La lealtad de Macron 

Macron no actúa como un guardián de la democracia, sino como un defensor acérrimo del capital, dispuesto a sacrificar cualquier principio democrático en favor de una supuesta «estabilidad económica».

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dejado claro una vez más que su principal lealtad no es con el pueblo que lo eligió, sino con los intereses del capital. Al rechazar el nombramiento de Lucie Castets como primera ministra, tras la victoria electoral del Nuevo Frente Popular (NFP), Macron ha demostrado que la estabilidad que defiende es, en realidad, la estabilidad del poder económico. En lugar de permitir que la democracia siga su curso natural, ha impuesto un marco restrictivo donde las decisiones políticas están subordinadas a las exigencias de las grandes empresas y el capital. Este artículo examina los verdaderos motivos detrás de la negativa de Macron y las implicaciones para la democracia francesa.

EL CAPITAL COMO ARBITRO DE LA DEMOCRACIA

Desde el 26 de agosto, Francia ha sido testigo de un hecho innegable: la democracia está subordinada a los intereses del capital. La negativa de Macron a nombrar a Lucie Castets como primera ministra ha sido justificada bajo la excusa de «preservar la estabilidad institucional». Sin embargo, el discurso de Gabriel Attal, primer ministro en funciones y líder del grupo presidencial en la Asamblea Nacional, revela las verdaderas razones. Según Attal, el programa económico del NFP llevaría al «colapso económico» del país, una visión compartida por la extrema derecha y por Marine Le Pen, quien ha calificado dicho programa como «peligroso» para Francia.

Pero lo más revelador no es solo el rechazo de un programa que intenta, aunque de manera moderada, redistribuir los recursos económicos. Es la confirmación de que la política en Francia está sometida a una fuerza más imperiosa: los intereses del capital. El mismo día 26 de agosto, Patrick Martin, presidente del Movimiento de Empresas de Francia (Medef), se encargó de reiterar esta realidad en su discurso en la universidad de verano del Medef. Martin rechazó de plano el programa del NFP, asegurando que llevaría a la «degradación» del país y pidió la continuación de las políticas proempresariales, elogiando el papel del ministro saliente Bruno Le Maire como «arquitecto» de dichas políticas.

El mensaje es claro: para ser aceptable en la política francesa, cualquier programa de gobierno debe alinearse con los intereses del capital. No importa que el programa del NFP sea una versión moderada del keynesianismo, lo que importa es que no se ajuste a los dictados del capital, y por eso, debe ser rechazado.

UNA REPÚBLICA SECUESTRADA POR LA ECONOMÍA

La negativa de Macron no solo afecta al curso inmediato de la política francesa, sino que establece un precedente peligroso. A partir de ahora, cualquier candidatura a Matignon, la sede del primer ministro, deberá someterse a un filtro económico antes que democrático. En otras palabras, la política en Francia ha sido confinada a un estrecho marco de «racionalidad económica», donde cualquier desviación de las políticas proempresariales es considerada inaceptable.

Este marco de «aceptabilidad» es un claro ejemplo de cómo la política ha sido reducida a un simple apéndice de los intereses económicos. La democracia, tal como la conocemos, está en jaque en Francia. El presidente Macron no actúa como un guardián de la democracia, sino como un defensor acérrimo del capital, dispuesto a sacrificar cualquier principio democrático en favor de la estabilidad económica.

Lo que es aún más preocupante es la sumisión casi total de la política a la economía. La decisión de congelar los créditos para 2025, sin una validación parlamentaria, demuestra que el gobierno del capital no necesita siquiera de un gobierno formal para imponer sus decisiones. Es el capital el que reina, mientras que la República solo administra sus dictados. Este nuevo «orden» excluye la economía de la arena democrática, una tendencia que Macron ha defendido desde su llegada al poder en 2017.

Los macronistas han dejado claro que no aceptarán ningún compromiso que ponga en tela de juicio las políticas económicas que han favorecido al capital. Esto, a pesar de la creciente crisis política y social que estas políticas han generado. El descontento social, lejos de ser atendido, es ignorado o minimizado, creando un caldo de cultivo ideal para la extrema derecha, que se alimenta del resentimiento y la frustración de una población que se siente cada vez más marginada.

MACRON, GUARDIÁN DE UNA RELIGIÓN ECONÓMICA

Francia, que históricamente se ha enorgullecido de su laicismo y separación entre la Iglesia y el Estado, se encuentra ahora bajo la influencia de una nueva religión: la del capital. Así como los antiguos romanos consultaban a los augures para validar sus actos, la moderna República francesa no puede tomar ninguna decisión sin el visto bueno de los intereses económicos. Esta subordinación de la política a la economía no solo debilita la democracia, sino que la convierte en una mera fachada para mantener el orden económico establecido.

El capital, en lugar de ser un medio para mejorar la vida de las personas, se ha convertido en el fin último de la política. Y Macron, lejos de ser un líder democrático, se ha erigido como el sumo sacerdote de esta nueva religión económica, dispuesto a sacrificar cualquier principio democrático en el altar de la «racionalidad económica».

En resumen, la negativa de Macron a permitir que el NFP forme gobierno es un claro indicio de que la democracia en Francia está en peligro. No por la amenaza de la extrema derecha, sino por la sumisión total de la política a los intereses del capital. Macron ha demostrado que, en su visión, la estabilidad no es más que un eufemismo para la preservación del orden económico, un orden que excluye cualquier forma de disenso o cuestionamiento democrático. Francia se enfrenta a un futuro donde la política ya no gobierna, sino que obedece a los dictados del capital, un futuro en el que la democracia ha sido secuestrada por los intereses económicos.