26 Jul 2026

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VÍDEOS

Vídeo | Multar una jota 

Empieza San Fermín. Y por aquí, ya se sabe, entusiasmo poco: lo del maltrato animal no se tapa con pañuelo rojo ni con tradición de postal. Pero entre el ruido, el alcohol, los toros y la liturgia turística también pasan cosas que merecen mirarse con atención. Como lo que ocurrió el año pasado, cuando miembros del Sindicato de Vivienda de Pamplona y Comarca cantaron una jota reivindicativa contra los desahucios. Una jota. Una canción popular. Cultura en la calle diciendo algo tan básico como que echar a la gente de su casa es una violencia social.

Pues bien: les han multado con 1.800 euros. No por romper nada. No por agredir a nadie. No por impedir nada. Por cantar. Y aquí está el precedente peligroso: cuando una expresión cultural en el espacio público puede acabar convertida en sanción administrativa, lo que se está castigando no es una conducta peligrosa, sino un mensaje incómodo. Hoy es una jota contra los desahucios. Mañana puede ser una pancarta, una performance, una copla, un mural o una consigna en una plaza.

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DESTACADA, POLÍTICA ESTATAL

Marlaska descubre la dignidad policial cuando el golpe viene de Peinado 

El caso Begoña Gómez se ha convertido ya en una trituradora institucional. Peinado empuja desde un juzgado una causa que cada día parece más atravesada por el ruido político. El Gobierno responde con comunicados, quejas y gestos de trinchera. La derecha agita el expediente como si hubiera encontrado petróleo. Y en medio, otra vez, el Estado se mira a sí mismo. Sus jueces. Sus policías. Sus ministros. Sus sindicatos. Su honor.

Pero la calle queda fuera de plano.

La misma calle que ha visto cargas policiales contra protestas sociales, desahucios, movilizaciones antifascistas, marchas laborales o concentraciones por Palestina. La misma calle donde se reparte autoridad a golpe de defensa extensible. La misma calle a la que luego se le pide confianza institucional, moderación y respeto.

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POLÍTICA ESTATAL

Maricarmen, 88 años, frente al escaparate inmobiliario de un país que abandona a sus mayores 

El Sindicato de Inquilinas de Madrid interrumpió el 15 de junio la intervención de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en el II Foro Inmobiliario 360º. No fue una anécdota. No fue una performance. Fue una imagen incómoda de país. Mientras la responsable estatal de vivienda hablaba en un foro con empresarios del sector inmobiliario, varias activistas pusieron sobre la mesa el nombre que las instituciones intentan convertir en expediente: Maricarmen, una mujer de 88 años con un desahucio previsto para el 24 de junio.

La escena resume demasiado bien el problema. Arriba, la política institucional hablando el lenguaje amable de los foros. Abajo, el sindicalismo de barrio recordando que hay una anciana a punto de quedarse sin casa. La vivienda convertida en negocio y la vida convertida en trámite. Ese es el país real, aunque moleste en los salones donde el ladrillo se presenta como motor económico y no como una maquinaria de expulsión.

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DESTACADA, POLÍTICA ESTATAL

Justicia a dos velocidades: seis meses bloqueando la investigación a la pareja de Ayuso mientras la UCO espera permiso para actuar 

Seis meses.
Seis meses esperando a que un juez autorice a la UCO a mirar las cuentas y sociedades de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en una investigación por presunto soborno vinculada a Quirón.

Mientras tanto, la operación ya tiene nombre dentro de la Guardia Civil: “Cirbelia”. Y lo que investiga no es precisamente menor.

Una empresa prácticamente vacía, con apenas 30.000 euros de facturación y tres máquinas de depilación amortizadas, fue comprada por medio millón de euros.