Una ley mordaza con bandera: PP y Vox activan la delación institucional contra Palestina y cualquier disidencia 

La derecha desempolva una norma punitiva para sancionar a cargos y personal público mientras normaliza el insulto político y agita la guerra cultural en plena campaña

La alianza táctica entre el Partido Popular y Vox ha encontrado un nuevo campo de pruebas en el Senado. El 4 de febrero, en plena pugna electoral de las derechas y a pocos días de los comicios en Aragón, ambas formaciones han reactivado una proposición de ley registrada en 2023 para “proteger símbolos oficiales”. El enunciado es aséptico. El contenido, no. El texto abre la puerta a sanciones administrativas al margen del Código Penal, con castigos que alcanzan el cese, la pérdida de indemnizaciones y la inhabilitación hasta cuatro años para quienes ocupen cargos o trabajen en la administración y exhiban símbolos considerados “partidistas”, una categoría deliberadamente indeterminada.

La ponente de la norma, María del Mar Blanco, ha despejado dudas desde la tribuna. La diana es la bandera palestina. También lo son, por extensión, las expresiones de solidaridad, las críticas a la Corona y cualquier gesto que incomode al nacionalismo institucional. No hay definición jurídica precisa, pero sí una invitación a sancionar y a denunciar. La ley introduce una lógica de delación, obliga a empleadas y empleados públicos a vigilar y actuar, y normaliza la denuncia anónima como mecanismo de control interno.

El contexto importa. Tras el fiasco de Extremadura, con Vox rozando el 20 % en las encuestas, el PP endurece el discurso para disputar electorado ultra. La norma aguardó dos años en un cajón y sale ahora, cuando conviene. No es neutralidad, es cálculo. Y no es defensa institucional, es guerra cultural.

UNA LEY PUNITIVA SIN DEFINICIÓN Y CON DELACIÓN

El articulado no concreta qué es “simbología partidista”. La responsabilidad se desplaza al Poder Judicial, que debería interpretar límites inexistentes. Se legisla desde la ambigüedad para ampliar el margen sancionador. Se castiga sin tipificar, se amenaza sin precisar. El resultado es inseguridad jurídica para quienes sostienen los servicios públicos.

Blanco sostuvo que “no se imponen ideas, se fijan límites”. El límite, sin embargo, es ideológico. Se invoca la “neutralidad” mientras se criminaliza la solidaridad con Palestina, se señala a ayuntamientos de Catalunya y Navarra, se mezclan pitadas deportivas con “ultraje” institucional y se confunde discrepancia con deslealtad. Se promete respeto y se habilita el castigo administrativo. Se habla de convivencia y se instala el miedo en los despachos.

Las consecuencias están escritas: cese, pérdida de indemnización y prohibición de nuevo nombramiento durante cuatro años. Las fechas y cifras importan: 2023 como origen oportunista, 2026 como detonante electoral, cuatro años como horizonte punitivo. La ley no persigue conductas, persigue mensajes.

Las y los portavoces críticos lo dijeron sin rodeos. Desde el PSOE, Juan Espadas calificó la norma de inconstitucional y alertó de la delación contra trabajadoras y trabajadores. Más Madrid, con Carla Antonelli, preguntó si la bandera LGTBIQ+ quedaría afectada. No hubo respuesta. El PNV habló de uso partidista de las instituciones. Junts advirtió del efecto bumerán: cuanto más compite el PP con Vox, más gana Vox. ERC recordó la doctrina constitucional: España no es una Constitución militante.

PALESTINA COMO OBSESIÓN Y EL DOBLE RASERO DEL INSULTO

La fijación con Palestina atraviesa el debate. Se señala a Rivas Vaciamadrid, se reprende a Casarrubuelos, se acusa al delegado del Gobierno de “silencio”, y se convierte la solidaridad en falta disciplinaria. Mientras tanto, la derecha normaliza el insulto político. “Pedro Sánchez, hijo de puta” se pronuncia sin consecuencias. La vara de medir es obscena: la ofensa al presidente se tolera, la bandera palestina se castiga.

El comodín de ETA reaparece como coartada moral. Se invoca a las víctimas para blindar símbolos y se reescribe la memoria como arma. Se mezclan compras imposibles con banderas. Se acusa al Gobierno de cobardía y se elude condenar la violencia verbal cuando conviene. Neutralidad para unas, impunidad para otros.

La propia defensa de la ley lo delata. “No es diálogo, es rendición”, “no es neutralidad, es cobardía”. Frases gruesas para una norma vaga. Se legisla para intimidar y se gobierna a golpe de consigna. Las enfermeras y enfermeros, las y los docentes, las trabajadoras y trabajadores públicos quedan atrapados entre la amenaza y la denuncia, obligados a vigilar símbolos mientras la política se degrada en el insulto.

No es una ley de símbolos. Es una ley de silencios impuestos. Y cuando el Estado convierte la delación en virtud y la solidaridad en falta, la democracia deja de ser un marco y pasa a ser un decorado.