El autoconocimiento es clave para superar problemas y no incurrir en viejos errores. Esto se puede aprender de muchas formas, algunas traumáticas y dolorosas. Otras son más amenas y dulces: La literatura, el cine, el arte nos enseñan también aquello en lo que no debemos incurrir. Un tratado de Derecho público de mil páginas no describe mejor nuestro sistema que unos minutos de “Bienvenido, Mister Marshall”, el clásico (1953) de Luis García Berlanga.
La imagen de Pepe Isbert asomado al balcón del Ayuntamiento de Villar del Rio diciendo aquello de “como Alcalde vuestro que soy, os debo una explicación, y esta explicación que os debo, os la voy a pagar…” es una de las descripciones más lúcidas en modo surrealista de la política española. Manolo Morán toma la palabra a continuación y dice: “La explicación es innecesaria, porque vosotros sois inteligentes y despejados y, sobre todo, y esta es la razón fundamental, sois nobles y bravos, y ningún otro pueblo de alrededor puede arrebataros el triunfo que os merecéis por vuestro coraje, orgullo del universo”.
Tantos años después, aquí estamos, en plena tercera ola de la pandemia y esperando un maná de Europa, conscientes muchos de que el gobernador de turno se lo regalará al pueblo que más y mejor se engalane, al gusto de quienes concedan los fondos.
De eso también habla la maravillosa película de Berlanga, tan entrañable como triste en su fondo, descriptivo de una manera de ser que ha cambiado algo, pero quizás no lo suficiente.
Hasta aquí la parte lírica de mi texto. Ahora viene lo árido, pero es que además de filosofar también hay que vivir.
La inyección de fondos europeos
La aprobación del Real Decreto-Ley sobre el instrumento de recuperación y resiliencia, dedicado también a la modernización de la Administración pública, ofrece el diseño institucional para la gestión de los 140 000 millones de euros que España puede recibir en los próximos años para paliar la crisis económica provocada por la covid-19. Es un primer hito normativo al que seguirán muchos otros, abriendo paso a las inyecciones de fondos que necesitan las empresas.
Esta disposición tan necesaria avanza las preferencias de sus redactores por el protagonismo público y la centralización de las decisiones, al atribuir la gestión a organismos públicos estatales (agencias). Así, se descartan otras alternativas posibles, basadas en la iniciativa privada o en el papel de los gobiernos locales y autonómicos.
La Constitución española reconoce en paridad la iniciativa privada y la pública, pero no es favorable a la tendencia nacionalizadora. También garantiza las competencias de los niveles regionales y municipales de gobierno. El artículo 131, sobre la planificación, prevé la participación de los agentes sociales y los gobiernos territoriales.
¿Podrá la Administración central canalizar tantos recursos de forma ágil, efectiva, sin menoscabar los necesarios controles y acertando en sus destinos inteligentes (transición ecológica, transformación digital, sanidad, etc.)?
La resurrección de las agencias se define como el medio apropiado para lograrlo, pero esa recreación de estructuras consumirá tanto tiempo que habría que valorar mejor si es la vía idónea.
Como explico en mi último libro, una utilización de las administraciones territoriales puede ser más rápida y eficiente para la ejecución, acercando a pie de obra además la definición de los proyectos. El Consejo de Ministros tiene una visión de España panorámica, sin duda, pero los problemas y necesidades de cada territorio son mejor conocidos por quienes administran sus intereses y rinden cuentan a las personas en el nivel más próximo.
El énfasis en lo público, por otro lado, denota una lectura reciente y demasiado convencida de la obra “El Estado emprendedor”, de Mariana Mazzucato, destacada economista. Las tesis de este influyente libro no están desencaminadas, pero se escoran en exceso hacia una visión que obvia el papel de las grandes empresas tractoras y las pymes en la recuperación económica. Europa siempre ha dependido de ambas fortalezas: lo privado y lo público. Un equilibro inadecuado de ambas frustrará las expectativas de futuro.
La urgencia de transformar la Administración pública
El Real Decreto-Ley acierta, sin embargo, en su mensaje sobre la imprescindible transformación de la Administración pública. Este cambio cultural será muy difícil de realizar, dados los tiempos de tramitación de los procedimientos administrativos en España.
Los meses consumidos para cada decisión agotan la paciencia de quienes esperan, desesperan y ven sus expectativas perjudicadas por los retrasos en plena emergencia. Una modificación más audaz de las reglas de responsabilidad por demoras temporales parece en estas condiciones imprescindible.
Tras esta norma, vendrán muchas otras, un sinfín de reglamentos, convocatorias, procedimientos, solicitudes y concesiones para su realización. Ojalá el final de todo esto no sea como la inolvidable secuencia rodada por Berlanga, cuando pasan los coches de largo y no dejan nada tras de sí, salvo un pueblo frustrado en su esperanza, ávido de ayuda y olvidado por los más poderosos.
Ricardo Rivero Ortega ha dirigido la obra Modernización de la Administración pública para la ejecución del plan de recuperación, transformación y resiliencia (Ratio Legis, Salamanca, 2021).
Ricardo Rivero Ortega no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.
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