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El ministerio sigue sin disponer del material casi un año después
El 26 de marzo de 2020, la dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) tramitó, mediante procedimiento de emergencia, a la compañía Shandong Liangfu Pharmaceuticals Co. Ltd. el suministro de 260.000 envases de gel desinfectante: 125.000 de medio litro, 125.000 de un cuarto de litro y 10.000 de 50 mililitros por un importe de 1.020.885,29 euros, justificando la selección de esta empresa porque respondería «de forma adecuada y con la premura» que la situación sanitaria exigía, tal y como explicaba la Administración.
Sin embargo, casi un año después, el Ministerio de Sanidad ha reconocido que no sólo no ha podido disponer todavía del material, dado que no cuenta con la certificación que el proveedor decía tener cuando se firmó el contrato, pese a haber adelantado el millón de euros pactado sino que además le ha obligado a realizar un desembolso adicional para almacenar la mercancía mientras resuelve el «contencioso» con el contratista.
De momento, solo han llegado el 21,18% del total de los envases acordados (55.080 botes) que se encuentran en los almacenes de la empresa DSV Air & Sea SAU, a la que ha tenido que abonar 291.108,30 euros, hasta que se aclaren las discrepancias contractuales con la compañía china, tal y como informa El Independiente. La filial española de DSV ya había firmado varios contratos con Sanidad desde que se declaró la pandemia, sumando los encargos más de 26,62 millones de euros.
El gel desinfectante no gozaba de certificado de marcado CE
En un documento aportado por el director del Ingesa, Alfonso Jiménez Palacios, al que ha tenido acceso El Independiente se puede leer: «Una vez recibida la primera remesa de envases se comprueba que el producto es un gel para el lavado higiénico de manos que no tiene la consideración de producto sanitario y al que, por tanto, no se le aplica la directiva 93/42/CEE a la que hace referencia el certificado», por lo tanto, el producto no se podía comercializar al no quedar acreditado que cumplía con los estándares de seguridad, sanidad y protección del medio ambiente exigidos por las autoridades comunitarias.
La compañía encargada de emitir la certificación fue VIC Testing and Certification, que «no es un organismo notificado europeo designado para evaluar la conformidad de los productos sanitarios». Por ello, «no puede certificar» que un determinado producto sanitario cumple los requisitos que exige la citada norma comunitaria.
«Estas circunstancias hacen que el producto suministrado incumpla las condiciones que dieron lugar a la formalización de la compra, que el producto, por tanto, no pueda ponerse legalmente en el mercado de la Unión Europea y que no quede acreditada la seguridad y calidad del mismo», añade el director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Éste asegura que ha pedido a Shandong Liangfu Pharmaceuticals «información adicional» y no ha tenido una «respuesta satisfactoria».
El fabricante chino comercializa el producto, con número de licencia 0703 (2018), como un gel que tiene como ingrediente activo el alcohol etílico diluido al 75 % y que actúa frente a bacterias y levaduras patógenas, cocos piógenos y bacterias comunes de infección hospitalaria e indica que mata el 99,99 % de los gérmenes sin agua.
Fuentes del Ministerio de Sanidad han confirmado a El Independiente el pago de 1.020.885,29 euros el mismo día del contrato. A ese importe hay que sumar los 291.108,30 euros abonados a DSV Air & Sea por almacenar 55.080 botes, por lo que la compra de dicho gel desinfectante asciende a la cantidad 1.311.993,59 euros. Sanidad pagó 4,53 euros por cada uno de los botes de 500 ml, mientras que el coste unitario por guardar la mercancía es de 5,28 euros.
El contrato de suministro firmado con Shandong Liangfu Pharmaceuticals es uno de los que se detallaban en la denuncia que un particular presentó el 30 de abril de 2020 ante la Fiscalía Anticorrupción para que investigara el «sobrecoste escandaloso» que presuntamente había pagado Sanidad a diversos proveedores chinos por la compra de material de protección contra la covid-19.
El denunciante denunciaba que mientras a la española Mixer & Pack SL se le había comprado una partida de gel hidroalcohólico por un importe de 3,058 euros el litro, esta firma asiática había cobrado el triple, 10,83€.
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González Amador y el negocio privado junto al poder público que Ayuso no podrá justificar jamás
Entre 2021 y 2023, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ganó una media de casi 1,5 millones de euros al año. No está mal para un “ciudadano cualquiera”. Tampoco está mal que esos fueran, precisamente, los primeros años de su relación con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Casualidades. Siempre casualidades. En Madrid parece que la suerte empresarial cae del cielo, pero solo en ciertos áticos, ciertos despachos y ciertas sociedades con nombres pulidos.
González Amador había creado su consultora en 2016. Al año siguiente empezó a hacer auditorías para Quirónprevención. Entonces sus facturaciones estaban por debajo de los 400.000 euros. Después vino el salto. Y no un salto pequeño. Un salto de esos que en cualquier democracia mínimamente higiénica obligaría a abrir ventanas, expedientes y preguntas públicas. Porque Quirón recibe cada año alrededor de 1.000 millones de euros por su cooperación hospitalaria en la Comunidad de Madrid. Ahí está la línea de puntos. No hace falta ser detective. Basta con no querer mirar hacia otro lado.
¿Ha cruzado Peinado la última línea?
El juez Juan Carlos Peinado ha vuelto a hacer lo que mejor define esta instrucción: estirar el caso hasta convertirlo en un espectáculo político con toga. El 20 de junio, el magistrado envió a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y le impuso medidas cautelares: retirada del pasaporte, prohibición de salir del territorio nacional y comparecencia quincenal en el juzgado. Hasta ahí, el repertorio habitual de una causa que lleva demasiado tiempo oliendo más a obsesión que a justicia.
Pero esta vez Peinado fue más lejos. Mucho más lejos. En su auto llegó a sugerir que los agentes encargados de escoltar a Begoña Gómez podrían, “bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos”, colaborar en una hipotética fuga. Es decir, el juez no solo dibuja a la investigada como alguien que podría escapar. Dibuja también a policías nacionales como posibles cómplices. Sin una prueba concreta encima de la mesa. Sin individualizar conductas. Sin indicios determinados. Una sombra lanzada sobre servidores públicos porque sí. Porque encaja en el relato.
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El turismo urbano ya no puede seguir vendiéndose como una postal amable, una maleta con ruedas y una pareja haciéndose fotos frente a una fachada histórica. En demasiadas ciudades se ha convertido en otra cosa. En una forma educada de saqueo. Entra sonriendo, paga tres noches, deja propina si toca, sube una historia a Instagram y se marcha. Lo que queda detrás no sale en la foto: alquileres imposibles, vecinas expulsadas, comercios de barrio sustituidos por locales sin alma y calles que ya no pertenecen a quienes las habitan.
No es turismo. Es extracción.