Abusadores libres: nadie mueve ni un dedo para investigar la pederastia en la Iglesia española 

Los obispos y la mayoría de las órdenes religiosas españolas se niegan a investigar los abusos y prefieren la opacidad. Las instituciones se lavan las manos sobre el tema. Mientras tanto, reina la impunidad.

En España, la Iglesia no ha realizado ninguna investigación global sobre la pederastia y el único dato que han ofrecido hasta ahora los obispos españoles viene del Vaticano, de la Congregación para la doctrina de la fe, que cifró en 220 los sacerdotes españoles acusados de pederastia en los últimos 20 años, de los que 151 casos habían sido ya resueltos y 69 siguen abiertos.

El único paso de la Conferencia Episcopal ha sido la apertura en cada diócesis, por orden del Papa, de una oficina de atención a las víctimas para denunciar, pero nada más, no se sabe cuántas denuncias ha habido, ni en qué año, ni la posible reparación a las víctimas.

El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, afirmó que si alguna víctima se dirige a los obispos la atenderán, pero no harán nada por saber la verdad: ni revisar archivos, ni contabilizar casos, ni establecer indemnizaciones, ni emprender una investigación a gran escala del pasado. «No vamos a hacer de manera proactiva un programa de investigación general», añadió.

Es decir, los obispos y la mayoría de las órdenes religiosas españolas, se niegan a investigar los abusos y prefieren la opacidad. Solo los jesuitas y los legionarios de Cristo han realizado algún tipo de informe interno, de escasa transparencia y traducida en unas pocas páginas para la prensa, sin nombres ni detalles. Los maristas y otras congregaciones han iniciado investigaciones.

El País ha preguntado al ministerio de Justicia, Presidencia y y Derechos Sociales, a la Fiscalía General del Estado, al Defensor del Pueblo y a los principales partidos políticos del Congreso: PSOE, PP, Vox, Unidas Podemos, Ciudadanos, ERC y PNV sobre la investigación en España de la pederastia del clero en el pasado, pero o han guardado silencio o han alegado la falta de competencias para hacerlo.

Unidas Podemos a favor de instaurar una comisión de la verdad desde el propio Estado

Solo Unidas Podemos, tal y como indica el citado diario, se ha mostrado a favor de instaurar una comisión de la verdad desde el propio Estado, al estilo de las instituidas en muchos países, para ponerse a disposición de las víctimas y obtener cifras del fenómeno.

Como primer paso pedirá la creación de una comisión de investigación parlamentaria. “Por dignidad y derechos humanos esto debería contar con el apoyo del resto de grupos parlamentarios. Nuestra postura es que si la Fiscalía no inicia las investigaciones, el Estado tendría que abrir un procedimiento para las víctimas. Porque mantener y apuntalar el silencio es una merma democrática importante”, ha afirmado la portavoz adjunta del grupo parlamentario Sofía Castañón. También señala la posibilidad de “abrir una oficina por parte de la Fiscalía General del Estado para recoger denuncias anónimas de víctimas”.

Según un informe publicado el pasado martes sobre casos de pederastia que ha elaborado una comisión independiente establecida por obispos católicos en Francia a finales de 2018, cerca de 216.000 niños han sido víctimas de abusos sexuales.

El papa Francisco advirtió en diciembre de 2018 a los obispos de todo el mundo sobre la pederastia: “La Iglesia pide que no se guarde silencio y que salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad”.

La mayoría de las conferencias episcopales en Europa y Norteamérica obedecieron, pero como en todos los casos siempre hay excepciones. En este caso las excepciones son España, Italia y Portugal.

Indemnización de 400.000 euros para 25 víctimas gracias a Manuel Barbero

Manuel Barbero, padre de un alumno de maristas en Cataluña que fue víctima de abusos, se movilizó para encontrar a otros afectados, llevó el caso a los tribunales y obtuvo una indemnización de 400.000 euros para 25 personas.

