“La demanda, la querella se ha convertido en la nueva estrategia de los centros de poder para intentar revertir cambios políticos” explican desde el medio y lo ejemplifican con el caso Colau.
Recientemente Vauras Investment conseguía imputar a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, porque el Ayuntamiento aplicó la ley catalana de vivienda y sancionó a la empresa por no haber ofrecido alquiler social a las familias vulnerables.
“Nos denuncian por apliciar la ley. ¡Es el mundo al revés!” dijo la alcaldesa en su Instagram. «Llevamos diez denuncias archivadas y por muchas que nos pongan, ningún fondo buitre ni ningún especulador conseguirán asustarnos. Al contrario, nos reafirman en aquello que hemos venido a hacer: defender los derechos fundamentales y el bien común», ponía en otro titular.
Desde elDiario.es han lanzado un podcast sobre el tema, ejemplificándolo con la figura de Ada Colau. “Demanda que algo queda”, resumen inicialmente.
“Imagínate que eres una gran empresa de las que tienen mucho presupuesto o mejor un grupo de empresas de las que hacen lobby por que tienen un interés político determinado… ¿Para que vas a invertir en campañas de publicidad, en relaciones públicas? Cuando quizá puedas condicionar la política de otra manera, a lo mejor más sencilla, más barata, es decir, con demandas judiciales”.
“Esa técnica tiene un nombre, SLAPP, siglas que significan algo así como demandas estratégicas contra la participación política, pero como en inglés no dan puntada sin hilo, SLAP también significa bofetada”.
“El objetivo del SLAPP no es siempre conseguir que una activista molesto acabe condenado, a veces, vale con que sea investigado, con qué se siente en el banquillo y así, se le mete miedo en el cuerpo y se le mancha la imagen”, explican.
“Hasta ahora tenemos que Ada Colau o su equipo de concejales ha recibido 12 querellas o denuncias por parte de rivales, políticos, multinacionales, fondos, buitre, hoteleros. Una larga lista. Y todas han acabado archivadas, salvo 3. Estos 3 casos están todavía bajo investigación y en 2 está imputada la alcaldesa y en otro su concejala de urbanismo”, resumen.
“Podría decirse en este caso que Ada Colau no es un activista, es un político en ejercicio en un puesto de la administración, pero en eso tenemos que ver que no forma parte del sistema tradicional. En cierta medida es un cisne negro o un intruso”.
Gerado Pisarello explicaba en una rueda de prensa esto mismo, que «se reabría una nueva querella contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por intentar hacer cumplir la ley en materia de vivienda y por proteger a las familias más vulnerables».
«Quien ha presentado esta querella es un fondo de inversión de capital extranjero que pretendía llevar a cabo una operación especulativa para ganar dinero expulsando a vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad de sus casas. Desde el Ayuntamiento se les exigió que cumplieran la ley, que ofrecieran alternativas habitacionales a los vecinos y como no lo hicieron de manera reiterada se impulsó un proceso sancionatorio», explicó Pisarello.
«Son más de 10 querellas que han sido presentadas contra el Ayuntamiento por fondos de inversión, por multinacionales, por sectores, incluso, de ultraderechas que recurren a los tribunales para ver si de esa manera, pues, consiguen hacer valer sus privilegios».
«Nosotros estamos convencidos de que esta querella no va a prosperar, de hecho, ya había sido archivada en primera instancia, porque no tenía rigor jurídico alguno, pero sabemos que lo que estos fondos buscan en realidad va más allá de lo que puedan conseguir en los tribunales. Su objetivo es intimidar e intentar generar desánimo entre las administraciones para que no cumplan con su deber», proseguía.
«Lo que esos fondos buitre, lo que esos fondos de inversión quieren, es que no haya alternativas a los desahucios para las familias más vulnerables y no quieren que las leyes sirvan, pues, para que la gente», declaraba de forma rotunda.
«Lo que vamos a hacer es defender más que nunca la necesidad de que la nueva ley de vivienda, que se va a discutir, en este Congreso sea una ley que blinde el compromiso de las administraciones públicas con el derecho a la vivienda y que lo haga a pesar de todas las presiones mafiosas que se puedan ejercer contra esa voluntad», sentenciaba.
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