2022: un mal año para la Sanidad Pública 

Por Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Cuando empezó a verse la luz al final del túnel después de la pandemia, todo eran
promesas y buenos propósitos para la Sanidad Pública, que se concretaron en el
Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, que recogía
numerosas, y en general positivas, propuestas para reforzar el sistema sanitario
público.

No obstante, ya en 2021 se pudo ver que la realidad iba por otro camino, y que las
actuaciones prácticas de los Gobiernos Central y Autonómicos no respondían con
hechos concretos a este supuesto interés por reforzar la Sanidad Pública, lo que pudo
comprobarse, por ejemplo, en el bajo porcentaje de fondos provenientes del Plan de
Resiliencia que se dedicaban a la Sanidad, y los escasos incrementos presupuestarios
de las CCAA y del Gobierno al respecto. En 2022 se ha continuado en la misma línea,
unos presupuestos sanitarios con mejoras muy modestas que en modo alguno
abordaban las necesidades de atención sanitaria de la población, lo que claramente
vuelve a plantearse para 2023.

Esta insuficiencia presupuestaria explica en gran parte el resto de problemas del
sistema sanitario, con un deterioro continuado, y cada vez mayor de la Atención
Primaria (demoras para citas de 8,8 días de promedio, predominio de la atención
telefónica, etc.), Hospitales con pocas camas, y recursos infrautilizados (según el
último barómetro de listas de espera, en el primer semestre de 2022 se realizaron
24.412 intervenciones quirúrgicas menos que en el mismo periodo de 2019).

Mientras tanto, continúa el aumento de la privatización del sistema sanitario,
especialmente en algunas Comunidades Autónomas como Madrid Andalucía, Galicia,
etc., lo que aumenta los costes de la atención sanitaria y detrae fondos a los centros
de gestión pública, así como un gasto farmacéutico muy elevado (aumento del 6,9%
en farmacia hospitalaria y 7,3% en recetas en 2021).

Tampoco se han resuelto las necesidades de personal de los centros sanitarios, con
una política de Recursos Humanos que penaliza a los profesionales y que ha hecho de
las bajas retribuciones y la precariedad su característica fundamental.
Todos estos hechos nos llevan a una situación muy preocupante para la Sanidad
Pública y a la búsqueda de una parte de la población, la que económicamente puede
permitírselo, de alternativas en el sector privado a la desatención de sus problemas de
salud, lo que fomenta la inequidad y quiebra el derecho constitucional a la protección
de la salud.

Lo único positivo del año es la amplia respuesta social y profesional que se está
produciendo, y la reivindicación de una Sanidad Pública Universal, Accesible y de
Calidad, que deberían ser sus características fundamentales. Por lo tanto, es
necesario, más allá de promesas vanas, un compromiso tangible de las
administraciones públicas a nivel central y autonómico para garantizar la atención
necesaria para toda la población, y para ello parece necesario continuar la presión de
la sociedad y los trabajadores sanitarios.