El pulso autoritario de Starmer con la protesta propalestina 

Más de 500 arrestos desafían una sentencia clave y reabren el debate sobre libertades y criminalización de la disidencia

La escena se repite con una insistencia inquietante en el Reino Unido. Este 12 de abril, más de 500 personas fueron detenidas en la céntrica Trafalgar Square de Londres por expresar su apoyo a la organización Acción Palestina. No se trata de un episodio aislado ni de una respuesta improvisada. Es la prolongación de una estrategia política que, bajo el Gobierno laborista de Keir Starmer, ha decidido tensar al máximo los límites del derecho a la protesta, incluso cuando la justicia ha marcado una línea clara.

Porque en febrero, el Tribunal Supremo británico dejó poco margen a la interpretación: declarar terrorista a Acción Palestina era ilegal. Así lo recoge la resolución judicial que desmonta la base legal de esa catalogación, tal y como se detalla en la sentencia que anuló la consideración terrorista del grupo. Sin embargo, ni el Ministerio del Interior ni la Policía Metropolitana han dado marcha atrás. Se escudan en que la resolución no es firme, ya que el Gobierno ha solicitado un recurso que será examinado los próximos 28 y 29 de abril.

Ese argumento legal, que en apariencia apela a la prudencia institucional, se traduce en la práctica en una política de hechos consumados: detener ahora, cuestionar después. La comandante Claire Smart lo dejó claro en la víspera de las protestas, advirtiendo de que cualquier muestra de apoyo a la organización sería considerada delito bajo la Ley Antiterrorista. Es decir, se sigue aplicando una etiqueta que los jueces han considerado desproporcionada.

Las imágenes de la jornada hablan por sí solas. Manifestantes pacíficos, muchas de ellas personas mayores, son detenidos uno a uno por portar carteles con el mensaje “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina”. Algunas personas se habían disfrazado de sufragistas, evocando una tradición histórica de desobediencia civil en Reino Unido. Otras portaban máscaras con el rostro del propio Starmer, en una ironía que refleja el deterioro del consenso democrático.

Este choque no surge de la nada. Ya en agosto de 2025, durante una protesta frente al Parlamento, más de 700 personas fueron arrestadas por motivos similares. Aquella decisión formaba parte de una política más amplia que había sido anticipada meses antes, en plena escalada de tensión política, tal y como se analizaba en la estrategia de mano dura del Gobierno británico frente al apoyo a Acción Palestina. Lo que entonces parecía un endurecimiento coyuntural se ha convertido en una doctrina sostenida en el tiempo.

La organización Defend Our Juries, que coordina muchas de estas movilizaciones, ha denunciado lo ocurrido como una “farsa”. No es una afirmación retórica. Varios juristas han advertido de que las detenciones podrían ser ilegales, al basarse en una clasificación que ya ha sido invalidada judicialmente. La paradoja es evidente: el Estado continúa aplicando una norma cuya legitimidad ha sido cuestionada por el máximo órgano judicial.

El propio Tribunal Supremo fue explícito en su fallo. Equiparar a Acción Palestina con organizaciones como Al Qaeda o ISIS resultaba “desproporcionado”. Reconocía que algunos actos de sabotaje podían encajar en categorías de terrorismo según la legislación vigente, pero también subrayaba que en la mayoría de los casos bastaba con tipificaciones penales menos graves. Es decir, el problema no es solo jurídico, sino político: se ha optado por inflar la respuesta penal para enviar un mensaje disuasorio.

Ese mensaje tiene destinatarios claros. No se dirige únicamente a quienes participan en acciones directas, sino a cualquier persona que exprese públicamente su apoyo a la causa palestina. Escritoras y escritores como Sally Rooney o Ronan Bennett, junto al cineasta Paul Laverty, han denunciado este giro como un ataque frontal a las libertades civiles. La detención de Laverty el 25 de agosto en Edimburgo por llevar una camiseta crítica con la actuación de Israel ilustra hasta qué punto se ha ampliado el perímetro de la criminalización.

Lo que está en juego va más allá de una organización concreta. Se trata de definir si un gobierno puede ignorar de facto una sentencia judicial mientras espera su revisión, y mientras tanto aplicar una legislación más dura para limitar la protesta. Se trata de decidir si la disidencia política puede ser encuadrada como amenaza terrorista sin consecuencias institucionales.

En Londres, las detenciones continúan. En los tribunales, el recurso sigue su curso. Y entre ambas realidades se abre una grieta que cuestiona el equilibrio entre poder político, sistema judicial y derechos fundamentales. Una grieta que no se mide solo en cifras de arrestos, sino en la capacidad de una democracia para tolerar la crítica sin convertirla en delito.

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