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El expresidente comparecerá el 2 de junio como investigado en la Audiencia Nacional mientras crecen las dudas sobre Plus Ultra, las comisiones, Dubái y el dinero que acabó en la empresa de sus hijas.
José Luis Rodríguez Zapatero pasó años construyendo una imagen de político dialogante, moderado, casi inmune al barro. Un expresidente que daba conferencias internacionales, mediaba en conflictos y se movía entre despachos empresariales y foros diplomáticos con esa sonrisa tranquila de quien cree haber salido ileso de la política española. Pero la Audiencia Nacional acaba de colocar una bomba debajo de ese relato. Y no es una bomba pequeña.
El juez José Luis Calama sostiene en un auto de 88 páginas que Zapatero sería el presunto líder de una trama organizada de tráfico de influencias vinculada al rescate público de Plus Ultra. Hablamos de los 53 millones de euros concedidos a la aerolínea durante la pandemia. Dinero público. Dinero de todas y todos. Dinero destinado supuestamente a salvar empresas estratégicas mientras miles de pequeños negocios se hundían sin red.
Y ahora la pregunta ya no es solo judicial. También es política. Moral. Porque cuando un expresidente del Gobierno aparece relacionado con sociedades opacas en Dubái, comisiones millonarias, contactos ministeriales y pagos a la empresa de sus hijas, no basta con refugiarse en comunicados vagos o en el “todo se aclarará”. No. Hay demasiadas preguntas encima de la mesa.
Preguntas muy concretas.
EL “GRUPO ZAPATERO”, LAS COMISIONES Y EL DINERO
El núcleo del caso gira alrededor del empresario Julio Martínez Martínez. Amigo personal de Zapatero. Compañero habitual de carreras, según reconoció el propio expresidente. El juez sostiene que era mucho más que eso. Mucho más.
Según la investigación, Martínez actuaba como captador de clientes y supuesto intermediario de la red. La gran cuestión es sencilla: ¿Zapatero sabía lo que hacía su amigo o todo ocurrió mágicamente a sus espaldas mientras su nombre abría puertas?
Porque aquí aparecen contratos muy concretos. Uno firmado con Plus Ultra apenas un mes después de que el Gobierno aprobara el fondo de rescate para empresas estratégicas durante la pandemia. Otro que contemplaba una comisión del 1% más IVA, es decir, unos 630.000 euros, si la ayuda pública acababa llegando.
Y luego está Dubái. Siempre aparece Dubái cuando alguien necesita que el dinero viaje discretamente.
El juez sostiene que se creó una sociedad opaca allí para canalizar pagos y evitar rastros en España. Una acusación gravísima. De las que no se tapan diciendo que todo es una persecución política. Zapatero tendrá que explicar si dio instrucciones, si conocía la operación o si simplemente decidió no preguntar demasiado. Que también pasa mucho en las élites españolas. Demasiado.
La investigación también apunta a una carta enviada al Banco Santander utilizando supuestamente el nombre de Zapatero para facilitar un crédito ICO a Plus Ultra. Otra vez la misma pregunta: ¿sabía que su influencia se estaba usando para abrir puertas financieras o prefiere que creamos que todo el mundo actuaba invocando su nombre sin consultarle nada?
Y quizá el detalle más demoledor del auto sea casi el más sencillo. Directivos de la trama hablaban internamente del “Grupo Zapatero”. Así. Sin matices. Sin esconderse demasiado.
No parece precisamente el apodo de alguien ajeno a la operación.
PLUS ULTRA, LOS CONTACTOS POLÍTICOS Y LA EMPRESA DE SUS HIJAS
La otra gran pata del caso es el supuesto uso de influencia política para conseguir el rescate de Plus Ultra, aprobado el 9 de marzo de 2021. Ahí es donde la investigación entra en terreno especialmente tóxico para cualquier democracia.
Porque no estamos hablando solo de amistades empresariales. Estamos hablando de posibles contactos directos con ministros y organismos públicos mientras se decidía el destino de decenas de millones de euros públicos.
El juez quiere saber si Zapatero habló del rescate y del aplazamiento de deudas de Plus Ultra con el entonces ministro José Luis Escrivá en una reunión celebrada en septiembre de 2020. Quién pidió el encuentro. Qué se habló realmente. También si contactó con José Luis Ábalos o con miembros de la SEPI para influir en la decisión final.
Y aparece Venezuela. Otra vez. La investigación sostiene que Julio Martínez habría ejercido presiones sobre autoridades aeronáuticas venezolanas para asegurar permisos de aterrizaje de Plus Ultra presuntamente en nombre de Zapatero.
Todo gira alrededor de la misma idea: influencia. Acceso. Poder convertido en negocio. Esa vieja enfermedad española donde los contactos valen más que las reglas y donde demasiados expresidentes acaban orbitando alrededor de consejos de administración, lobbies y operaciones oscuras.
Pero hay un punto especialmente delicado. La empresa de sus hijas.
Whathefav SL, creada en junio de 2019, facturó 1,57 millones de euros hasta 2024 con apenas seis personas en plantilla. Según el juez, recibió 985.219 euros procedentes de empresas relacionadas con la trama entre 2020 y 2025.
La defensa dice que realizaban trabajos de maquetación e informes. El juez habla de posibles indicios de sociedad instrumental. Son dos versiones completamente distintas de la realidad.
Y aquí Zapatero ya no puede refugiarse únicamente en tecnicismos jurídicos. Porque la cuestión política es devastadora: ¿cómo una pequeña empresa vinculada a la familia de un expresidente acaba moviendo semejantes cantidades de dinero dentro de un entramado investigado por tráfico de influencias?
Esa es la pregunta que millones de personas van a hacerse aunque nunca lean el sumario.
Zapatero tiene derecho a la presunción de inocencia. Faltaría más. Pero la ciudadanía también tiene derecho a exigir explicaciones claras cuando un expresidente aparece rodeado de comisiones, rescates públicos, sociedades en Dubái y casi un millón de euros acabando en la empresa de sus hijas.
Porque hay algo obsceno en todo esto. Mientras durante la pandemia miles de autónomas y autónomos hacían colas para sobrevivir, mientras pequeñas empresas quebraban y familias enteras se hundían, otros parecían estar demasiado cerca del lugar donde se repartían los millones.
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Y yo pensaba que era el juez el que tiene que dar indicios válidos, para imputar a alguien… y te atreves poner que el juez ve POSIBLES indicios…vaya chiste, sino fuera lawfare!!!