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Booking y Airbnb no son víctimas: son arquitectos del caos turístico y del expolio habitacional
NO SON CASOS AISLADOS: ES EL CORAZÓN DEL NEGOCIO
Más de 4.000 anuncios ilegales eliminados de Booking en un solo requerimiento. Más de 65.000 en el caso de Airbnb. Quien siga hablando de “casos aislados” o de “errores de control” no ha entendido nada, o peor: prefiere no entenderlo. Estas cifras no son una anomalía, son una confesión. Un modelo de negocio que ha parasitado barrios, expulsa vecinas y vecinos, y convierte el derecho a la vivienda en un activo financiero desregulado.
No estamos ante plataformas sorprendidas por unos pocos usuarios fraudulentos. Estamos ante multinacionales que han convertido el incumplimiento de la ley en una ventaja competitiva. Su crecimiento se ha basado en burlar normativas, ocultar información obligatoria, tolerar el fraude y presionar a gobiernos para legalizar lo ilegal. En nombre de la “economía colaborativa” han allanado el camino a la especulación masiva.
La respuesta del Ministerio de Consumo que dirige Pablo Bustinduy, aunque tardía, marca un punto de inflexión. La eliminación por parte de Booking de 4.093 anuncios ilegales —la mayoría en Canarias— es solo la punta del iceberg. En la misma línea, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado a Consumo para obligar a Airbnb a retirar 65.935 anuncios ilegales. Y aquí no valen excusas técnicas ni tecnológicas: la ley es clara y el negocio también lo es.
Estos anuncios, según el propio Ministerio, no incluían número de licencia o incorporaban identificadores falsos. Tampoco especificaban si los arrendadores eran particulares o empresas. El caos no es una consecuencia indeseada: es una condición necesaria para inflar beneficios.
Fuente verificada y vigente en El Salto.
TURISTIFICACIÓN, DESPOJO Y CANALLADAS DIGITALES
Lo que estas plataformas venden como libertad es, en realidad, una nueva forma de despojo. No solo de vivienda, sino también de soberanía normativa. Se apropian de calles, de pisos, de barrios enteros. Y cuando los gobiernos intentan recuperar el control, las multinacionales responden con recursos judiciales, campañas de presión y marketing de confusión.
Airbnb llegó a solicitar medidas cautelares para no cumplir la orden de Consumo. Es decir, no solo vulnera la ley: quiere blindar judicialmente su capacidad de hacerlo. El TSJ lo ha impedido, pero el pulso está lejos de terminar. No será la última vez que estas empresas se vistan de víctimas mientras exprimen los territorios hasta dejarlos irreconocibles.
Las consecuencias son conocidas por cualquiera que haya intentado alquilar un piso en una ciudad turística: alquileres disparados, expulsión de residentes, gentrificación sin freno. En barrios populares, donde antes vivían enfermeras, camareros, pensionistas o estudiantes, ahora se amontonan turistas de paso y llaves digitales gestionadas desde plataformas opacas.
El caso de Canarias es especialmente grave. Allí, donde más del 35% del PIB depende del turismo, las movilizaciones ciudadanas han señalado con contundencia los efectos devastadores de esta turistificación salvaje: destrucción ambiental, desigualdad creciente y exclusión habitacional. Las 4.093 ilegalidades que Booking ha borrado no reparan el daño ya hecho, pero al menos muestran que la impunidad ya no es total.
El modelo de negocio de Booking, Airbnb y compañía se parece cada vez más a una extractivismo digital, disfrazado de innovación. Y quienes se enriquecen con él no son los vecinos que alquilan un cuarto para llegar a fin de mes. Son fondos de inversión, inmobiliarias encubiertas y gestores fantasma con decenas de pisos y cero escrúpulos.
Esto no va de regular “mejor”. Va de desmontar una arquitectura entera diseñada para poner el lucro por encima del derecho a habitar.
No se trata de reformar el modelo. Se trata de desactivarlo.
¿Quién protege a quien?
Si no es el Estado quien defiende el derecho a la vivienda, lo harán las calles.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
Israel mata al cámara Ahmed Wishah y vuelve a llamar “terrorista” al periodista muerto
El cámara de Al Jazeera Ahmed Wishah fue asesinado el 20 de junio en un ataque aéreo israelí contra una vivienda del campo de refugiados de Bureij, en el centro de Gaza. No murió en una abstracción bélica. No cayó en “daños colaterales”. Fue alcanzado por un bombardeo en una casa de un campo de refugiados, uno de esos lugares donde la palabra refugio ya suena a burla cruel cuando la maquinaria militar israelí decide que no hay techo, calle, hospital, escuela, convoy, tienda de campaña ni cámara que merezca seguir en pie.
Según Al Jazeera, en el ataque murieron dos personas y al menos otra persona palestina resultó herida. La cadena fue directa: condenó el “asesinato deliberado” de Ahmed Wishah, trabajador de Al Jazeera Mubasher, y recordó que es el 12º trabajador de la red asesinado en Gaza desde que comenzó la guerra genocida de Israel en octubre de 2023. Doce trabajadores de un mismo medio muertos. Doce. Luego vendrán los portavoces con su jerga de expediente, sus frases prefabricadas y sus acusaciones sin pruebas. Pero el dato queda ahí, como una losa sobre la conciencia de un mundo que mira demasiado y actúa demasiado poco.
Vídeo | Estrenamos este domingo la segunda parte del reportaje “Palestina y la historia que quieren borrar”
Spanish Revolution estrena este domingo a las 15:00 la segunda parte de “Palestina y la historia que quieren borrar”, el reportaje dirigido y presentado por Patricia Salvador dentro de #ReportajesSR, el proyecto audiovisual dirigido por Patricia Salvador y Lea Guggelman.
Bajo el título “La Nakba eterna”, esta nueva entrega continúa el recorrido iniciado en el primer capítulo, donde se abordaba la Nakba para desmontar la mentira de que la historia de Palestina comienza el 7 de octubre.
Vídeo | El turismo que saquea las ciudades mientras sonríe para la foto
El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.