Ayuso elimina requisitos para ayudas a empleadas del hogar mientras exige años de residencia a madres vulnerables 

La Comunidad de Madrid flexibiliza las condiciones para subvenciones ligadas a familias con altos ingresos mientras mantiene barreras durísimas para mujeres migrantes y hogares precarios.

La Comunidad de Madrid lleva años vendiendo su modelo como una supuesta defensa de la libertad. Libertad para elegir colegio. Libertad para heredar millones pagando menos impuestos. Libertad para convertir la vivienda en un negocio financiero. Ahora también libertad para subvencionar a quienes pueden contratar empleadas del hogar mientras se levantan muros burocráticos contra madres vulnerables y familias empobrecidas. El problema ya no es solo político. Empieza a parecer una cuestión moral.

Las ayudas destinadas a contratar empleadas del hogar son, según denuncia el PSOE-M, las únicas subvenciones de la Comunidad donde no se exige justificar residencia legal ni antigüedad en el empadronamiento. Basta con demostrar un empadronamiento efectivo un mes antes en el domicilio donde trabajará la persona contratada. Nada más.

Mientras tanto, para acceder a ayudas a la maternidad, las mujeres deben acreditar hasta 10 años de empadronamiento, cinco de ellos en Madrid, además de residencia legal. Para la Renta Mínima de Inserción se exige un año de antigüedad. Y las ayudas dirigidas a familias con hijos e hijas en cuidados paliativos también imponían requisitos similares.

No es un simple detalle administrativo. Es una radiografía bastante precisa de las prioridades políticas de Isabel Díaz Ayuso.

AYUDAS FLEXIBLES PARA QUIENES PUEDEN PAGAR CUIDADOS

La portavoz socialista de Políticas Sociales en la Asamblea de Madrid, Lorena Morales, define esta situación como un caso de “racismo selectivo” y clasismo institucional. Y cuesta decir que exagera. Porque el diseño de estas ayudas deja bastante claro a quién van dirigidas realmente.

El límite económico para optar a estas subvenciones se sitúa en 30.000 euros per cápita dentro de la unidad familiar. Traducido: una familia de cinco miembros puede ingresar hasta 150.000 euros anuales y seguir recibiendo dinero público para contratar servicio doméstico.

La Comunidad insiste en llamarlas ayudas para la conciliación. Pero una buena parte de las familias trabajadoras ni siquiera puede imaginar contratar una empleada del hogar. Mucho menos adelantar salarios, cotizaciones y costes asociados. La propia Morales lo resume de forma bastante directa: “Una persona con una renta normal no se puede permitir contratar a una empleada del hogar”.

Los datos oficiales tampoco ayudan demasiado a desmontar la crítica. En 2024, las principales beneficiarias fueron familias numerosas. Muy por encima de familias monoparentales o con hijos e hijas con discapacidad. Las cifras hablan solas: 571 familias numerosas recibieron la ayuda frente a solo 34 monoparentales y 29 familias con menores con discapacidad.

Es difícil vender eso como una política social orientada a quienes más lo necesitan.

Porque aquí hay una idea de fondo bastante incómoda: el dinero público termina funcionando como una palanca para sostener determinados estilos de vida acomodados mientras las políticas dirigidas a pobreza, crianza o exclusión siguen llenas de filtros, sospechas y castigos burocráticos.

Y luego está la contradicción ideológica permanente de la derecha madrileña. La misma administración que endurece discursos contra la inmigración vulnerable no tiene problema alguno cuando esa inmigración ocupa trabajos precarios y mal pagados vinculados al cuidado y al servicio doméstico. Ahí desaparecen las alarmas identitarias. Ahí el empadronamiento deja de importar tanto.

EL MODELO AYUSO: RECORTAR DERECHOS Y SUBVENCIONAR PRIVILEGIOS

El PSOE-M asegura que ya había advertido que estas ayudas iban a convertirse en un fracaso. No porque no hubiera necesidades de conciliación reales. Las hay. Y muchas. El problema es que el programa fue diseñado pensando en un perfil muy concreto de población. Familias con capacidad económica suficiente para asumir gastos privados de cuidados y con estructuras familiares que encajan perfectamente en el imaginario conservador del PP madrileño.

El resultado ha sido una reducción progresiva del presupuesto. La Comunidad de Madrid ha recortado 1,7 millones de euros en los dos últimos años en estas ayudas destinadas a empleadas del hogar.

La explicación oficial habla de adaptación presupuestaria y necesidades ciudadanas. Pero detrás hay algo más simple: las ayudas no estaban pensadas para resolver un problema estructural de cuidados. Estaban diseñadas para reforzar un modelo social donde quien tiene recursos privatiza los cuidados y quien no los tiene queda atrapado entre precariedad laboral, jornadas imposibles y ausencia de servicios públicos suficientes.

Ese es el núcleo del asunto. No hablamos solo de subvenciones concretas. Hablamos de qué entiende un gobierno por política pública.

Porque mientras faltan plazas públicas, mientras miles de mujeres sostienen dobles jornadas invisibles y mientras los servicios sociales siguen desbordados, el Ejecutivo de Ayuso mantiene intacta una lógica bastante reconocible: adelgazar lo colectivo y subvencionar soluciones privadas.

La Consejería de Economía se defiende alegando que estas ayudas provienen de fondos estatales y que otras comunidades autónomas también las contemplan. Pero el debate no está en la existencia de la ayuda. El debate está en el diseño político de las prioridades. En quién encuentra puertas abiertas y quién se estrella contra requisitos imposibles.

Porque exigir 10 años de empadronamiento a una mujer migrante joven para acceder a ayudas a la maternidad mientras se flexibilizan condiciones para subvenciones ligadas a contratación doméstica no es casualidad. Es una declaración ideológica bastante transparente.

Madrid se ha convertido en un laboratorio donde los derechos sociales se miden según renta, origen y utilidad económica. Y donde la libertad siempre acaba pareciéndose demasiado al privilegio de unos pocos.