Una ley que permite el uso del pelotón de fusilamiento como método de ejecución para los condenados en Idaho
La pena de muerte es una forma cruel e inhumana de castigo que viola los derechos humanos fundamentales. La ejecución de una persona por el Estado es una forma extrema de violencia y no puede ser justificada en una sociedad civilizada. Además, hay pruebas que sugieren que la pena de muerte no tiene ningún efecto disuasorio sobre la criminalidad, lo que significa que no hace nada para prevenir futuros delitos.
Otro argumento en contra de la pena de muerte es que es inherentemente defectuosa. Aunque los tribunales y los sistemas de justicia están diseñados para ser justos e imparciales, siempre existe el riesgo de que se cometa un error. La pena de muerte no permite la corrección de errores, y las estadísticas muestran que ha habido numerosos casos de personas que han sido condenadas injustamente y luego exoneradas años después.
Sin embargo, lejos de avanzar en el debate, parece que EE. UU. prefiere ir hacia atrás. El estado de Idaho ha aprobado una ley que permite el uso del pelotón de fusilamiento como método de ejecución para los condenados a muerte si la inyección letal no está disponible. La ley ha sido aprobada por el Parlamento por una mayoría de dos tercios de los escaños y ahora espera la aprobación del gobernador republicano Brad Little.
La escasez de medicamentos necesarios para la inyección letal ha sido la excusa por la cual se ha planteado la idea de recuperar el fusilamiento para los condenados a muerte. Muchos laboratorios farmacéuticos se niegan a facilitar los medicamentos debido a la controversia asociada a la pena capital en diversos sectores dentro y fuera de los EE. UU. Idaho no quiere que esta falta de suministro sea un obstáculo para continuar con las ejecuciones.
Sin embargo, esta ley ha generado una gran cantidad de críticas por parte de las organizaciones de derechos civiles. La American Civil Liberties Union ha denunciado el método como «espantoso» y «arcaico», detallando que las personas que mueren de esta manera «sufren, con toda probabilidad, niveles extremos de dolor y de tortura».
El pelotón de fusilamiento ya había sido aprobado en Idaho hace años, pero nunca se había utilizado. En 2009 fue eliminado después de que el Tribunal Supremo de los EE. UU. ratificara la inyección letal en el país como un método común. Otros cuatro estados en los EE. UU. permiten el uso del pelotón de fusilamiento como un método de ejecución: Utah, Oklahoma, Misisipi y Carolina del Sur. Estos estados también han aprobado la silla eléctrica como un método alternativo debido a la escasez de fármacos para la inyección letal.
Es importante destacar que el pelotón de fusilamiento no es un método común de ejecución. En casi medio siglo, solo se han ejecutado a tres personas de esta forma en los EE. UU. La última fue Ronnie Lee Gardner, condenado por matar a un abogado durante una fuga frustrada, que murió a las afueras de Salt Lake City, la capital de Utah, en 2010.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
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