Europol ha detectado que casi 8 billones de euros se están moviendo tanto de forma legal como ilegal a destinos offshore constantemente y sus rutas son compartidas por los multimillonarios y por el narcotráfico.
Los Papeles de Pandora han desvelado a las autoridades policiales no solo los nombres de los millonarios que evaden impuestos, sino también cómo estos utilizan las redes del blanqueo de capitales y la evasión fiscal. De igual manera, esta investigación ha descubierto que las grandes fortunas internacionales comparten comportamientos con las organizaciones terroristas y del crimen organizado mundial.
En un informe publicado por Europol y titulado «Shadow Money: The International Networks of Illicit Finance» señala que los delitos financieros y económicos son una de sus principales prioridades, advierte que se ha subestimado la escalada de las actividades de lavado y blanqueo de dinero y que esta actividad sustenta una compleja y sofisticada economía criminal en toda la UE.
El informe destacó las preocupantes revelaciones de que todos los tipos de empresas legales se ven afectadas por esta situación y son potencialmente vulnerables a la explotación por parte de la delincuencia grave y organizada.
El informe afirma con contundencia que «los delincuentes controlan directamente o se infiltran en las estructuras empresariales legales para facilitar sus actividades delictivas». «Esto también les permite aprovecharse de la fachada de legitimidad y evadir la atención de las fuerzas del orden.
Los grupos delictivos también crean empresas ad hoc (es decir, empresas pantalla o empresas ficticias) y las utilizan para infiltrarse en el mercado legal», señala el texto.
Ingeniería fiscal al servicio de delincuentes
Europol afirma que se está incrementando la complejidad de las actividades de blanqueo de dinero, ya que un tercio de las operaciones de blanqueo de capitales es compleja y ahí es donde se comprueba la aparición de estos destinos con ventajas fiscales. Para ello, las organizaciones delictivas contratan a expertos en blanqueo de capitales que ofrecen sus servicios. Ingeniería fiscal al servicio de criminales económicos.
Al ocultar el origen y la propiedad de los fondos, los delincuentes pueden hacer pagos imposibles de rastrear como parte de los esquemas de corrupción. Corruptos y receptores de sobornos pueden ocultar sus fondos ilícitos, lo que dificulta la detección de la corrupción. Señala el informe que esto es especialmente preocupante, ya que los Papeles de Pandora revelan que muchos de los que ocultan activos en paraísos fiscales son responsables políticos. A estas personas se les han confiado funciones públicas prominentes y son especialmente «vulnerables» como objetivos de la corrupción.
Europol ha detectado que casi 8 billones de euros se están moviendo a destinos offshore constantemente, tanto de forma legal como ilegal. Esas rutas son compartidas por los multimillonarios y por el narcotráfico, el tráfico de armas o de personas, la explotación sexual o, directamente, las organizaciones criminales internacionales.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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