Vídeo | Europa abre la puerta a Palantir: vigilancia, opacidad y dependencia bajo contrato público 

Una empresa vinculada a guerras, deportaciones y control masivo avanza en silencio mientras gobiernos europeos le entregan datos sensibles

Europa está firmando su propia cesión de soberanía tecnológica sin debate público, sin transparencia y con dinero de todas y todos. Mientras los discursos institucionales hablan de derechos digitales y protección de datos, la realidad es otra: gobiernos europeos están adjudicando contratos a Palantir, una empresa estadounidense especializada en vigilancia masiva, análisis de datos y operaciones de inteligencia. Una compañía cuyo historial no deja lugar a dudas sobre su papel en conflictos armados, deportaciones y políticas de control social.

El proceso avanza con discreción. Alemania, Francia y Reino Unido ya han abierto la puerta a esta multinacional, otorgándole acceso a bases de datos sensibles, desde información policial hasta registros sanitarios. En Reino Unido, por ejemplo, Palantir ha sido integrada en plataformas de gestión de datos del sistema público de salud. En Alemania, su software es utilizado por fuerzas policiales para el análisis de sospechosos. No se trata de casos aislados, sino de una tendencia creciente que, según investigaciones recientes como el análisis sobre la financiación tecnológica que rodea a Trump en 2026, forma parte de una red más amplia de poder corporativo y político.

El problema no es solo técnico, es profundamente político. Palantir no es una empresa neutral. Ha colaborado con agencias migratorias en Estados Unidos, facilitando la identificación y deportación de personas migrantes, separando familias y reforzando sistemas de exclusión. También ha sido señalada por su participación indirecta en operaciones militares y por su papel en conflictos internacionales donde los datos se convierten en arma. El propio director ejecutivo, Alex Karp, lo dejó claro al afirmar que su empresa existe para intimidar y, si es necesario, destruir a los enemigos.

Lo más preocupante es que esta expansión se produce sin control democrático efectivo. Los contratos se firman sin debate parlamentario real, sin auditorías públicas exhaustivas y sin que la ciudadanía conozca el alcance del acceso a sus datos. La opacidad es la norma. Y en ese silencio institucional, el poder se desplaza desde lo público hacia lo privado.

La normalización de este modelo implica aceptar que la gestión de información crítica —sanitaria, policial o social— quede en manos de una empresa privada extranjera. Implica asumir que la seguridad se redefine como vigilancia y que los derechos se subordinan a la eficiencia tecnológica. Implica, en definitiva, renunciar a la soberanía digital en nombre de una supuesta modernización.

Frente a este escenario, comienzan a surgir iniciativas ciudadanas que exigen frenar esta deriva. La organización WeMove ha lanzado una recogida de firmas contra la expansión de Palantir en Europa que ya ha superado las 100.000 adhesiones, reclamando a los gobiernos que dejen de firmar nuevos contratos, revisen los existentes y apuesten por alternativas europeas basadas en transparencia y rendición de cuentas. También interpela directamente a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo para que investiguen de inmediato el uso de esta tecnología y establezcan mecanismos de control real.

El debate no es menor. No se trata solo de qué empresa gestiona los datos, sino de qué modelo de sociedad se está construyendo. Uno basado en la vigilancia, la externalización del poder y la opacidad, o uno que priorice derechos, control democrático y soberanía tecnológica.

Porque lo que está en juego no es una herramienta, es una arquitectura de poder. Y cuando esa arquitectura se construye sin luz ni taquígrafos, el resultado suele ser siempre el mismo: menos derechos, más control.

Mientras tanto, la narrativa dominante intenta reducir el debate a una cuestión técnica, evitando deliberadamente el fondo del problema. Pero cada contrato firmado, cada base de datos cedida y cada sistema público externalizado profundiza una dependencia que será difícil revertir. En ese contexto, iniciativas como el vídeo que alerta sobre la expansión de Palantir en Europa buscan romper ese silencio y trasladar la discusión al espacio público.

La historia reciente demuestra que las decisiones tecnológicas nunca son neutrales. Definen quién tiene el poder, cómo se ejerce y sobre quién recae. Permitir que una empresa con vínculos a guerras, deportaciones y vigilancia masiva se expanda sin límites en Europa no es una casualidad. Es una decisión política.

Y como toda decisión política, también puede ser cuestionada, denunciada y revertida.