Perú vuelve a contener el aliento: Sánchez roza la presidencia mientras el fujimorismo prepara otra guerra contra las urnas
Perú vuelve a contener el aliento. Otra elección decidida por décimas. Otra noche en la que el fujimorismo empieza a hablar de “prudencia”, “espera” y “calma” justo cuando los votos rurales empiezan a desmontar el relato que daban por hecho.
Los conteos rápidos apuntan a una victoria mínima de Roberto Sánchez frente a Keiko Fujimori. Muy mínima. Dentro del margen de error. Pero suficiente para que la derecha peruana y sus aliados internacionales entren en modo alarma. Porque no es solo una elección. Es el choque entre un país agotado de élites corruptas y autoritarias y otro que intenta salir de una década de caos institucional, golpes parlamentarios y presidentes derribados uno tras otro.
Y claro. Fujimori ya deja caer lo que todos esperaban.
Que quizá el resultado no sea legítimo si ella pierde.
Lo mismo que hicieron en 2021 contra Pedro Castillo. Meses de acusaciones sin pruebas, impugnaciones masivas y campañas mediáticas para sembrar dudas sobre el voto popular. El problema no es la democracia cuando gana la derecha. El problema aparece cuando vota la periferia, el campo, el sur pobre y olvidado del país.
Porque ahí sigue latiendo el antifujimorismo.
Keiko Fujimori no es una candidata cualquiera. Es la hija de un dictador condenado por crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas y masacres. Y aun así ha conseguido reunir detrás de ella a la derecha tradicional, la ultraderecha regional, el trumpismo latinoamericano y hasta apoyos internacionales vinculados a Vox y al aparato republicano estadounidense.
Mientras tanto, Sánchez ha levantado una coalición enorme y contradictoria, sí, pero unida por algo muy simple: impedir el regreso definitivo del fujimorismo al poder.
Perú se juega mucho más que una presidencia. Se juega si acepta otra vez que una minoría poderosa convierta las urnas en sospechosas cada vez que pierde.
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En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
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