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En 2017, el año que empecé mi tesis doctoral, cuando uno buscaba información sobre la dura campaña de ETA contra el narcotráfico de heroína, la mayoría de entradas no hablaban de las víctimas de los atentados, sino de un presunto plan del Estado español para intoxicar a la juventud vasca y así destruir las bases del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV). Una teoría de la conspiración muy extendida y consolidada que, sin ningún tipo de rigor histórico o académico, ha conseguido una legión de adeptos dentro y fuera del País Vasco.
De hecho, la falta de una historia social de la crisis de la heroína ha hecho que con el paso de los años se consolide una visión deformada de los años 80 del pasado siglo, que está muy alejada de la realidad de los datos y las estadísticas.
Un ejemplo, en 1985 la primera investigación a gran escala del Ministerio de Sanidad estimó que en España el número de heroinómanos oscilaba entre 80 000 y 125 000. En cuanto a los consumidores habituales, en su Memoria de 1987, la Delegación del Plan Nacional de las Drogas calculó que aproximadamente podrían estar enganchados en torno a los 230 000. Para esas fechas, estamos hablando de un porcentaje de adictos inferior al 0.5% y menos de un 1% de consumidores habituales del total de la población española.
Pero este pequeño porcentaje tuvo un gran impacto social precisamente porque alimentó la grave crisis de seguridad ciudadana de la transición, en la que el Estado, en pleno proceso de transformación, no supo afrontar determinadas problemáticas sanitarias y sociales.
Para complicar aún más la cuestión, la aparición en escena del sida a mediados de los años 80 mitificó aún más el fenómeno por la elevada mortalidad de principios de los años 90 (por ejemplo, 736 muertes asociadas a la heroína en 1990), momento en que alcanzó su punto álgido llegando a ser según algunos estudios la primera causa de muerte entre los jóvenes de las grandes ciudades. Aun así, la heroína tuvo un exceso de protagonismo y distorsionó la visión de otras adicciones, como el alcohol, que según datos del Ministerio de Sanidad superaba las 12 000 muertes anuales.
ETA y la conspiración de la heroína
Por esta razón, en el libro que recientemente he publicado en la editorial Catarata, ETA y la conspiración de la heroína, analizo en profundidad el impacto de la crisis de la heroína en el País Vasco y explico las causas y factores que permiten comprender por qué tuvo una mayor incidencia de consumo que otras regiones de España. Factores tales como la configuración social en “cuadrillas”, los altos niveles de consumo de alcohol o la incapacidad de las fuerzas de seguridad del Estado para actuar en materia de drogodependencias por la necesidad de autoprotección.
Pero cualquier explicación razonada de la crisis de la heroína fue puesta en duda tras el primer atentado de ETA contra el narcotráfico en 1980. El 27 de abril la banda declaró oficialmente la guerra contra la “mafia de la droga” con la voladura del pub El Huerto, de San Sebastián. A la semana siguiente, el diario Egin difundió un largo comunicado para reivindicar esta acción contra este supuesto punto de venta de droga:
“Se corrompe a la sociedad vasca y se desorienta a la juventud en el verdadero objetivo de liberación personal y colectiva que se manifiesta en la lucha revolucionaria. Nuestros esfuerzos se dirigirán a realizar ataques de advertencia sobre establecimientos de distribución y consumo de tales productos, así como a realizar ataques de eliminación física sobre miembros significados de este alienante y corrompido mundillo de la droga”.
“La voladura del pub El Huerto de San Sebastián, inicio de este tipo de acciones”, Egin, 03-05-1980
Por culpa de la intromisión de la organización terrorista y su entorno, la cuestión se politizó y se perdió toda objetividad. Los medios de comunicación, los partidos políticos y algunos médicos especialistas participaron del juego, la especulación sustituyó a la razón y, en este terreno, la izquierda abertzale se movió como pez en el agua.
En total, entre 1980 y 1994, la organización asesinó, utilizando la “excusa” de la droga, a cuarenta y tres personas repitiendo en sus comunicados el mismo mantra: la víctima era un confidente y traficante de droga que trabajaba para las fuerzas de seguridad del Estado.
Una idea ya presente en uno de los primeros atentados de la campaña:
“A partir de ahora combatiremos con todos los medios a nuestro alcance a todos aquellos traficantes y distribuidores de droga dura en Euskadi Sur que actúan en estrecha colaboración con la Policía y para quienes la libertad personal y colectiva del pueblo vasco no es sino un objeto de compraventa en el plano socio-político que se enmarca en la estrategia genocida del Estado español contra Euskadi”.
“El propietario del bar Copos de San Sebastián, acusado por ETA (m) de traficar con heroína”, Egin, 01-11-1980.
Muchos de los asesinados no tenían nada que ver con la heroína, como Agapito Sánchez Angulo, un joven peluquero de Portugalete asesinado en enero de 1985 por un rumor infundado de una excuñada que no tenía ningún tipo de prueba. A pesar de ello, ETA no dudó en acusarle en un breve y duro comunicado:
“Agapito era uno de los traficantes de heroína que más destacaban en la villa de Portugalete, que había sido elegida por los enemigos de la causa vasca para, a través de la droga, romper su ritmo”.
“ETA revindicó el atentado contra Agapito Sánchez”, Egin, 22-01-1985.

