La Fiscalía de Murcia se opone a que las investigaciones de los ataques nazis a las sedes de Podemos en Cartagena y de Izquierda Unida en San Andrés de Rábago (León) sean investigados en la Audiencia Nacional como delitos de terrorismo.
El Ministerio Público, según ha informado eldiario.es, considera que uno de los presuntos autores, que participa en ambos sabotajes, no pertenece a un grupo organizado, en contra de lo que detallan los informes de la Brigada de Información de la Policía.
Por este motivo la Fiscalía de Murcia se opone a que las investigaciones de los ataques nazis a las sedes de Podemos en Cartagena y de Izquierda Unida en San Andrés de Rábago (León) sean investigados en la Audiencia Nacional como delitos de terrorismo.
En las alegaciones de la Fiscalía, a las que ha tenido acceso elDiario.es, la fiscal María del Pilar Romera Caballero se limita a señalar que contra Francisco S. M «no concurren los elementos para afirmar la pertenencia a dicho grupo», en referencia a la organización neonazi que estaría detrás de los ataques.
Alega la fiscal que, según jurisprudencia del Tribunal Supremo, para que se dé la pertenencia a una organización terrorista debe superarse «la mera presencia o intervención episódica».
«El elemento determinante es, por consiguiente, el componente asociativo, marcado por la asunción de fines y la voluntad de integrarse en dicha organización ilícita, sin perjuicio de la mayor o menor intervención en la misma», añade la fiscal.
Sin embargo, el medio ha explicado que «la investigación policial del ataque a la sede de Podemos en Cartagena ha permitido descubrir los vínculos de sus dos presuntos autores con los grupos que controlan la ultraderecha extraparlamentaria en la Región de Murcia. La Brigada Provincial de Información sitúa a Francisco S. M. y Javier B. E. como miembros de Ultras Murcia 1908, la peña de seguidores radicales del equipo de la capital murciana que actúa como catalizador de la actividad neonazi en la la región».
Asimismo, «los investigadores también han encontrado vínculos de los dos imputados con Lo Nuestro, una organización de corte fascista y xenófobo que actúa en la zona de Levante y cuyos miembros han protagonizado diversos incidentes contra las minorías».
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Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
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