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El sistema tributario, ese complejo entramado que debería garantizar la equidad y la justicia fiscal, parece tener un sesgo que favorece a los más acaudalados. Las cifras hablan por sí solas: 24.000 personas con altos ingresos reciben una ayuda anual de Hacienda para pagar sus viviendas, con un total de 25 millones de euros. ¿Cómo es posible que un sistema que debería ser progresivo y equitativo termine beneficiando a quienes más tienen?
Carlos Sánchez Mato, economista, no duda en señalar la ironía de la situación en un artículo de Eduardo Bayona en Público: «Enlace: Artículo 31 de la Constitución se retuerce hasta que dice lo que algunos quieren que diga». Este artículo establece que todas las personas contribuyentes deben aportar al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica. Sin embargo, la realidad muestra que las rentas más altas son las principales beneficiarias de las rebajas fiscales.
LOS IMPUESTOS INDIRECTOS: ¿UNA CARGA PARA LAS MASAS?
El 40% de los ingresos tributarios estatales proviene de impuestos indirectos como el IVA. Estos gravan el consumo de bienes y servicios sin considerar el nivel económico de quien consume. Además, se incluyen rebajas fiscales que, sorprendentemente, benefician en su mayoría a quienes tienen las rentas más elevadas. Por ejemplo, las exenciones para servicios de sanidad y enseñanza superan los 5.000 millones de euros anuales, mientras que las vinculadas a servicios sociales y promoción personal apenas alcanzan los 843 millones.
El IRPF, que representa más del 40% de los ingresos impositivos del Estado, también presenta distorsiones. Las personas con rentas más altas obtienen deducciones significativas, superando en número y cuantía a su representación entre el total de contribuyentes. Datos de 2021 revelan que el 0,62% de las personas contribuyentes, aquellas que ingresan más de 150.000 euros al año, recibieron el 14% de las principales deducciones.
DEDUCCIONES: ¿UNA AYUDA PARA QUIÉN?
Es alarmante que 24.265 personas que declaran ingresos superiores a 150.000 euros al año puedan aplicar deducciones por valor de 25,6 millones de euros para aliviar las cargas hipotecarias. Esta ayuda, cerrada desde 2013, sigue siendo disfrutada por quienes accedieron antes de esa fecha. Además, 76.945 declarantes de ese nivel económico obtuvieron descuentos fiscales por donativos a fundaciones y ONG, representando el 7,2% del total.
Sánchez Mato critica esta situación: «Se debería financiar a estas organizaciones por otros medios. Al final, quienes realmente se benefician son las grandes fundaciones y las personas con mayores ingresos».
UNA BRECHA QUE CRECE
El sistema tributario español muestra claras desigualdades. Las deducciones fiscales parecen favorecer a las rentas más altas, mientras que las más bajas apenas se benefician. Las estadísticas de la Agencia Tributaria revelan que los tramos de renta más bajos tienen participaciones inferiores en beneficios fiscales, mientras que los más altos acceden a paquetes superiores.
Las ayudas a las que acceden estas rentas altas suelen ser las más cuantiosas. En el caso de la adquisición de vivienda, el beneficio fiscal de quienes obtienen rentas superiores a 150.000 euros supera con creces la media. Esta brecha se amplía aún más en deducciones por donativos o incentivos a la inversión.
UN LLAMADO A LA REFLEXIÓN
El sistema tributario, lejos de ser un instrumento de justicia y equidad, parece favorecer a las rentas más altas. Las cifras no mienten y muestran una realidad preocupante. Es esencial que se revisen y modifiquen estas políticas para garantizar un sistema verdaderamente progresivo y justo para todas y todos. Como señala Sánchez Mato, «las políticas que benefician a las rentas altas pasan desapercibidas, pero son verdaderamente perjudiciales». Es hora de un cambio.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.