El valor del tráfico de fauna silvestre para el crimen organizado 

Rinoceronte blanco descornado por los guardaparques para protegerlo de los cazadores furtivos en la Reserva de Moremi​ en Botsuana (África). LouieLea / Shutterstock

Los delitos contra el medioambiente han comenzado a ocupar un lugar destacado en la cartera de las organizaciones criminales. Según datos de Naciones Unidas e Interpol, la prevalencia de estas actividades crece a un ritmo de entre un 5 y un 7 % anual, entre dos y tres veces más rápido que la economía mundial.

Entre estos crímenes figura el tráfico de vida silvestre, uno de los negocios ilícitos más lucrativos a nivel global, con unos beneficios situados entre los 8 000 y 20 000 millones de euros anuales.

En un estudio reciente realizado en el Departamento de Criminología y Seguridad de la Universidad Camilo José Cela, y publicado en Cuadernos de la Guardia Civil, hemos analizado cómo los grupos criminales aprovechan este delito. Hemos constatado que el tráfico de fauna silvestre es una actividad de un extraordinario valor para ellos por su bajo riesgo y sus altos beneficios.

Las ventajas del tráfico de fauna silvestre

Lo cierto es que el tráfico de fauna silvestre es un fenómeno globalmente extendido que las organizaciones combinan con otro tipo de actividades de tráfico para conseguir una mayor eficiencia en los recursos que deben invertir.

Por ejemplo, aprovechan las rutas y las formas de transporte en el tráfico de drogas para incluir nuevos productos como animales de especial interés en el mercado negro.

Pangolines y rinocerontes de los continentes africano y asiático, y tigres y elefantes de Asia son algunos de los animales más traficados a nivel mundial. Sus subespecies presentan peculiaridades de alto valor para la caza furtiva y son codiciadas como símbolo de estatus social o por sus cualidades médicas, no siempre demostradas. Todos ellos se encuentran en la lista CITES (siglas en inglés de Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre) y están considerados como especies protegidas.

El pangolín es el mamífero más afectado por el tráfico de especies en el mundo. Sus escamas son muy demandadas en Asia para uso medicinal.
Vickey Chauhan / Shutterstock

El tráfico de fauna constituye un delito especialmente difícil de perseguir dado el entramado de países de origen, tránsito y destino, además del blanqueo de beneficios relacionado con el tráfico internacional.

A lo anterior debe sumarse la enorme complejidad que supone verificar los envíos del comercio ilegal a gran escala, y el alto nivel de conocimiento que exige su detección ya sea por un experto o por una herramienta especializada.

Además, a pesar de las importantes diferencias regulatorias entre países, lo cierto es que es un delito menos penado y menos perseguido que otros tráficos, como el de drogas o personas, por su menor impacto directo a corto plazo en la ciudadanía.

Todo esto supone una oportunidad para el crimen organizado de probar nuevas rutas y metodologías de transporte con animales con un menor riesgo, para posteriormente emplearlas en otras actividades delictivas más arriesgadas.

Adicionalmente, la fauna permite ocultar drogas gracias a las combinaciones de cargas. Así lo ilustra el hallazgo de ejemplares de serpientes boa constrictor con cocaína dentro, de colmillos de elefante con hachís y de aves exóticas con pastillas de metanfetamina.

El papel de España

La privilegiada situación geográfica de España, estratégica para todo tipo de tráfico internacional que conecte los continentes americano y africano con el europeo, le confiere un papel trascendental en este fenómeno.

En el sentido opuesto, también es un enclave estratégico para la detección de delitos de tráfico de todo tipo de productos, animales incluidos.

Lo cierto es que, en este sentido, España ha sido pionera en la lucha contra el tráfico de fauna silvestre en particular, y contra los delitos de medioambiente en general, gracias a la creación de un cuerpo el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA): se trata de una policía integral dedicada a la protección del medioambiente y cuyo modelo se ha ido imitando paulatinamente en diversos países y cuerpos en sus más de 30 años de vida.

Una piel completa de 3,5 metros de longitud de un espécimen de Crocodylus acutus o cocodrilo americano capturada por el SEPRONA de la Guardia Civil el 30 de octubre de 2018 en Santa Úrsula (Santa Cruz de Tenerife). El Crocodylus acutus se encuentra protegido tanto por la legislación internacional a través del Convenio CITES, como por la normativa comunitaria.
Guardia Civil

¿Cual es el futuro del tráfico de fauna?

Lo cierto es que la pérdida de biodiversidad, enmarcada en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 15 de Naciones Unidas (ODS 15), se configura ya como uno de los elementos centrales en seguridad para 2023. Así lo indica el Foro Económico Mundial, estableciéndola como décimo octava amenaza a corto plazo y como cuarta amenaza a largo plazo.

Hasta hace 50 años, prácticamente no había preocupación por los delitos medioambientales y mucho menos por el tráfico de vida silvestre. Pero en 1963 se redactó el Convenio CITES, como resultado de una resolución aprobada en un encuentro de los miembros de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN). El objetivo era proteger a ciertas especies de la explotación excesiva o, incluso, de su extinción.

El texto se acordó en una reunión de representantes de 80 países y entró en vigor el 1 de julio de 1975. Desde entonces, existen importantes encuentros internacionales y operaciones policiales y judiciales de gran éxito. Actualmente, 184 países han firmado el acuerdo.

Queda mucho camino por recorrer. Países como España seguirán desempeñando un papel crítico no sólo por su posición geoestratégica para el tráfico, sino especialmente por su esfuerzo por proteger la naturaleza mediante la preparación de policías o fiscales en este ámbito. Además, también destaca la sensibilización ciudadana que exige a los poderes públicos que doten adecuadamente a sus cuerpos y organismos para llevar a cabo su labor de protección medioambiental.

Las entidades públicas y privadas atenderán los asuntos medioambientales con la seriedad que merecen (superando el greenwashing) siempre que clientes y ciudadanía les exijamos el cumplimiento de unos mínimos de respeto a los ecosistemas. Esto es válido para todo tipo de acciones, desde exigir a las empresas que reduzcan la contaminación hasta dotar a las entidades pertinentes de recursos para luchar contra el tráfico ilegal de animales exóticos.

Carmen Jordá Sanz es investigadora en Prosegur Research, y responsable de Inteligencia y Prospectiva en Prosegur.