Rusia y el caso Navalny: derechos humanos, derivadas políticas y consecuencias diplomáticas 

La deriva provocada en el caso Navalny, tras su retorno a Rusia e inmediata detención el 17 de enero de 2021, está alcanzando consecuencias imprevisibles.

Alekséi Navalny regresó a su país después de permanecer en Alemania cerca de cinco meses tras haber recibido tratamiento médico para recuperarse del envenenamiento sufrido con novichok el 20 de agosto de 2020, acción para la que se ha solicitado una investigación internacional por parte de dos expertas independientes de Naciones Unidas: Agnès Callamard, relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias –recién nombrada secretaria general de Amnistía Internacional–, e Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección de la libertad de opinión y de expresión.

Antecedentes políticos del caso

Alekséi Navalny se inició en la política en 1999 a la edad de 23 años en el Partido Democrático Ruso Yábloko, adscrito a la Internacional Liberal. La oposición a la segunda guerra en Chechenia anticipó ya diferencias importantes con el Kremlin.

Sin embargo, empezó a marcar un perfil propio con la creación de la ONG Fundación Anticorrupción en el año 2011, cuya actividad denunciando los excesos cometidos por el régimen de Putin y los altos cargos del mismo, a través de canales como Youtube y las redes sociales, le supuso alcanzar notoriedad y difusión en la sociedad civil rusa, hasta el punto de que en el año 2013, encabezando la candidatura del recién creado Partido del Progreso, consiguió el segundo puesto en las elecciones municipales en Moscú (27,24% de los votos) tras el candidato del presidente, Serguei Sobianin.

Desde diciembre de 2018 es el líder de Rusia del Futuro, que ha recogido el testigo del anterior partido político. Además, ha compartido la presidencia de la Coalición Democrática con Borís Nemtsov, líder del Partido Republicano de Rusia y opositor asesinado el 27 de febrero de 2015 al lado del Kremlin, un día antes de la manifestación convocada contra la guerra en Ucrania.

Proceso judicial

Los hermanos Navalny (Oleg y Alexéi) fueron condenados a finales de 2014 a tres años y medio de prisión por fraude a la compañía Yves Rocher. La Unión Europea y Estados Unidos se manifestaron contrarios a la derivada política del mismo.

Alexéi estuvo en arresto domiciliario, la sentencia fue recurrida y, finalmente, ambos presentaron una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La sentencia, de 5 de marzo de 2018, consideró que Rusia había vulnerado los artículos 6.1 y 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativos a la falta de un proceso justo y a la inexistencia de pena sin ley.

La presión de las cancillerías occidentales y de organizaciones regionales como el Consejo de Europa y la propia UE no evitaron que, después de su regreso a Rusia, fuese retomada la suspensión de su condena por incumplimiento de los términos de su libertad condicional.

El ingreso en la cárcel y su posterior huelga de hambre, que acaba de finalizar, ha provocado manifestaciones en varias ciudades rusas y centenares de detenidos.

Derechos Humanos

Amnistía Internacional ha denunciado el deterioro de la crisis de los derechos humanos en Rusia a raíz de este último episodio, aunque revocó el estatus de Navalny como “preso de conciencia” hace unas semanas por unos comentarios xenófobos y antiinmigración realizados hace quince años que constituirían, a juicio de la ONG, un discurso de odio.

Sin embargo, sigue pidiendo su liberación tras una detención que considera injusta. Las estadísticas del año 2020 sitúan a Rusia como el Estado más condenado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con 173 sentencias condenatorias sobre un total de 762 para el conjunto de los 47 Estados miembros.

Sus relaciones con el Consejo de Europa han sido complejas, especialmente a raíz de la anexión de Crimea, razón por la que fue desposeída de sus derechos de voto y representación, y estuvo al borde la retirada de la organización internacional de carácter regional.

Además, el compromiso de Rusia con los tratados internacionales ratificados, así como con las decisiones de las instituciones supranacionales, parece diluirse tras la afirmación de Putin a la Asamblea Federal de que no se aplicarán si son contrarios a la Constitución, recientemente reformada para garantizar su permanencia en el Kremlin.

Este hecho supone una clara vulneración del artículo 27 de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho de los tratados según el cual “una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”, así como el artículo 26 consagrado al cumplimiento de buena fe de los tratados (Pacta sunt servanda).

Diplomacia, cooperación y sanciones

El caso Navalny se ha traducido en el enésimo desencuentro diplomático entre la UE y Rusia, con Estados Unidos como tercer vértice del triángulo. La aplicación de sanciones y contramedidas cruzadas desde la crisis de Ucrania impiden cualquier tipo de negociación política o el restablecimiento de ámbitos de cooperación.

Además, el paquete de medidas restrictivas se ha ampliado en el mes de marzo por el caso Navalny. La escenificación del momento por el que atraviesan las relaciones bilaterales entre Rusia y la UE tuvo lugar durante el reciente encuentro entre el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y el Alto Representante de la UE, Josep Borrell.

Cualquier cuestión que afecta a Navalny se considera una injerencia en los asuntos internos de la Federación, como se ha demostrado después de la petición del TEDH de la aplicación de una medida provisional, en virtud del artículo 39 del reglamento del Tribunal, en la que se solicitaba su puesta en libertad, que fue considerada ilegal y una intromisión por el ministro de Justicia ruso Chuychenko.

Las consecuencias de las protestas realizadas estos días en Rusia empiezan a recordar lo acontecido en Bielorrusia después de las últimas elecciones presidenciales. Es decir, la práctica cada vez más extendida de acciones que caracterizan a una potencia refractaria al Derecho internacional, y que no puede justificarse permanentemente en dobles raseros interpretativos de las normas, aunque indudablemente se hayan producido en la comunidad internacional.

José Ángel López Jiménez ne travaille pas, ne conseille pas, ne possède pas de parts, ne reçoit pas de fonds d’une organisation qui pourrait tirer profit de cet article, et n’a déclaré aucune autre affiliation que son organisme de recherche.

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