Perú casi dos meses y más de 60 civiles muertos después 

Protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en Lima (Perú) el 19 de enero de 2023. Shutterstock / Joseph Moreno M

Durante los últimos días, Perú ha observado la profundización de las tensiones sociales debido a la obstinada postura del gobierno de Dina Boluarte frente a las demandas de la ciudadanía.

Si bien parecía que la nación había logrado superar la oleada de tensiones sociales que enfrentaron diferentes países latinoamericanos en los últimos años, los eventos actuales en Perú después del fallido autogolpe de Estado por parte de Pedro Castillo reflejan que el país no es inmune a tales tumultos.

Las principales demandas de los manifestantes no son diferentes a las de Chile, Ecuador o Colombia en años recientes. Demandas por una representación mucho más amplia y participativa. No es coincidencia que grupos que han sido marginados históricamente hayan ganado una representación e importancia simbólica en estas manifestaciones.

Las actuales demandas de los manifestantes son:

La convocatoria a elecciones generales.

La elección de un gobierno de transición.

Una asamblea constituyente que permita reemplazar la antigua constitución promulgada durante el gobierno de Alberto Fujimori.

En definitiva, una profundización de la democracia.

Las voces que son ignoradas y sus demandas

Hay dos razones por las cuales Perú había evitado tales tensiones sociales. Primero, la magnitud del impacto causado por la pandemia, en la cual el país tuvo la mayor tasa de mortalidad por 100 000 habitantes del planeta, no daba mayor espacio para organizar movilizaciones. Segundo, la posibilidad de cambio y las elecciones presidenciales en 2021 permitieron tener un vehículo institucional que desactivó estas tensiones.

No es sorpresa entonces que el voto por Pedro Castillo fuera más alto en las provincias más pobres de Perú. En el país, tres millones de personas cayeron en la pobreza durante la pandemia, por ello un presidente que hablara de las necesidades de los menos favorecidos constituía una promesa de cambio para una vida mejor.

Una encuesta realizada por OXFAM recientemente ilustra cómo casi la mitad de los hogares tiene dificultades para cubrir sus gastos básicos.

Sin embargo, las tensiones asociadas al gobierno de Castillo antes de su fallido autogolpe hablan de un sistema político filibustero en el que las elites políticas o la capacidad de las instituciones para responder a las demandas de la ciudadanía parecen limitadas.

Si bien es difícil juzgar la efectividad del gobierno de Castillo (dadas las acusaciones de corrupción a su gobierno), no se puede negar el poder simbólico de un presidente que hablaba de mejorar la vida de la ciudadanía y la cobertura de los servicios públicos junto con una propuesta de un referéndum para desarrollar una reforma constitucional.

Por ello, el filibusterismo que precedió la propuesta de cerrar el Congreso (autogolpe) es vista por segmentos de la población peruana como un obstáculo a la posibilidad de tener una vida mejor y explica la demanda por elecciones presidenciales y al Congreso inmediatas por parte de los manifestantes.

La respuesta estatal y el legado de la represión

Las manifestaciones se aproximan a su segundo mes y han llevado a tener mas de 60 civiles asesinados debido al uso de la violencia por parte de la Policía Nacional. Esta violencia estatal hacia manifestantes (en su mayoría pacíficos) refleja cómo sectores del estado los perciben como insurgentes o terroristas e ilustran el estigma del que continúan siendo sujeto los movimientos que reivindican cambios sociales en América Latina.

El hecho de que diversos grupos se hayan convocado para manifestarse en la capital procedentes de diferentes partes del país muestra la profundización del malestar social y la emergencia de una solidaridad social de personas en las ciudades principales hacia los manifestantes.

Sin embargo, en vez de canalizar esta movilización social hacia la creación de un compacto social más inclusivo, la respuesta del estado asemeja políticas contrainsurgentes y una mentalidad en la que las demandas por democracia se equiparan al terrorismo.

No es coincidencia entonces encontrar las acusaciones sobre la infiltración de terroristas en los movimientos de protesta. Tales acusaciones resultan convenientes para buscar cambiar las narrativas después del asesinato de civiles y permiten justificar acciones como la intervención militar contra manifestantes pacíficos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Sin embargo, y como fue observado en otros países de la región, controlar una narrativa que estigmatice a las personas que protestan no es factible en la era de las redes sociales. Por eso, los abusos del estado y sus fuerzas han sido hechos visibles por diferentes plataformas, creando una disonancia entre los medios de comunicación que responden a los intereses políticos de algunas élites y otros medios de comunicación.

Esto es ilustrado por el vídeo en el cual una policía le grita a una manifestante indígena: “¡Cállate, te he dicho que te calles!”. Este vídeo no solo ilustra la marginación contra la que los manifestantes marchan, sino que ejemplifica el “matoneo” hacia ellos por parte de las fuerzas del orden.

El estallido social latinoamericano continúa

La obstinación del gobierno y sus abusos se convierten en una mecha para futuras movilizaciones y explican la profundización de las demandas de los protestantes, que ahora exigen la renuncia inmediata de la presidenta.

El gobierno peruano debería aprender de las experiencias vecinas en Colombia, Chile y Ecuador. Las protestas y la crisis solo se redujeron cuando los gobiernos y sus instituciones desarrollaron mecanismos de diálogo. Una asamblea constituyente o un proceso electoral parecen medidas sensatas como solución a esta crisis.

Sin embargo, si la lógica de la fuerza y la violencia derrota a la lógica del diálogo la inestabilidad se intensificará, demorando la puesta en marcha de las reformas que la mayoría de la población de Perú demanda. El uso de la fuerza en el país será la demostración de que las demandas por una mayor democracia no tienen cabida dentro de la actual visión del gobierno peruano.

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