El Periódico de Catalunya destapó, a principios de 2020, 51 denuncias policiales por abusos contra 18 docentes de la congregación, de los cuales 12 eran hermanos religiosos, 5 profesores seglares y 1 monitor de comedor de colegios de Barcelona, Badalona, Mataró y Lleida. Además, la investigación señaló un número similar de presuntos afectados que no presentaron denuncia.

A los exalumnos, además de ser indemnizados económicamente, la organización religiosa también les hizo llegar una carta en la que les pidió perdón y se mostró avergonzada. A pesar de reconocer que esto no calmará «el dolor por lo vivido» lamentaron la situación «humildemente sin atenuantes» e invitaron a los afectados a encontrarse presencialmente si lo desean.

A pesar de que la ley no obligaba a pagar a los ex alumnos que sufrieron los delitos al estar ya prescritos, es la primera vez en España que una organización religiosa repara públicamente a víctimas de pederastia sin que la justicia obligue a ello.

«No hay voluntad política»

Miguel Hurtado, la víctima que destapó el caso de la abadía de Montserrat, cree que el mejor modelo sería una comisión de investigación estatal avalada por un organismo externo, como el Consejo de Europa o Naciones Unidas, y que no se limite solo a la Iglesia católica, sino que indague en el abuso de menores en todas las instituciones, como ocurrió en Australia. Sin embargo, Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save The Children, cree que “no hay voluntad política” para afrontar una investigación desde las instituciones, pero que en todo caso es cierto que no está nada claro quién tendría competencia para hacerlo. “Debería ser la Iglesia”, opina.

Desde Moncloa admiten que en España no hay ninguna iniciativa en ese sentido y se remiten al principio de separación de poderes y a la independencia del poder judicial. El Ministerio de Justicia repite el mismo argumento. También se declara incompetente el Ministerio de Presidencia, donde fue a parar la Dirección General de Asuntos Religiosos que hasta 2020 estaba adscrita al de Justicia. Y lo mismo señala el de Derechos Sociales, que incluye la Dirección General de Infancia. No obstante, en este ministerio, dirigido por Ione Belarra, de Unidas Podemos, reivindican la ley de protección de la infancia, aprobada este año y que retrasó los plazos de prescripción del delito, una de las principales exigencias de las víctimas.

En 2019, el Ministerio de Justicia, cuando estaba al frente Dolores Delgado, solicitó a los obispos españoles los datos que tuvieran sobre los abusos en la Iglesia, pero la Conferencia Episcopal (CEE) simplemente se negó a dárselos.

El ministerio pidió entonces un informe a la Fiscalía General del Estado, ya que ante la “opacidad” de la Iglesia, el Estado debía intervenir de algún modo. Sugirió crear una comisión nacional de investigación como en otro países como Holanda o Australia. La Fiscalía apuntó en el informe su compromiso para “colaborar e implicarse en las iniciativas que pudieran desarrollarse en nuestro país para obtener un conocimiento histórico” del problema, pero el informe acabó en un cajón.

La única contabilidad sobre los abusos en la Iglesia en España es la que lleva El País

Las víctimas prefieren acudir a los medios de comunicación. El correo electrónico que abrió El País en octubre de 2018 para comunicar casos de abusos en la Iglesia ha recibido casi medio millar de mensajes, cuando las diócesis solo reconocían oficialmente cuatro casos, que subían a 34 sumando las sentencias conocidas y la información de las hemerotecas.

Tres años después, desde que el citado diario comenzó su investigación, son 10 veces más. Según su base de datos, que se hizo pública el pasado mes de abril y que es actualizada periódicamente, en este momento hay registrados 358 casos con 908 víctimas.

El Defensor del Pueblo también se lava las manos y señala que su labor es “supervisar a las administraciones, no está entre sus funciones investigar delitos o supervisar a instituciones privadas”, aunque valora la iniciativa de la Conferencia Episcopal en Francia de crear una comisión independiente y “ve con buenos ojos las vías iniciadas en otros países europeos de crear comisiones en sus parlamentos”. Recuerda que “una sociedad justa tiene que apoyar el esclarecimiento de cualquier delito”.