Las víctimas
La mancha del narcotráfico fue permanente para las víctimas y sus familias, quienes, impotentes ante las acusaciones de ETA, intentaron, la mayoría sin éxito alguno, defenderse de una acusación que no presentaba prueba alguna. Olvidadas y enterradas por “el algo habrá hecho” que, como a tantas otras víctimas, las ha relegado a la desmemoria.
Precisamente, sobre este hecho reflexionó en su momento Gregorio Ordoñez, quién, a raíz de uno de los atentados de esta campaña, el del matrimonio de Miguel Paredes y Elena Moreno en San Sebastián en 1990, afirmó a la prensa lo siguiente:
“Hasta en los muertos hay ciudadanos de primera y de segunda categoría, porque cuando el asesinado por ETA lleva banda de música, desde el ministro del Interior hasta el último concejal se empujan para salir en la foto, pero cuando los muertos son una pareja de desconocidos como Miguel y Elena no se ve a los políticos importantes por ninguna parte”.
“El funeral por el matrimonio asesinado en San Sebastián se ofició en estricta intimidad”, El Diario Vasco, 10-04-1990.

ETA y las drogas
Al fin al cabo, una campaña de atentados llena de contradicciones por las implicaciones de la organización terrorista con el narcotráfico, puesto que la banda estuvo en constante contacto directo con este entramado internacional mafioso para poder blanquear dinero, conseguir armas y abastecer sus comandos.
Dos ejemplos recientes. En la década del año 2000 investigaciones de la jueza francesa Laurence Le Vert y la fiscalía alemana de Augsburgo determinaron que la organización terrorista vasca había lavado dinero con fondos procedentes del tráfico de cigarrillos y blanqueados en bancos suizos.
También en España, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) desarrolló numerosas investigaciones sobre la financiación de ETA y sus mecanismos de blanqueo. Solo entre 2004 y 2006, ambos incluidos, el SEPBLAC llevó a cabo 296 operaciones relacionadas con ETA.
En cuanto al consumo de drogas, el frontal rechazo de la dirección de ETA a la heroína y otras sustancias no impidieron que dentro de sus filas surgieran diferentes problemas asociados a las toxicomanías. De hecho, la banda como parte de la sociedad vasca, tuvo que hacer frente a las mismas problemática y no comprendió que incluso ellos mantenían una relación compleja con las drogas. Casos como el del máximo responsable del “comando Txarito” que en 1987 ingresó por su adicción a la heroína en un centro de rehabilitación de El Patriarca en Mondoñedo (Galicia). Detenido dos años más tarde en casa de un nacionalista bretón cerca de Nantes, el 30 de noviembre de 1990 fue condenado por la justicia francesa a siete años de prisión, donde murió años después de VIH en una cárcel a las afueras de París.
Otro caso muy simbólico fue precisamente el de uno de sus últimos líderes, Garikoitz Aspiazu Rubina, Txeroki. La madrugada del 17 de noviembre del año 2008, el máximo responsable de la banda fue detenido por la Policía Judicial francesa en Cauterets, una localidad de los Pirineos al suroeste del país. Entre los documentos y material incautado en el piso, la policía encontró cerca de cien gramos de hachís, una pequeña piedra para consumo propio. El mismo día de la detención, el por entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, confirmó la aprehensión del hachís y valoró este hecho:
“Si históricamente ETA ha combatido con saña a los narcotraficantes con argumentos sobre la pureza de la juventud vasca, parece que en esto no tienen una moral muy clara. Por hablar de moral, que yo creo más bien que habría que hablar de amoralidad, pero, en fin, mientras persiguen narcotraficantes parece que ellos se fuman unos cuantos porros”.
Fragmento de la rueda de prensa del Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 18-11-2008
La conspiración y sus adeptos
En definitiva, una serie de factores fueron aprovechados por ETA para atacar al Estado e instalar en el imaginario colectivo de la sociedad vasca la posibilidad de una conspiración a gran escala contra la juventud vasca.
Una teoría integrada en el pensamiento político de la izquierda abertzale y que reúne todas las características típicas de las conspiraciones: Unos hechos sin verificar, una explicación alternativa a la versión oficial, de marcado carácter sensacionalista, en la que nada ocurre por accidente, todo es un plan orquestado por los conspiradores y son ellos quienes controlan a la sociedad y los medios de comunicación para evitar que el plan se conozca.
Conspiraciones secretas, como la del Informe Navajas, una serie de informes preliminares escritos por el fiscal Luis Navajas sobre un posible foco de corrupción de contrabando en el cuartel de Intxaurrondo, que nunca fue probado en sede judicial, pero que sirvió para alimentar todo tipo de elucubraciones desde la izquierda abertzale y desde el equipo de investigación de Egin encabezado por Pepe Rei.
Una teoría de la conspiración que para ser desmontada exige contrastar toda la información publicada sobre el tema, reunir todas las fuentes posibles, investigar y finalmente determinar que no hay ninguna prueba sólida para sostener que el Estado intoxicó con heroína a la juventud vasca.
En definitiva, mi ensayo creo que servirá para que mucha gente de todos los arcos ideológicos comprenda la complejidad de la crisis del fenómeno de la heroína y entienda que no hubo ninguna conspiración. Hay causas y factores que explican racionalmente la problemática; es tan simple como que el Estado no estaba listo para hacer frente a un fenómeno de tal magnitud y no se tomaron las mejores decisiones para desarrollar una política de drogodependencias efectiva.
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Pablo García Varela no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
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