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Luis Medina ha abandonado el país dos semanas antes de su declaración ante el juez por presunta estafa.
El juez Adolfo Carretero ha incidido en un auto dictado este martes en la «gravedad» de los hechos investigados en la causa abierta contra Luis Medina y a Alberto Luceño por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario al tener lugar «en el momento más álgido de la pandemia» cuando había «miles de fallecimientos diarios», una operación en la que los comisionistas se habrían embolsado hasta seis millones de euros.
Así lo expresa en un auto, al que tuvo acceso Europa Press, en el que el juez de Instrucción número 47 de Madrid acuerda procedente tener por personado como acusación particular al Ayuntamiento de Madrid por ser perjudicado de los delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales.
Del mismo modo, acuerda aceptar la personación como acción popular del PSOE y del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid y de Podemos, ya que «los delitos investigados, no sólo afectan a los fondos públicos, sino que tienen un interés general y una enorme repercusión pública, al investigarse el manejo de los citados fondos en un asunto tan grave como fue la adquisición de material sanitario en el momento más álgido de la pandemia de Covid-19, con miles de fallecimientos diarios, y determinar si esos fondos beneficiaron a determinadas personas particulares en perjuicio de la generalidad de los ciudadanos».
Mientras, después de que el Juzgado nº 7 de Madrid admitiese a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el empresario Luis Medina, hijo de Naty Abascal y el duque de Feria, por haber vendido junto a su amigo Alberto Luceño material sanitario al Ayuntamiento de Madrid en la primera ola de la pandemia de COVID-19 y haber cobrado, presuntamente, unas comisiones millonarias, Medina ha decidido abandonar el país el pasado sábado para disfrutar de las vacaciones de Semana Santa, según lo comentado por la colaboradora de Telecinco en exclusiva, Lydia Lozano.
La querella atribuye a Medina la comisión de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades relacionadas con tres operaciones de compraventa de material sanitario en marzo de 2020, “actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico, ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid, que dirige José Luis Martínez-Almeida, la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China”.
El próximo 25 de abril tendrá que declarar ante el juez, pero mientras llega el día ha puesto tierra de por medio para evitar la presión mediática que le rodea en España y la posible preparación de una estrategia judicial, a pesar de que el empresario insiste en que no tiene nada preparado porque no ha hecho nada malo y confía en la justicia.
¿Marrakech o la isla de Tavira?
Se barajan dos posibles destinos: Marrakech y la isla de Tavira, donde compró una casa hace unos años y, aunque su círculo juega al despiste para garantizar la privacidad de la familia, todo apunta a que tanto Luis como su madre se relajan estos días en la segunda, en Portugal.
En las últimas semanas Medina ha sido fotografiado en varias ocasiones cerca de su vivienda, pero el sábado su imagen sorprendió a los periodistas ya que iba paseando a su perro en bata y pijama, lo que podría ser una estrategia para aparentar tranquilidad e inocencia horas antes de abandonar el país.
«La Fiscalía, ya sabes, son todos de izquierdas y así actúan»
Ese mismo día decidió romper su silencio en el diario El Mundo que publicaba el titular: «Luis Medina: ‘No hay irregularidad alguna. La Fiscalía, ya sabes, son todos de izquierdas y así actúan’».
«En este caso lo que buscan es si mi socio y yo le pagamos a algún político para conseguir los contratos. No hay nada de eso, repito que estoy tranquilo”, ha añadido el empresario.
Además, ha indicado que se dedica al comercio internacional, que ha conseguido con un amigo material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid cuando más se necesitaba durante la pandemia, que tiene un contrato perfectamente legal y que ha cobrado por su gestión.
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