Este medio se sostiene gracias a su comunidad. APOYA EL PERIODISMO INDEPENDIENTE .
La plataforma legal exige al Gobierno español coherencia y el fin de los contratos armamentísticos con Israel
La organización Juristas por Palestina, conocida por su labor en la defensa del derecho internacional y los derechos humanos, ha alzado su voz a través de un comunicado contra el reciente contrato firmado por el Ministerio de Defensa español con la empresa israelí Elbit Systems, vinculada al gobierno de Benjamín Netanyahu. Este contrato, cerrado el pasado 4 de diciembre, contempla el mantenimiento y la adquisición de armamento utilizado por las Fuerzas Armadas españolas, a pesar de las declaraciones previas de la ministra Margarita Robles, quien aseguró que España había roto todos los acuerdos militares con empresas israelíes tras las masacres en Gaza.
Juristas por Palestina no solo rechaza este contrato por su contenido, sino también por lo que representa: la complicidad activa de España con un régimen señalado por crímenes de guerra y políticas de apartheid. En su comunicado del 27 de diciembre, la plataforma recuerda que la ministra calificó los ataques en Gaza como un “auténtico genocidio” y exige coherencia entre sus declaraciones y las acciones de su cartera.
Para Juristas por Palestina, la firma de este acuerdo demuestra que el discurso oficial del Gobierno español sobre los derechos humanos queda reducido a mera retórica cuando se enfrenta a los intereses económicos y estratégicos de la industria armamentística.
CONTRATOS QUE PERPETÚAN LA VIOLENCIA EN PALESTINA
Elbit Systems, el nuevo socio armamentístico de España, es una de las principales empresas del complejo militar-industrial israelí, un sector que se beneficia directamente de la ocupación ilegal de los Territorios Palestinos Ocupados. Juristas por Palestina destaca que estas empresas no solo desarrollan tecnología bélica, sino que la prueban sobre la población palestina, convirtiendo los Territorios en un laboratorio de guerra. Cada contrato, como el suscrito el 4 de diciembre, financia indirectamente estas prácticas y refuerza un sistema que ha provocado ya más de 46,000 muertes civiles desde el inicio de los ataques en Gaza, incluidas 17,000 niñas y niños.
El comunicado de Juristas por Palestina subraya que mantener relaciones comerciales con empresas como Elbit Systems no solo es inmoral, sino también ilegal desde la perspectiva del derecho internacional. Las resoluciones de Naciones Unidas y las Convenciones de Ginebra son claras: los Estados no pueden colaborar con actores que perpetúan violaciones graves de derechos humanos. Este contrato, en opinión de la plataforma, coloca a España en una posición de complicidad activa con las políticas de apartheid y genocidio ejecutadas por el gobierno israelí.
Juristas por Palestina, integrada por expertas y expertos en derecho internacional, recalca que el cumplimiento de los compromisos internacionales no es opcional. Cada día que el Gobierno español ignora estas normas, pierde legitimidad ante la comunidad internacional y, sobre todo, ante la ciudadanía que exige transparencia y justicia.
UN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD
La denuncia de Juristas por Palestina no es solo una acusación, sino también una advertencia. En su comunicado, la plataforma insta al Ejecutivo español a romper inmediatamente todos los acuerdos militares con empresas israelíes y a cumplir con los compromisos asumidos en materia de derechos humanos. La continuación de estos contratos no solo perpetúa la ocupación y la represión en Palestina, sino que también sitúa a España como un actor que prioriza el negocio armamentístico sobre la dignidad y la vida de miles de personas.
Juristas por Palestina concluye con un mensaje claro: “Esperamos que el Gobierno rectifique y actúe conforme al derecho internacional”. Pero más allá de las palabras, la plataforma exige hechos. Cada euro destinado al complejo militar israelí es un paso más en la consumación del genocidio que el propio Gobierno español dice condenar.
Este periodismo no lo financian bancos ni partidos
Lo sostienen personas como tú. En un contexto de ruido, propaganda y desinformación, hacer periodismo crítico, independiente y sin miedo tiene un coste.
Si este artículo te ha servido, te ha informado o te ha hecho pensar, puedes ayudarnos a seguir publicando.
Cada aportación cuenta. Sin intermediarios. Sin líneas rojas impuestas. Solo periodismo sostenido por su comunidad.
Seguir
Seguir
Seguir
Seguir
Subscribe
Seguir
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
15.000 personas ya han visto cómo la fe se convierte en poder
El último ReportajeSR analiza cómo determinados sectores del evangelismo conservador dejaron de limitarse a los templos para convertirse en una maquinaria política al servicio de la extrema derecha. De Trump a Bolsonaro, de Milei a Vox: redes comunitarias, guerras culturales, dinero, medios y religión convertidos en infraestructura electoral.
Presentado por Léa Gugelmann, el reportaje ya ha superado las 15.000 visualizaciones desde su estreno. Porque para entender el auge de la extrema derecha no basta con mirar a sus candidatos: también hay que observar quién construye sus discursos, moviliza sus bases y presenta el autoritarismo como una misión divina.
Vídeo | Sadismo en primera persona
Un turista graba el encierro de San Fermín como si estuviera en una atracción. Adrenalina, golpes, risas y animales convertidos en decorado para conseguir un vídeo viral. No está viviendo una tradición: está consumiendo sufrimiento como entretenimiento.
Además, corre con una cámara cuando está prohibido hacerlo, poniendo en peligro a quienes tiene alrededor. La turistificación añade otra capa de irresponsabilidad a una barbaridad ya normalizada: venir, beber, molestar, jugar con la vida ajena y marcharse con unos cuantos clics. El sadismo también se graba en primera persona.