Un país entero mira a la Casa Blanca mientras el poder intenta blindarse
LA TRANSPARENCIA QUE INCENDIA WASHINGTON
El Senado de Estados Unidos ha hecho algo poco frecuente en tiempos de polarización extrema. Ha votado por unanimidad. Cien senadoras y senadores, desde las y los más moderados hasta las y los más derechistas, han enviado a la Casa Blanca la Ley de Transparencia de los Papeles de Epstein sin modificar una coma. Una ley que obliga a abrir millones de documentos sobre la red de abusos, tráfico sexual, financiación y protección institucional que rodeó durante décadas al millonario depredador. Una ley aprobada también por una Cámara de Representantes que registró 427 votos a favor y uno en contra. Un país entero empujando hacia una rendija de luz que llevaba años cerrada.
La escena se vivió a las 17:00 horas de Washington, cuando Chuck Schumer apretó el acelerador parlamentario para impedir cualquier maniobra dilatoria. Había prisa, porque las víctimas llevan demasiados años esperando y porque la Casa Blanca lleva demasiado tiempo maniobrando. “Las víctimas han esperado bastante”, dijo Schumer. Lo que no dijo, aunque todo el mundo lo entiende, es que también han esperado suficiente a que los millonarios que compartieron vuelos, fiestas, favores y silencios dejen de esconderse detrás de abogados y lagunas legales.
Ese mismo martes se celebraba una vigilia en el Capitolio. Mujeres y hombres supervivientes, profesionales de la salud mental (las y los que siguen recogiendo los pedazos que dejó la impunidad) y activistas caminaron en silencio. Un silencio más elocuente que todos los discursos. El tipo de silencio que convierte la palabra transparencia en una demanda, no en un trámite.
LA SOMBRA DE TRUMP SOBRE UNOS PAPELES QUE LE QUEMAN
El texto llega ahora a la mesa del presidente Donald Trump. El mismo Trump que fue amigo de Jeffrey Epstein durante 15 años. El mismo Trump que lleva meses presionando a su partido para frenar la publicación. El mismo Trump que, para sorpresa de nadie, ha decidido aplazar la firma porque tenía una cena con Mohamed bin Salmán, heredero saudí implicado en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018. “Son cosas que pasan”, dijo. Hay frases que levantan tumbas enteras.
Trump ha intentado aparentar calma en su red social. Pero su historial es claro. Cada vez que se menciona el caso Epstein, pierde los nervios. Sobre todo porque el contenido de esos documentos puede iluminar cómo funcionaba una red de poder donde confluyen bancos, jueces y magnates. Una red donde nunca faltaron reputados amigos suyos.
La Casa Blanca insiste ahora en que el presidente firmará la ley el miércoles, después de rechazar hacerlo durante meses. Pero firma obligado. Firma porque el Congreso ha resultado incontestable. Firma porque bloquearlo le habría costado un escándalo político de escala histórica. Firma porque ya no le queda escapatoria.
Y aun así, nada garantiza que la verdad vaya a salir de inmediato. La fiscal general Pam Bondi, nombrada por Trump, avisó hace meses de que no pensaba publicar los archivos. Argumentó investigaciones internas. Se escudó en tecnicismos legales. Amenazó con dilaciones infinitas. El Departamento de Justicia custodia ahora millones de documentos inéditos, muchos de ellos detallando responsabilidades, encubrimientos e incluso participación activa de figuras cuyo nombre aparece ya en filtraciones parciales.
Un detalle inquietante: Trump ordenó públicamente a Bondi abrir investigaciones solo contra demócratas prominentes mencionados en los documentos. Citó a Bill Clinton, Larry Summers y Reid Hoffman. Un acto que viola el principio básico de separación de poderes, y que deja claro el objetivo real del presidente: convertir la mayor red de explotación sexual conocida en un arma partidista.
Pero el texto aprobado no distingue entre partidos. No distingue entre fortunas. No distingue entre viejas amistades. La ley exige la desclasificación de todo. Sin filtros.
Y eso es lo que aterra en los despachos donde durante décadas se negoció la impunidad.
UN ESTADO QUE TEME A SUS ARCHIVOS
El reto ahora es monumental. Si el Departamento de Justicia decide resistirse alegando investigaciones abiertas, el país podría entrar en un choque institucional sin precedentes. Si, en cambio, cumple con su obligación, asistiremos a la mayor revelación de documentos sobre abusos sexuales en la historia reciente de Estados Unidos.
Los papeles abarcan desde principios de los años noventa hasta 2019, cuando Epstein murió en una celda federal, en lo que el forense calificó de suicidio. Contienen listas de vuelos, registros financieros, correos electrónicos, informes policiales, declaraciones selladas y la documentación judicial que nunca fue liberada porque la ley estadounidense prohíbe publicar material de un sumario mientras esté vivo.
La pregunta es simple. El poder siempre ha tenido miedo a los archivos. A su memoria. A lo que revelan sobre quién protegió a quién y por qué. Sobre cómo la justicia se convirtió en un decorado para que las y los ricos escaparan mientras las víctimas quedaban atrapadas en el trauma.
Hoy ese miedo vuelve a temblar.
Cuando llegue el momento Epstein, todo un país tendrá que decidir si prefiere mirar a la verdad o seguir viviendo dentro de la mentira.
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