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La carta recuerda que en 2022, tras la invasión de Ucrania, Rusia fue expulsada sin dudarlo. Pero ahora, con una masacre aún más documentada y difundida, la UER guarda silencio.
Eurovisión 2025 está en marcha en Basilea, pero el espectáculo musical europeo vive uno de sus momentos más oscuros. Más de 70 artistas que han participado en ediciones anteriores del festival, entre ellos Salvador Sobral (ganador por Portugal en 2017), Charlie McGettigan (Irlanda 1994) o Mae Muller (Reino Unido 2023), han firmado una carta abierta en la que acusan a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) de ser cómplice del genocidio perpetrado por Israel contra el pueblo palestino.
El escrito, publicado por Artists for Palestine UK, es contundente: “KAN —la televisión pública israelí— es cómplice del régimen de apartheid y de la ocupación militar que dura décadas”. No es una hipérbole. Desde octubre de 2023, las operaciones del ejército israelí han asesinado a más de 34.000 personas en Gaza, más del 70% civiles, según datos verificados por OCHA-ONU.
Mientras, el festival de la música más visto del mundo —más de 160 millones de espectadores en su edición de 2024— sirve de plataforma para normalizar a un Estado acusado de crímenes de guerra y de utilizar las cámaras como armas de blanqueamiento internacional.
La carta recuerda que en 2022, tras la invasión de Ucrania, Rusia fue expulsada sin dudarlo. Pero ahora, con una masacre aún más documentada y difundida, la UER guarda silencio. ¿Por qué? ¿Por quién?
SILENCIO, CENSURA Y DOBLE RASERO EN EUROVISIÓN
Lo sucedido en Malmö 2024 fue, según palabras de los artistas, “el desastre anunciado”. La UER permitió la participación de Israel en pleno bombardeo en Gaza mientras silenciaba a delegaciones que protestaban y reprimía muestras de solidaridad. Fue la edición más politizada, más vigilada y más incómoda de la historia reciente del certamen. El festival, que presume de ser una fiesta por la paz y la diversidad, se convirtió en un escaparate de impunidad para una potencia ocupante.
Y no es un caso aislado. En esta investigación del medio sueco Dagens ETC, se expuso que algunos de los patrocinadores del festival tienen vínculos directos con el ejército israelí y con empresas que operan en asentamientos ilegales en Cisjordania. Una estructura de complicidades que no deja margen para la neutralidad.
La UER, lejos de rectificar, ha endurecido su control sobre los mensajes políticos de los participantes, impidiendo incluso banderas arcoíris o críticas simbólicas. Todo mientras sostiene la presencia de Israel como si nada ocurriera, como si Gaza no existiera.
“Nos negamos a permitir que la música sirva para encubrir crímenes contra la humanidad”, escriben las y los firmantes. Lo hacen en un momento en el que la cultura sufre una ofensiva global por parte de los regímenes autoritarios. Silenciar a las voces críticas en nombre de la “no politización” es, en realidad, una forma cobarde de alinearse con los poderosos.
Y mientras tanto, en el Estado español, el presidente Pedro Sánchez recibe con entusiasmo a la representante nacional Melody, deseándole suerte con un “nuestra diva”. Una anécdota que ilustra el contraste entre los fuegos artificiales institucionales y la sordera política ante una limpieza étnica televisada en directo.
No hay excusas. La comunidad artística ha hablado. Si se expulsó a Rusia por su invasión de Ucrania, debe hacerse lo mismo con Israel por sus crímenes en Palestina. Lo contrario es cinismo. Lo contrario es complicidad. Y lo contrario está ocurriendo ahora, mientras la televisión europea canta y baila sobre ruinas y cadáveres.
La UER ha convertido Eurovisión en un negocio manchado de sangre.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.