Una residencia de mayores amenaza a los usuarios con expulsarlos si hablan mal del centro 

El detonante para el cambio de protocolo, respecto al de 2007, fue que los familiares realizaron entrevistas para medios locales para contar el estado de sus mayores cuando el covid entró en la residencia en el verano de 2021

En el reglamento de régimen interior de la Residencia Reifs Alcalá, en Alcalá de Guadaira (Sevilla), que rige su funcionamiento desde finales de 2021 y que fuentes del grupo Reifs señalan que ha sido validado en el Consejo de Participación en el que están presentes los familiares de los mayores, consta que los mayores que viven en la residencia no pueden difamar al centro o serán trasladadas a otro centro, en los casos de plazas financiadas por la Junta de Andalucía, o expulsados definitivamente del centro.

InfoLibre ha tenido acceso a ese reglamento en el consta como una falta muy grave “realizar manifestaciones de descrédito o difamación del Centro, así como difundir datos de otros usuarios, trabajadores o familiares, por sí mismos o en connivencia con terceras personas, ya sea en medios de comunicación, mediante acciones particulares por otros medios o incluso a familiares de usuarios; así como NO respetar el derecho a la intimidad e imagen de los trabajadores y del Centro o hacia el resto de usuarios y sus familiares, así como difundir o transmitir de manera verbal, gráfica y fotográfica o escrita información relativa al funcionamiento, instalaciones o gestión del Centro, salvo autorización expresa de la dirección del mismo”.

Las faltas muy graves están sancionadas con “el traslado definitivo de la persona usuaria a otro centro en los casos de plazas financiadas por la Junta de Andalucía” o “la expulsión definitiva del centro”.

Además, en el artículo 4 del reglamento de la residencia, relativo a los deberes de las personas usuarias figura, entre otros, el de “no difundir información relativa al Centro ni a su funcionamiento interno (fotografías, vídeos, grabaciones, etc.), por cualquier medio, susceptible de ser publicado o utilizado con fines difamatorios”.

Por su parte, los familiares o representantes, deben “mantener una conducta ejemplar y respetuosa con los responsables profesionales del centro, no realizar manifestaciones de descrédito o difamación de ellos o del Centro, ya sea en medios de comunicación, o mediante acciones particulares por otros medios; y resolver cualquier cuestión con los responsables de la dirección y gestión del Centro, o en su defecto con la Autoridad Competente al respecto”.

Fuentes del grupo Reifs piden que no se malinterprete el reglamento y argumentan que estos artículos están referidos a una normativa de “protección de datos” y que rigen, además, en todos los centros que gestionan. “Hay familiares que graban a sus mayores, pero a otras familias no les gusta”, aclaran.

Según ha informado a infoLibre, la Dirección General de Personas Mayores de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha remitido un escrito a la Delegación Territorial de Sevilla instando a la delegada a retirar ese reglamento y adecuarlo al modelo publicado en la Orden 21 de noviembre de 2007, el protocolo por el que hasta ahora se regían las residencias y sobre el que se han añadido estas normas.

Sin embargo, el protocolo contaba con el sello, y por tanto, con la aprobación de la Consejería, a la que la Asociación para la Defensa y Dignidad de las Personas Mayores en Residencias (Addemar) envió un escrito de denuncia.

Addemar denuncia que “la empresa pretende blindarse de cualquier tipo de opinión que pueda influir en su negocio. Es una evidencia que no se debe difamar a nadie, ni persona física, ni empresa, ni asociación, y que hay que cumplir con la legislación vigente en cuanto a protección de datos, por lo que este texto solo se puede entender como medida disuasoria que evite que se hagan públicas situaciones que le generen a la empresa una publicidad negativa”.

Además, ha calificado de “lamentable” que “una empresa pueda decidir si un residente o su familiar ha incurrido en esta falta grave, siendo una decisión que puede ser totalmente arbitraria y por tanto perjudicial para los afectados”.

Addemar añade en su escrito a la Consejería que “se debe crear un mecanismo que no deje en manos de las operadoras faltas que pueden acarrear consecuencias nefastas”. “Realmente no sabemos si una empresa puede expulsar de forma arbitraria a un residente de su casa. Nos parece muy grave e inadmisible que esto pueda suceder y más grave aún que desde la Administración se respalde esta vulneración de derechos fundamentales”.

Protocolo de 2007

En el protocolo de 2007 no aparecía entre los deberes de las personas usuarias y familiares de los mayores ninguno relativo a la prohibición de realizar críticas al centro o sus trabajadores. Las faltas muy graves, que eran castigadas de la misma manera, se producían si se daban situaciones como “promover altercados, riñas o peleas”, o provocar “un grave perjuicio para las personas en situación de dependencia o para el centro”.

El detonante para el cambio de protocolo fue que los familiares realizaron entrevistas para medios locales para contar el estado de sus mayores cuando el covid entró en la residencia en el verano de 2021.

“Hay una trama corrupta donde prima el resultado económico”

Paulino Campos, presidente de la Asociacións de Usuarias e Familiares de Residencias (Rede) y uno de los portavoces de la Plataforma estatal no se sorprende con casos casos como este, que empiezan a ser ya habituales. “Se están recrudeciendo las amenazas y las coacciones sobre las familias críticas que piden que se respeten los derechos de las personas mayores que viven en las residencias. Es inaceptable”, denuncia.

Además considera “demoledor” asistir al envejecimiento de un ser querido, algo que se recrudece por lo que califica como “efecto aniquilador” de la “cloaca” de las residencias. “Hay una trama corrupta desde el punto de vista de la ética donde prima el resultado económico de las instalaciones donde son aparcadas las personas mayores”, lamenta.