sido concedido. El ruido no responde a principios jurídicos, sino a intereses partidistas.
El 4 de julio de 2024, Justicia recibió nuevas peticiones para indultar las inhabilitaciones que aún pesan sobre Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull. El Supremo volvió a oponerse. La Fiscalía cambió de criterio y habló de una sanción “excesiva”. La Abogacía del Estado evitó posicionarse. La coherencia institucional volvió a brillar por su ausencia.
En paralelo, García Ortiz ha activado otra vía: un incidente de nulidad ante el Supremo, paso previo obligado para acudir al Tribunal Constitucional. Estos recursos tardan entre seis meses y un año en resolverse. El calendario judicial se superpone al político, y ambos se utilizan como armas arrojadizas.
Lo que está en juego no es solo el futuro de un ex fiscal general. Es la credibilidad de un sistema que presume de neutralidad mientras aplica el castigo con una vara ideológica, que demoniza el indulto cuando lo solicita alguien incómodo y lo normaliza cuando sirve para apagar incendios que amenazan al poder establecido.
El problema no es que exista el indulto, sino que el Estado solo lo defienda cuando beneficia a los de siempre.
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Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
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