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La UCO vuelve a poner el foco en la Andalucía del PP: un modelo político que convirtió la emergencia sanitaria de 2020 en un mercado persa para amiguetes.
UN MODELO DE PODER QUE VA DE SEVILLA A ALMERÍA
Hay cifras que se convierten en brújulas políticas. El 18 de noviembre de 2025, la UCO irrumpió en despachos, ordenadores y domicilios ligados al PP de Almería buscando pruebas de un patrón que ya nadie puede llamar casualidad. Detuvieron al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García, a su vicepresidente Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, todos investigados por contrataciones irregulares en pleno confinamiento de 2020, cuando el miedo era un negocio y las mascarillas una moneda de cambio.
La pieza judicial apunta a mordidas de entre 200.000 y 400.000 euros por un contrato de dos millones de euros para material sanitario. Y en el centro, un acuerdo firmado el 8 de abril de 2020 con Azor Corporate Ibérica, empresa vinculada a Kilian López, a su vez relacionado con una investigación por narcotráfico, venta de armas y blanqueo. Lo que salió inicialmente de Barcelona no era una operación sanitaria (era una operación policial) y acabó destapando una red que atraviesa la política andaluza como una grieta.
No fue un contrato excepcional, fue un síntoma. El síntoma de cómo una provincia convertida en granero electoral del PP (más de 515 concejales en 2023 y casi un 46% de los votos en 2022) operó sin controles en un momento en que la ciudadanía dependía de cada mascarilla. Un territorio mimado por San Telmo que hoy es el epicentro de un terremoto político.
Javier Aureliano García no es un peón. Es uno de los hombres más poderosos del PP andaluz, exlíder de Nuevas Generaciones entre 1999 y 2005, secretario general del PP almeriense durante 13 años y presidente del partido provincial desde 2019. Ha sido el bastón electoral de Moreno Bonilla y su principal aval en Almería. Su detención es un mensaje. Y no precisamente para la oposición.
El caso Almería no nace hoy. Cuatro años de sospechas, mordidas y silencios, como han documentado múltiples investigaciones, dibujan un modus operandi que se repite en Sevilla, Málaga y cualquier nodo donde el PP andaluz ha mezclado poder institucional y negocio sanitario. Quienes conocen el SAS por dentro lo definen con precisión dolorosa: privatizar no para mejorar, sino para derivar dinero público a redes privadas afines.
Por eso, cuando la oposición habla de que esto va “de Sevilla a Almería”, no se refiere a una metáfora. Se refiere a una autopista construida con compras opacas, intermediarios de ocasión y cargos que siempre están donde los millones cambian de manos.
“No es un caso aislado, es un sistema”, denuncian desde el PSOE andaluz. Y aunque suenen a frase de manual, los hechos le dan una nitidez incómoda.
BONILLA, ACORRALADO ENTRE EL SAS Y LA CORRUPCIÓN
El 18 de noviembre, a primera hora, la UCO registraba los despachos de Presidencia de la Diputación almeriense. La juez instructora, María Belén López, ordenó incautar expedientes completos de contratación. Fuera, en la calle, el Gobierno andaluz insistía en que “todo era normal”. Dentro, la normalidad se medía en cajas de documentos y pendrives requisados.
Mario Jiménez, portavoz socialista, lo definió con una frase que debería incomodar a cualquier demócrata:
“Moreno Bonilla está asediado por la corrupción”.
No se refería solo a Almería. Recordó que altos cargos del PP desfilan por Sevilla para explicar “qué ha ocurrido con miles de millones de euros” del SAS en contratos opacos durante la pandemia.
Miles de millones. No miles de euros.
La escala habla sola.
Y ahí está la clave.
Si Moreno Bonilla bloqueó una comisión de investigación sobre las listas de espera, los cribados de cáncer y la gestión sanitaria, no fue por miedo al ruido político. Fue por miedo a la documentación. A los contratos. A los intermediarios. A que las piezas dispersas encajaran.
El PSOE no niega la existencia de responsabilidades individuales. Lo que denuncia es algo mucho más profundo:
“El mismo modelo, la utilización de los recursos públicos para el enriquecimiento personal del círculo de Moreno Bonilla”.
No lo dicen las redes sociales (lo dice un portavoz parlamentario en sede política pública).
Por eso exigen que Bonilla comparezca. Que dé explicaciones. Que actúe.
Lo que no exigen —aunque flota sobre cada palabra— es algo evidente:
si se confirma la detención del presidente del PP de Almería, no puede seguir ni un minuto más al frente de la Diputación.
Ese es el calibre de lo que está pasando.
Porque en Andalucía, cada vez que se destapa una trama vinculada al PP, el patrón es idéntico.
Silencio. Contrainformación. Vitola de víctima. Y después, amnesia.
Pero esta vez la UCO no ha ido a una subcontrata perdida.
Ha ido al corazón del poder provincial.
Ha detenido al hombre que sostenía electoralmente a Moreno Bonilla.
Y una cosa es que un presidente sobreviva a un escándalo.
Otra muy distinta es que sobreviva a un sistema.
La pregunta ya no es qué sabía Bonilla.
La pregunta es cuántos kilómetros le queda a la autopista.
Parecen demasiados para llamarlo casualidad.
Una democracia se mide por su capacidad de enfrentarse a la corrupción cuando afecta a quienes mandan, no cuando afecta a quienes sobran.
Y Andalucía lleva años mirando hacia otro lado.
Ha llegado el momento de mirar al frente.
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