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La Casa Blanca se vacía de leyes mientras se llena de donantes. Andreessen, Musk y otros magnates tecnológicos han convertido su apoyo político en un blindaje frente a las sanciones y una alfombra roja para sus negocios financieros.
EL NUEVO CAPITALISMO SIN FRENO
El capitalismo digital ya no disimula su rostro. Silicon Valley, antaño sinónimo de innovación, se ha convertido en el laboratorio de una vieja idea: el poder del dinero por encima de cualquier norma pública. Marc Andreessen, uno de los inversores más influyentes de Estados Unidos, es su emblema.
Desde 2016, su firma Andreessen Horowitz (A16Z) ha financiado al menos ocho empresas investigadas por la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB), el organismo creado tras la crisis de 2008 para evitar que los bancos y las fintech esquilmen a la población. Aquella agencia, nacida para proteger a la gente corriente, ha sido desmantelada en tiempo récord tras el regreso de Donald Trump a la presidencia.
El resultado es claro: las investigaciones contra las empresas de Andreessen se han congelado, los acuerdos judiciales se han renegociado a la baja y las sanciones se han reducido a cantidades ridículas. Wise, una compañía de transferencias internacionales, pasó de pagar 2 millones de dólares por engañar sobre comisiones a desembolsar apenas 45.000.
El propio Andreessen, que llegó a donar más de 5 millones de dólares a la campaña republicana y otros 33 millones a grupos del lobby cripto, había definido a la CFPB como “una organización diseñada para aterrorizar las finanzas”. Ahora, el terror ha cambiado de bando.
CUANDO LOS AMIGOS DEL PODER DICTAN LAS LEYES
El vaciamiento del regulador financiero no es un descuido técnico, sino una operación ideológica y económica a gran escala. La llamada “Oficina de Eficiencia Gubernamental” dirigida por Elon Musk —DOGE, por sus siglas en inglés— ha intervenido directamente para paralizar investigaciones y rediseñar el organismo a gusto de los inversores tecnológicos.
El daño no es abstracto. Según el exfuncionario Mike Pierce, hoy director de Protect Borrowers, “si no hay perro guardián, la gente acaba herida”. Se refiere a las familias que usan aplicaciones como EarnIn, Point Digital Finance o Greenlight, todas financiadas por Andreessen.
EarnIn prometía adelantos de sueldo sin intereses, pero cobraba “propinas voluntarias” que en realidad engordaban los beneficios de la empresa. Point compraba parte de las viviendas de sus clientes a cambio de una suma inmediata, ocultando costes y fórmulas de cálculo abusivas. Greenlight, la tarjeta para menores, decía permitir transferencias “instantáneas” que en realidad tardaban días.
Durante el Gobierno de Biden, el regulador pretendía investigar no solo a las compañías sino también a los fondos de inversión que las respaldaban, un paso crucial para hacer responsables a los multimillonarios que se esconden tras la fachada de las startups. Esa línea de investigación fue barrida del mapa en febrero, tras la orden de Trump de paralizar todas las actuaciones abiertas.
EL CAPITALISMO FINTECH COMO NUEVA ARISTOCRACIA
El caso Andreessen revela algo más profundo: la mutación de Silicon Valley en una aristocracia rentista, heredera del poder bancario que decía combatir. La retórica de la “disrupción” solo encubre una búsqueda de privilegios fiscales, opacidad y control del sistema financiero global.
Los mismos magnates que se vendieron como rebeldes libertarios son hoy los arquitectos de una economía sin ley, donde la palabra “innovación” justifica cualquier abuso. Mientras millones de personas dependen de préstamos exprés, las corporaciones rediseñan el tablero con algoritmos que deciden quién merece crédito y quién merece hambre.
El propio Trump justificó la mutilación de la CFPB como un acto “contra la burocracia”, cuando en realidad era un pago de favores. El mensaje es nítido: quien financie al poder, queda exento de culpa.
Nikita Aggarwal, profesora de Finanzas en la Universidad de Miami, lo resume sin eufemismos: “Si no puedes influir al regulador, elimínalo”. Y eso es exactamente lo que ha hecho la administración Trump: suprimir el control para asegurar la ganancia.
En agosto, el último gesto simbólico: la empresa Synapse Financial Technologies, otro proyecto respaldado por A16Z, fue acusada de perder millones en fondos de clientes. La multa final fue de un dólar. Una burla institucional.
El sueño tecnológico se ha convertido en una coartada del poder. Los algoritmos ya no predicen el futuro: lo compran.
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Netanyahu ya no disimula: Gaza se ocupa por porcentajes
Netanyahu ya no disimula. Gaza se está ocupando por porcentajes: primero el 52%, luego el 60%, ahora ordena avanzar hasta el 70% y, cuando el público le pide el 100%, responde con una broma: “vayamos en orden”.
Eso no es seguridad. Es desposesión administrada. Es convertir un alto el fuego en una coartada para encerrar a 2,1 millones de personas en cada vez menos territorio, mientras el mundo finge sorpresa ante una estrategia que lleva meses desplegándose delante de todos.
Cuando un Gobierno habla de ocupar Gaza por fases, ya no estamos ante una guerra: estamos ante un plan.
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Contra el racismo institucional: Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le contestó con una palabra incómoda, pruebas
Ayuso intentó vender colapso y el Supremo le ha contestado con lo único que desmonta la propaganda: pruebas. Y no las había. Ni de que la sanidad fuera a hundirse, ni de que la educación fuera a reventar, ni de que Madrid fuese a convertirse en una especie de apocalipsis administrativo por regularizar a personas migrantes.
El truco es viejo y miserable: primero deterioran lo público y luego culpan a quienes llegan buscando derechos, trabajo y una vida posible. No era gestión. Era racismo institucional con membrete oficial.
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La SER intenta vender como relevo natural lo que suena demasiado a operación de poder.
Aimar Bretos asumirá Hoy por hoy el 31 de agosto, tras la salida de Àngels Barceló después de 21 años en la cadena y 7 al frente del programa. El problema no es Bretos. El problema es ese viejo truco de llamar “pluralidad” a lo que muchas veces significa presión editorial, ajuste interno y disciplina empresarial.
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Defensa entregó a una empresa nacida en el ecosistema de la CIA una pieza sensible de la inteligencia militar española, sin publicidad, con una sola oferta y bajo una capa de secreto que huele demasiado a negocio blindado.
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Mientras nos hablan de modernización, eficiencia y seguridad, el Estado español abre la puerta de su inteligencia militar a una de las empresas más vinculadas al negocio global de la vigilancia, la guerra y el poder algorítmico. Te lo contamos en #ReportajesSR. Presentado por Patricia Salvador.