Estados Unidos reveló este miércoles los resultados de una investigación que muestra la muerte de cientos de niños indígenas en internados dirigidos por el Gobierno del país.
Deb Haaland, secretaria de Interior y del Gobierno de Joe Biden y la primera indígena en formar parte del Gabinete estadounidense, dio a conocer los primeros resultados de la investigación puesta en marcha por su departamento sobre estos internados, que funcionaron en Estados Unidos desde 1819 hasta 1969.
Según las primeras conclusiones, cientos de niños murieron en estos internados de “asimilación” repartidos por 37 estados del país, aunque podrían ser muchos más, a la vista de las primeras averiguaciones.
Así, el informe explica que muchos de los fallecidos fueron enterrados en sitios sin marcar lejos de los asentamientos de sus tribus. De momento, se han localizado 53 zonas de enterramientos en la red, pero se espera encontrar muchas más, ha noticiado la Agencia EFE.
Cuenta además que en muchas ocasiones los internos eran sometidos a trabajos forzosos y educados al estilo militar o que tenían prohibido, bajo amenaza de duros castigos, hablar en sus lenguas propias o practicar sus religiones.
“Procedo de antepasados que sobrevivieron los horrores de las políticas de asimilación llevadas a cabo por el mismo departamento que ahora dirijo. Ahora, podemos ayudar en el esfuerzo de recuperar la oscura historia de estas instituciones que persiguieron a nuestras familias durante tanto tiempo”, dijo Haaland.
Añadió que las consecuencias de aquel sistema y el “trauma intergeneracional” que provocaron son “innegables y “desgarradoras”.
Por su parte, el subsecretario responsable de Asuntos Indígenas, Bryan Newland, señaló que el informe abre la oportunidad de reorientar las políticas federales para revitalizar las prácticas culturales y linguísticas que el gobierno estadounidense trató de destruir durante dos siglos.
El programa federal «desplegó métodos sistemáticos militarizados de alteración de la identidad para tratar de asimilar por medio de la educación» a los niños de comunidades nativas, en particular dándoles un nombre anglófono o cortándoles el cabello.
Deborah Parker, de la coalición nacional de sanación de los nativos americanos internados en esos centros, destacó las consecuencias devastadoras a largo plazo de estas escuelas.
«Después de generaciones, aun no sabemos cuantos niños estuvieron allí. Cuántos niños murieron, cuántos niños estuvieron asustados de por vida por estas instituciones federales» dijo Parker en una rueda de prensa.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
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