Se han detectado infracciones en uno de cada seis ERTE
Mantener la actividad del negocio aunque oficialmente la empresa estaba en ERTE de suspensión. Este es el fraude más común con el que se ha encontrado la Inspección de Trabajo de Yolanda Díaz, que ha detectando fraude en uno de cada seis ERTE que ha investigado.
La Inspección de Trabajo ha detectado ya 5.459 infracciones en empresas por fraude en los ERTE a las que ha impuesto sanciones por un valor total de 26 millones de euros, según datos del Ministerio de Trabajo.
La autoridad laboral ha finalizado 33.553 expedientes hasta el 1 de junio en los que han detectado las 5.459 infracciones mencionadas. El fraude alcanza así a un 16% de las empresas investigadas por el momento. Una de cada seis.
La «pillería» española
Esta «pillería», como gustan de llamar los empresarios a lo que en realidad es un robo de lo público, fue utilizada para abusar del mecanismo que ha sostenido miles de puestos de trabajo, y ha ayudado a las empresas a aguantar en el parón económico ocasionado por el coronavirus.
Las últimas cifras oficiales apuntaban que había unos 97.000 ERTE en vigor a fecha del 31 de julio, con alrededor de 331.500 trabajadores afectados, por lo que ha sido un salvavidas para muchos trabajadores y empresarios, a pesar de que algunos abusasen del Sistema.
Pero no solo se trata de este tipo de abuso. Otra de las sanciones comunes se produjo cuando los empleados tuvieron que trabajar más horas que las reconocidas en los ERTE parciales de reducción de jornada. En casos concretos, las compañías ofrecían a los empleados que cobrasen la prestación por desempleo (el 70% de su base reguladora) y complementarles los ingresos hasta el total de su sueldo.
Exenciones a la cotización
La Seguridad Social exime a las compañías que están en expedientes de regulación temporal de empleo de que paguen gran parte de la cuota a la Seguridad Social de sus trabajadores, lo que se conoce como «exenciones» o «exoneraciones» a la cotización.
Al detectar la irregularidad en los ERTE, la Inspección de Trabajo ha requerido además a las empresas infractoras las liquidaciones por las exoneraciones indebidas de las que se beneficiaron. En este concepto, la autoridad laboral reclama a las compañías casi un millón de euros (996.947,25 euros) por exoneraciones indebidas.
El actual sistema de ERTE estará en vigor hasta el próximo 31 de septiembre. Está por ver si se acuerda una nueva prórroga del instrumento en un contexto en que las restricciones por la pandemia cada vez están más acotadas a sectores más concretos, como el sector servicios.
Luciana Gatti entra en política porque el Congreso brasileño está legislando la catástrofe
Luciana Gatti lleva más de 30 años estudiando la Amazonia y los gases que aceleran el calentamiento global. Es investigadora principal del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil, el INPE, y coordina su Laboratorio de Gases de Efecto Invernadero. No es una tertuliana reciclada, una celebridad buscando foco ni una profesional de la política fabricada en un despacho. Es una científica que ha dedicado décadas a medir cómo uno de los mayores reguladores climáticos del planeta está dejando de funcionar.
Ahora ha decidido presentarse al Congreso.
Gatti anunció el 13 de julio su precandidatura a diputada federal por São Paulo dentro del Partido Socialismo y Libertad, el PSOL. Las candidaturas deberán registrarse oficialmente antes del 15 de agosto y la primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebrará el 4 de octubre. Su objetivo es llevar la ciencia al lugar donde se aprueban las leyes que están acelerando el desastre. Porque publicar investigaciones sirve de poco cuando quienes legislan las ignoran, las niegan o directamente trabajan para las empresas responsables.
Ecuador abandona la Amazonia al oro ilegal y deja solos a quienes la protegen
La Amazonia ecuatoriana está siendo devorada por la minería ilegal mientras el Estado llega tarde, responde a medias o directamente mira hacia otro lado. Retroexcavadoras, dragas, campamentos clandestinos y grupos armados avanzan sobre territorios indígenas y áreas protegidas. Frente a ellos, 598 guardaparques abandonados a su suerte, sin capacidad legal para incautar maquinaria y sin medios para enfrentarse a organizaciones que llevan fusiles.
En el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, varios trabajadores fueron interceptados durante una inspección por hombres fuertemente armados que afirmaron proporcionar seguridad a los mineros. Les quitaron los teléfonos, el GPS y la cámara. Quienes debían representar la autoridad ambiental terminaron desarmados, retenidos y obligados a explicar qué hacían dentro del espacio que estaban protegiendo. Los delincuentes pedían cuentas a los guardaparques y no al revés.
Ayuso convierte la cultura madrileña en un photocall pagado con dinero público
La política cultural de Isabel Díaz Ayuso tiene una regla bastante sencilla: para las creadoras y creadores corrientes existen formularios, convocatorias, límites presupuestarios y meses de espera; para las celebridades dispuestas a promocionar Madrid y posar junto al poder aparecen patrocinios millonarios, espacios públicos y contratos diseñados específicamente para ellas.
No es mecenazgo. Tampoco es una defensa desinteresada de la cultura. Es dinero público utilizado para comprar prestigio, propaganda turística y fotografías institucionales. La obra artística queda reducida a soporte publicitario y las administraciones se comportan como una agencia de representación financiada por las y los contribuyentes.
Nacho Cano fue durante años el mejor ejemplo de este modelo. Ahora Woody Allen recoge el testigo con un proyecto que recibirá 3 millones de euros de la Comunidad y del Ayuntamiento de Madrid. Dos nombres famosos, dos operaciones presentadas como apoyo cultural y una misma lógica: socializar el coste para que el beneficio político y empresarial quede en pocas manos.
A FONDO: ¿Quién GANA con el CAOS en CEUTA? #Reportaje SR
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THUNDERFORGE – El PENTÁGONO se echa en manos de la INTELIGENCIA ARTÍFICIAL #ReportajeS
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