La retirada del busto de Manuel Fraga y el cambio de denominación de la «Cidade Cultural Manuel Fraga Iribarne» son medidas necesarias para que Vilalba refleje unos valores democráticos mínimos.
La lucha por la memoria histórica y la erradicación de los símbolos y elementos que perpetúan una época oscura en la historia de España sigue siendo un tema candente en muchas localidades de nuestro país. Vilalba, en la provincia de Lugo, no es una excepción. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de esta localidad ha levantado la voz y presentado una moción que busca aplicar la Ley de Memoria Democrática y poner fin a la presencia de elementos franquistas en su entorno.
LA APLICACIÓN DE LA LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA
El BNG de Vilalba se basa en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, específicamente en su disposición relativa a símbolos y elementos contrarios a la memoria. La ley establece claramente que se consideran elementos contrarios a la memoria democrática cualquier objeto o elemento anclado a edificios públicos que haga referencia a la sublevación militar de la dictadura, a sus líderes, a quienes participaron en el sistema represivo o a las organizaciones que sustentaron la dictadura.
Uno de los objetivos claros de esta moción es la retirada del busto de Manuel Fraga Iribarne, una figura controvertida que ejerció como ministro franquista y posteriormente como presidente de la Xunta de Galicia durante 16 años. Su presencia en la Alameda de Vilalba no es solo una cuestión de estética urbana, sino un recordatorio constante de una época oscura de nuestra historia. La retirada de este busto sería un paso significativo hacia la eliminación de símbolos franquistas que aún persisten en nuestras ciudades.
CAMBIAR LA DENOMINACIÓN DE LA «CIUDAD CULTURAL»
Otro aspecto importante de la moción presentada por el BNG es la propuesta de cambiar la denominación de la «Cidade Cultural Manuel Fraga Iribarne». Esta denominación rinde homenaje a un ministro franquista y no refleja los valores democráticos y progresistas que nuestra sociedad defiende en la actualidad. Es hora de que esta ciudad cultural adopte un nombre que represente la diversidad, la inclusión y el respeto por la memoria democrática.
La lucha por la memoria histórica es una lucha por la justicia histórica. La presencia de símbolos y elementos franquistas en nuestras calles es una afrenta a las víctimas de la dictadura y a la democracia que tanto nos ha costado construir. Es fundamental que los espacios públicos reflejen los valores democráticos y los principios de igualdad y justicia.
LA RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES LOCALES
Las autoridades locales tienen la responsabilidad de liderar el proceso de eliminación de símbolos franquistas en sus respectivas ciudades. El BNG de Vilalba ha dado un paso valiente al presentar esta moción, y ahora es responsabilidad de los representantes municipales actuar en consecuencia. No se trata de borrar la historia, sino de dejar claro que no glorificaremos a aquellos que representaron una dictadura que causó tanto sufrimiento.
La eliminación de símbolos franquistas debe ser un proceso participativo que involucre a la comunidad local. Escuchar las voces de quienes han sido afectados por la dictadura y sus consecuencias es esencial para tomar decisiones informadas y justas. La ciudadanía debe ser parte activa en la construcción de una memoria democrática sólida y duradera.
La moción presentada por el BNG de Vilalba es un paso en la dirección correcta hacia la justicia histórica y la construcción de una memoria democrática sólida. La retirada del busto de Manuel Fraga y el cambio de denominación de la «Cidade Cultural» son medidas necesarias para que Vilalba refleje los valores democráticos que nuestra sociedad abraza. La responsabilidad recae ahora en las y los representantes municipales, quienes tienen la oportunidad de liderar este proceso hacia un futuro más inclusivo y justo. La memoria histórica no debe ser un tema olvidado, sino un recordatorio constante de los principios democráticos que defendemos.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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El Pentágono ha dado un paso sin precedentes: poner la toma de decisiones y la estrategia militar en manos de la inteligencia artificial. Patricia Salvador te cuenta en este #ReportajeSR cómo, a…